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| Por Pablo Mendelevich |
Julio de 2025 no será recordado como un buen mes en la lucha anticasta que prometió Milei hace dos años antes de las presidenciales. Eso se debe a la confluencia de dos fenómenos inéditos: la embestida parlamentaria del jueves 10, que desafió con fuerza inesperada la hoja de ruta del Poder Ejecutivo, y el espectáculo, el último fin de semana, del cierre de listas para las primeras elecciones bonaerenses desdobladas de la historia, una tomografía del estado regresivo de la política en su conjunto, incluido el oficialismo que decía venir a sanearla.
A la embestida conviene llamarla parlamentaria y no opositora debido a que allí radica la novedad: sin el aporte de algunos diputados y senadores que antes solían votar con el gobierno -es decir, que tenían momentos oficialistas- no se hubieran armado las mayorías que permitieron sacar leyes divergentes capaces de encender alarmas entre quienes monitorean con celo la estabilidad política argentina. No sólo en Wall Street, también, quién sabe, en Bruselas, hasta en Shangai. Algo cambió en el país del líder de pelo endemoniado que ya salió dos veces en la tapa de la revista Time.
Esas leyes están en los escritorios de la Casa Rosada listas para ser vetadas, según lo prometió el Presidente, quien debe actuar antes del 4 de agosto. Si veta el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la emergencia en discapacidad va a estar en los seis vetos en un período de 20 meses de gobierno. Según el sitio Chequeado, Carlos Menem, el presidente más vetador que hubo, tuvo un promedio de 18,5 vetos por año.
El veto es un acto de naturaleza política, podría decirse discrecional. Pero debe recordarse que en la Constitución argentina (a diferencia de la estadounidense) está instituido desde 1994 el veto parcial, recurso que ahora podría darle a Milei cierto margen de maniobra. Una curiosidad: la palabra veto no figura en la Constitución. Se habla allí de proyectos “desechados” por el Poder Ejecutivo o por una o las dos cámaras.
La ley más punzante, la que incrementa todos los haberes previsionales en un 7,2 por ciento y lleva el bono extraordinario para jubilados de 70 mil a 110 mil pesos -una severa afectación de las cuentas públicas pero un magro beneficio en términos individuales- fue aprobada en Diputados casi con dos tercios, lo cual importa para estimar si podría o no triunfar en breve la “insistencia”, una potestad parlamentaria que se usó muchas veces en las últimas décadas, no sería nueva. En el Senado directamente no hubo votos en contra porque la minoría oficialista se ausentó al compás de la denuncia no demasiado robusta de que la sesión era ilegal. A los dos tercios (en Uruguay la insistencia es algo menos exigente: tres quintos) se los acostumbra a llamar mayoría agravada, adjetivo por demás categórico.
La que está agravada ahora es la situación política. Sobre todo por el hecho cierto de que esa mayoría inusual constituida en el Senado a instancias de la primera minoría, es decir del kirchnerismo regenteado desde la casa-prisión por Cristina Kirchner, amenaza con torcerle el brazo al gobierno libertario mediante la imposición de una causa noble como lo es el mejoramiento del ingreso de los jubilados. Profanar causas nobles, como se sabe, es la especialidad kirchnerista por excelencia, conducta esta vez agravada -de nuevo, perdón- porque la líder presa, que como expresidenta sostiene una heroica lucha judicial para poder seguir percibiendo una jubilación de privilegio obscena, es quien como presidenta vetó en 2010 la ley del 82 por ciento móvil que beneficiaba a cinco millones de jubilados.
Debido a un volumen de la bancada kirchnerista que no condice con los humores del electorado, el problema principal para el gobierno está en la Cámara alta. El abogado más experimentado que existe en cuestiones senatoriales, Eduardo Menem, quien fue senador nacional durante 22 años seguidos, diez y medio de los cuales ejerció la presidencia provisional del Senado (y además condujo la Convención Constituyente), dijo hace poco en una entrevista con Jorge Fontevecchia que en su opinión la autoconvocatoria que hizo la oposición a la polémica sesión del jueves 10 sienta un peligroso precedente porque saltea a las autoridades de la cámara. Advirtió que la convalidación de la autoconvocatoria podría hacer que se repita.
En ese marco sucedió que la pelea de Milei con Victoria Villarruel alcanzó el punto de no retorno, otro acontecimiento sobresaliente de este mes. Una “guerra de los Roses” que desencadenó infinitas especulaciones sobre los sueños políticos de Villarruel pero que no arrimó ninguna precisión acerca de cómo evitará el gobierno que en los próximos dos o tres meses le vuelva a pasar lo que le pasó el jueves 10. Para el 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores, sigue faltando un siglo.
Hay quienes interpretan que las mayorías parlamentarias desafiantes referidas a asuntos sensibles (en la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad las mayorías superaron los dos tercios en ambas cámaras), afectan la gobernabilidad. Muchos constitucionalistas creen, en cambio, que el juego de ida y vuelta entre el presidente y el Congreso fue previsto por los constituyentes y no tiene por qué representar riesgo institucional alguno.
Los constituyentes pensaban que también a la sociedad le toca algún papel en el control de las discrepancias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la formación de las leyes. Por eso, al tratar el formato litigioso y reglamentar las soluciones metieron a la prensa. Claro, no podían imaginarse en 1853 que 172 años después habría un presidente volcánico, malhablado, que instigaría día por medio a odiar a los periodistas y repetiría sin descansar que el 90 por ciento de ellos, de los periodistas, son “basuras”. Lo que equivale, por si no está claro, a aborrecer a la prensa, sujeto constitucional.
El artículo 83° exige que en caso de insistencia las votaciones en ambas cámaras deberán ser nominales “y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa”. Es casi seguro que habrá vetos -no se sabe si serán tres o menos ni si habrá vetos parciales-, pero se ignora si habrá insistencias. Y ahí está la cuestión.
El gobierno venía sorteando con relativo éxito su congénita minusvalía parlamentaria gracias a negociaciones políticas que estaban más amparadas por la persistencia de un apoyo popular superior al 50 por ciento que por la destreza de los alfiles de Milei para hacer acuerdos.
El precario sistema de construir mayorías ley por ley se basaba en buena medida de la relación del gobierno central con los gobernadores dada la influencia que estos tienen sobre un número importante de senadores y diputados. Un buen día, aunque no un día cualquiera, la relación con los gobernadores se fue al demonio. En realidad el resquebrajamiento sucedió de a poco, pero quedó expuesto a cielo abierto el Día de la Independencia. Casi todos los gobernadores le hicieron la noche anterior el vacío al presidente, quien los había convocado a encontrarse de nuevo en la Casa de Tucumán para una vigilia. El año pasado 18 de los 24 gobernadores habían firmado allí el Pacto de Mayo (bueno, tal vez debieron haberlo rebautizado Pacto de Julio).
El problema no sólo consistió en que el gobierno central retaceó los fondos que redistribuye, sino que cuando empezaron los armados electorales en las provincias la Casa Rosada creyó oportuno desembarcar en cada comarca con el método vamos por todo versión libertaria.
Este es el rompecabezas que Milei necesita volver a armar para llegar sin angustias al 10 de diciembre. Aunque las elecciones de octubre van a aliviar al gobierno -eso casi nadie lo pone en duda-, el gobierno hoy todavía se las tiene que arreglar con la actualización parlamentaria producida por la elección de 2023 que ganó Sergio Massa. Massa sacó 36,68 por ciento, 6,69 puntos porcentuales más que Milei.
Pero sobre llovido, mojado. El cierre de listas para las elecciones bonaerenses tal vez hizo acordar a esos narradores que delante de la imagen de un campo sembrado de girasoles explican: “lo que estamos viendo es un campo sembrado de girasoles”. Para que todo el mundo supiera que el trámite era oscuro no hacía falta cortar la luz de la Junta Electoral donde el peronismo negociaba de manera caótica y contra reloj el reparto de los lugares en las listas. Les faltó tiempo pero les sobró elocuencia: la política, cuyos profesionales aspiran a desempeñar la majestuosa tarea de elaborar las leyes de la provincia más grande del país, es incapaz de respetar el plazo de cierre de candidaturas establecido hace tres meses y medio. La prórroga obtenida, que extendió el cierre del sábado al lunes, en los hechos significó un privilegio para el partido oficial en desmedro de los competidores.
Pero sería injusto decir que la desorganización comenzó el sábado. El propio gobernador había confesado ya su impotencia para anular las PASO, lo que le costó muchísimo conseguir, y, lo peor, no logró convencer hasta último momento al resto del peronismo de que no daría marcha atrás con el desdoblamiento de las elecciones. Como de costumbre, lo institucional se supeditó al desarrollo de la interna peronista, nunca al revés. Para mejor, al anunciar el 7 de abril que las elecciones serán el 7 de septiembre, Axel Kicillof había dicho que él garantizaba personalmente “un calendario electoral serio”.
La ausencia de organicidad partidaria y de líderes con autoridad y predicamento, sin embargo, no fue exclusividad del peronismo. La disputa desatada dentro de La Libertad Avanza parece espejar la virulencia del relacionamiento de la fórmula presidencial. ¿Será que las PASO conseguían organizar al menos en parte las internas? Lo que no conseguían era impedir las fraudulentas candidaturas testimoniales, que ahora volvieron como en 2009 de la mano de Daniel Scioli y de Massa, casualmente el año en el que las PASO fueron establecidas.
© La Nación
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