viernes, 25 de febrero de 2022

El efecto Putin en la Argentina


Por Fernando Laborda

Después del garrafal error que, en medio de las negociaciones con el FMI, cometió semanas atrás Alberto Fernández cuando, durante su visita a Vladimir Putin en Moscú, cuestionó a los Estados Unidos y sostuvo que la Argentina podía ser la “puerta de entrada” para Rusia a América Latina, la Cancillería pareció ofrecer una señal diferente.

En la mañana de ayer, cuando los principales países del mundo ya habían condenado las operaciones bélicas de Rusia en territorio ucraniano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, emitió una declaración en la que llamó “a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania”, luego de señalar que “las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”. Incluso el presidente Alberto Fernández, en la red social Twitter, afirmó, en horas de la tarde: “Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo”, tras lamentar “la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania”. Si bien en ambas declaraciones se menciona a Rusia, hubo un particular cuidado en no hablar de “invasión” o de expresar una “condena enérgica”, como seguramente hubiera correspondido.

Llamativamente, anoche se conoció una declaración firmada por las embajadas de los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y el Reino Unido en la Argentina en la que se consigna que “todos los países con voluntad democrática deben exigir a Rusia el cese de esta agresión, que supone una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos universalmente reconocidos”. Pero el párrafo revelador de ese mensaje es el que expresa: “Destacamos la importancia de que la Argentina, como presidencia del Consejo de Derechos Humanos, continúe defendiendo los derechos humanos y los principios consagrados en la carta de Naciones Unidas, en particular la defensa de la integridad territorial de Ucrania y el rechazo al uso de la fuerza”.

Habrá quienes querrán ver en esta última declaración un reconocimiento a la Argentina y quienes la considerarán una advertencia en reclamo de una posición menos ambigua por parte del gobierno de Alberto Fernández, quien, al igual que la vicepresidenta Cristina Kirchner, se ha declarado un amigo de Putin, al tiempo que no pocos representantes de la coalición oficialista acostumbran renegar de la posición occidental de la Argentina.

Según fuentes diplomáticas, aquel párrafo del comunicado de las embajadas no debería ser interpretado como una felicitación, sino como un aliento a la Argentina para que ratifique como presidente del órgano rector de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas su rechazo a las hostilidades rusas en Ucrania. Podría interpretarse, en definitiva, como una expresión de deseos de que la Argentina muestre firmeza cuando haya que condenar al régimen de Putin en ese organismo mundial.

El documento es llamativo, por cuanto prácticamente no existen antecedentes de comunicaciones conjuntas de esta clase, emitidas por representantes de los cuerpos diplomáticos de un número tan grande de países en la Argentina. Lo cierto es que, cuando se convocó al encuentro de los embajadores, cundía entre representantes de la Unión Europea no poca inquietud por la ambigua posición argentina, casi afín a los intereses de Putin, que se había manifestado hasta antes de ayer. Algunos embajadores abogaron en las primeras horas de ayer por emitir una declaración más fuerte hacia la Argentina, pero el comunicado dado a conocer por la Cancillería, cerca de las 10 de la mañana, modificó esa postura original.

La declaración de la Cancillería, que se animó por primera vez a pedirle a Rusia que deponga su actitud beligerante, permite advertir un giro en materia de política exterior, como cuando una semana atrás la Argentina modificó su posición en la Organización de Estados Americanos (OEA) y condenó al régimen nicaragüense de Daniel Ortega por la muerte del preso político Hugo Torres, acompañando la posición de los Estados Unidos.

Es probable que ese giro obedezca a la necesidad del apoyo político que el gobierno argentino precisa de otros países, encabezados por Estados Unidos, en su ardua negociación con el FMI tendiente a refinanciar la deuda de unos 44.000 millones de dólares con ese organismo.

Se produjo en momentos en que las gestiones con el FMI amenazaban con empantanarse ante las diferencias surgidas respecto del aumento que deberían experimentar las tarifas de energía para reducir los subsidios del Estado y el déficit fiscal en la medida que el organismo financiero espera.

Los técnicos del FMI pretenden que la suba de las tarifas de luz y gas ronde el 60%, a fin de que el Estado pueda reducir o al menos no incrementar el peso de los subsidios energéticos dentro del PBI. Los sectores cristinistas abogan por un alza que no supere el 20%.

Si bien es factible que se partan esas diferencias, como buscaría el ministro de Economía, Martín Guzmán, el conflicto internacional en Ucrania podría agravar las cosas. La pregunta es a cuánto debería ser llevado el ajuste en las tarifas para compensar el crecimiento que experimentarán los costos por la importación de gas tras la invasión rusa.

Tal interrogante surge del hecho de que, si bien la Argentina podría beneficiarse por el incremento del precio de los cereales y oleginosas derivado del conflicto bélico y de la consecuente merma de su oferta, también sufriría los crecientes costos de la importación de energía.

“El aumento en el precio de nuestras exportaciones primarias puede ser un factor positivo, aunque el menor crecimiento de la economía mundial conspirará contra el resto de nuestras ventas al exterior, y deberemos hacer frente a un abultamiento de la factura por las importaciones de energía”, afirma el economista Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y extitular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según sus proyecciones, tras el inicio de las acciones bélicas rusas en Ucrania, la estimación de un aumento del 4,4% del PBI global que hizo el FMI para 2022 deberá ser revisada a la baja y la magnitud de esa disminución dependerá de la intensidad y duración del conflicto.

Para el economista Luis Argüero, no debería haber para la Argentina un impacto fuerte por las sanciones internacionales al comercio de mercancías o a empresas de origen ruso, por cuanto solo el 1% de las exportaciones de nuestro país tiene como destino Rusia, al tiempo que hay pocas inversiones rusas en la Argentina.

Paralelamente, como Europa limitará sus importaciones de energía desde Rusia –que hoy provee el 40% del gas que consumen los europeos–, el Viejo Continente requerirá buscar otros mercados como proveedores. De allí el potencial que podría tener la Argentina como opción para suplir parte de esa futura demanda de Europa. La triste realidad es que, si bien la Argentina cuenta con grandes reservas energéticas, las desacertadas políticas y la falta de inversiones la han convertido en importador de energía.

© La Nación

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