Una de las muchas imágenes que reveló TN y que se encuentran en poder del
Ministerio Público Fiscal. (Captura de video)
Nacionales - El 26 de febrero de este año, un jet privado de la empresa Royal Class, de Leonardo Scatturice -nuevo
dueño de Flybondi y enlace de Javier Milei con Trump y CPAC- habría ingresado a la Argentina con 10 valijas que no pasaron los controles de equipaje correspondientes. La causa que se abrió investiga las
irregularidades que se presentaron en la llegada y salida del avión, que indican un posible contrabando.
El vuelo privado arribó en el Aeroparque Jorge Newbery a la mañana del 26. En él viajaba Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.
El avión estuvo en la Argentina hasta el 5 de marzo, y se fue a París con la misma pasajera y tripulación. A ellos se sumó Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP que había arribado previamente en el aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.
Frente a las sospechas que surgieron a partir de este vuelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación preliminar y pidió todos los informes de PSA, Royal Class y Aduana. Además, la Justicia pidió los videos de aeroparque y declaraciones de funcionarios jerárquicos que intervinieron.
Las irregularidades que se encontraron se detallaron en un dictamen de 60 páginas, que también adjuntó las capturas de pantalla que demuestran que el avión llevaba 10 valijas, pero solo se declararon cinco. El contenido de ese informe fue revelado por TN en el programa ¿Y mañana qué?
Ni bien se conoció el ingreso del vuelo de la empresa Royal Class, el Ejecutivo fue consultado sobre las valijas que ingresaron sin control a la Argentina.
"Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, aseguró entonces Manuel Adorni, vocero presidencial, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
El dictamen de los fiscales
Según la hipótesis de los fiscales, los pasajeros del avión privado no habrían pasado por los controles de equipaje y solo habrían declarado la mitad de las valijas. Además, se estima que no hubo constancia de un control continuo de la aeronave mientras permaneció en el hangar de Aeroparque y que tampoco fue registrado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
También se detectaron inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajero, tanto en el vuelo de ingreso como en el de salida. Si bien se declaró que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, en realidad había partido desde Opa-locka, ambas ubicadas en Miami. Una situación similar ocurrió el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indicaba como destino Fort Lauderdale, el vuelo se dirigió a París, con una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias.
Aunque se estima que otros pasajeros que ingresaron al sector debieron pasar por el control de equipajes, el dictamen de fiscales indica que: “Mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje“.
“Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (...). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección“, agregó el documento, informó TN.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal tomó las grabaciones del hangar y expresó: “Se revelan filmaciones parciales con huecos temporales donde no es posible observar ni monitorear de manera continua el estado ni la posición de la aeronave durante el lapso comprendido entre su ‘sellado’”. La empresa de Scatturice había asegurado que nadie ingresó al avión durante su estadía de ocho días en el hangar privado de Royal Class.
Scatturice, empleador de la joven viajera de 32 años, está radicado en Miami y tiene un pasado ligado al espionaje. Arrieta y Scatturice fueron organizadores de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, de la que participó Javier Milei. Fue a través de la CPAC, en Estados Unidos, que Milei accedió al presidente Trump. Con la difusión del viaje de Arrieta salió a la luz el vínculo de Scatturice con el Gobierno. El empresario es ahora uno de los accionistas de Flybondi, una de las low-cost habilitadas en la Argentina.
De la investigación judicial participan el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Los fiscales presentaron en la causa un dictamen en el que consideran acreditado que no se controlaron las valijas.
En ese documento los fiscales afirmaron que de las diez valijas que llegaron al país solo fueron declaradas cinco y que ninguna fue debidamente controlada.
Los fiscales dijeron: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje".
Arrieta llegó a Aeroparque en un avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU. El plan de vuelo de la aeronave incluyó, después de siete días frenado en Aeroparque, a Francia como destino, con una escala en Tenerife. Ella, no obstante, declaró en Migraciones que su destino final era Estados Unidos.
Los fiscales advirtieron en su dictamen que “el análisis efectuado permitió identificar una serie de inconsistencias significativas, entre las que se destacan: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación que acredite la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado”.
Informe: TN, Perfil.com, LN, agencias y Agensur.info
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