La entrega del informe final de la CONADEP: el titular de la comisión,
Ernesto Sabato, le entrega al presidente Raúl Alfonsín el trabajo de la misma.
Por Alberto Amato
Aquello sí que fue política de shock y cero gradualismo. A cinco días de asumir la presidencia, después de una década de violencia en las calles, con el poder militar enseñoreado en la sociedad desde 1976, con una dictadura, la más brutal de las tantas que conoció el país, en retirada pero no inerme, ni indefensa, ni desarmada, el 15 de diciembre de 1983, hace cuarenta años, el flamante presidente Raúl Alfonsín decidió instrumentar el juicio a las tres primeras juntas militares del “Proceso de Reorganización Nacional”, a las que atribuía, con razón, la comisión de delitos de lesa humanidad, la implantación del terrorismo de Estado, que todavía no se llamaba así, y el asesinato de miles de personas que figuraban ya con un desdichado sustantivo adjetivado, “desaparecidos”: una sombra que también identificó a la Argentina en el resto del mundo.
