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| Fuertes críticas a la ley impulsada por Rafael Correa contra la prensa. |
Asociaciones de periodistas y de medios de prensa, así como
organismos de derechos humanos, coincidieron en calificar como un grave
retroceso para la región en materia de libertad de expresión la nueva Ley de
Comunicación de Ecuador.
A las críticas que la ley aprobada por mayoría absoluta por
la Asamblea Nacional de Ecuador ha despertado en la oposición ecuatoriana, la
Unión Nacional de Periodistas de Ecuador y la ONG Fundamedios se sumaron a
organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
y el Comité para la Protección de los Periodistas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, dijo que con la aprobación
de esta ley "liberticida" se produce uno de los "retrocesos más
graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América
Latina". Manifestó su preocupación por dos aspectos, la tipificación como
delito del "linchamiento mediático" y la creación de un Consejo de
Regulación de Medios.
El diario español El País en un titular señala que
"Correa crea el delito de “linchamiento mediático” para controlar a la
prensa", por la ley de comunicación aprobada la mañana del viernes en la
Asamblea Nacional de Ecuador.
El matutino indica que los artículos más controvertidos de
la Ley de Comunicación son el 26 y el 55. En el cual señala que: el primero,
según consta en el archivo final de la ley, crea el delito de “linchamiento
mediático”. Esta figura queda definida como la “difusión de información que, de
manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y
publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el
propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su
credibilidad pública”.
El diario español también cita a Mary Verduga, diputada de
Alianza PAIS, en el cual señala que con este delito se pretende evitar que los
periodistas afecten la dignidad de las personas. El paradigma que esgrime el
Gobierno es el caso de María Augusta Calle, diputada de su partido, que sufrió
un “linchamiento mediático” —palabras del propio Correa— por parte de la
“prensa mercantilista”, que la acusó de vínculos con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además resume que la pena por este delito es pedir disculpas
“en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio,
programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al
prestigio o la credibilidad de las personas afectadas”, dice la ley. Esto, “sin
perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de
delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral”.
La ley también prevé la creación de una Superintendencia de
la Información y Comunicación. Esta funcionará como un “organismo técnico de
vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionadora, de
administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias
atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y
Comunicación”.
El encargado de esta cartera es nombrado por un consejo
asesor entre candidatos presentados por el presidente. No solo podrá aplicar
las sanciones a los medios de comunicación, sino también “requerir a los
ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación información
sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones”.
La opinión de la oposición la resumió el asambleísta Andrés
Páez, que escribió en Twitter: “Hoy en la Asamblea Nacional se firma el acta de
defunción de la libertad de expresión. Vamos camino a la consolidación de un
régimen fascista”.
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