Por Fernando Laborda
Como esos jugadores o directores técnicos de nuestro fútbol acostumbrados permanentemente a quejarse de los arbitrajes, Cristina Kirchner arrancó su declaración
ante el Tribunal Oral Federal N°2 criticando a los jueces: "Siempre me tocan Ercolini y Bonadio. Siempre me tocan los que me van a condenar", afirmó, sugiriendo que detrás de los sorteos de los
magistrados hubiera una mano negra.
No opinaba lo mismo cuando, en otros tiempos, le tocó en suerte el juez Norberto Oyarbide, quien en 2009 sobreseyó al matrimonio Kirchner en tiempo récord frente a una
acusación de enriquecimiento ilícito.
La declaración indagatoria de la expresidenta se transformó en un discurso político en el que no admitió preguntas. Fue un prolongado monólogo en el
cual insistió en que es víctima del "lawfare", una persecución "de manual" de la que responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación, a quienes
acusó de "demonizar un proyecto de país con causas judiciales". Afirmó que "se investiga y se condena por los medios de comunicación", para concluir que los magistrados "solo
ponen la firma".
Durante su relato, la futura vicepresidenta de la Nación se cansó de faltarles el respeto a los integrantes del tribunal, de quienes dijo que ya tenían la sentencia
escrita. Su mensaje, intimidatorio, por cierto, fue que la historia ya la absolvió a ella y que a quienes juzgará será a los propios magistrados. Como broche de oro, cuando estos le insistieron en que
aclarara si iba a contestar preguntas, la senadora respondió con otro desplante: "¿Preguntas? ¡Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo!".
Nada de esto sorprendió demasiado. La estrategia de victimización y de una supuesta persecución política, mediática y judicial fue muchas veces empleada,
tanto por Cristina Kirchner como por otros exfuncionarios kirchneristas a quienes se les imputan distintos delitos. Lo verdaderamente inesperado llegó cuando la expresidenta, de pronto, al ampararse en el principio
de la delegación administrativa, recurrió al propio presidente electo, Alberto Fernández, como su gran escudo.
Aclaró, en primer lugar, que no haría una defensa técnica, porque ya la había hecho el exadministrador de Vialidad Nacional durante los 12 años de
gestión kirchnerista, Nelson Periotti, que está procesado en la causa. Periotti fue intendente de Río Turbio, diputado santacruceño por el kirchnerismo y director provincial de Vialidad, antes de
aterrizar en la Dirección Nacional de Vialidad en 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. Al prestar declaración indagatoria, este exfuncionario había asegurado que jamás
incurrió en ninguna conducta irregular, que jamás pretendió beneficiar a Lázaro Báez ni a su supuesto grupo empresario para garantizarle un lucro indebido a costa del patrimonio del Estado,
que nunca supo nada de sobreprecios ni de direccionamiento de licitaciones y que nunca hizo prevalecer el "interés personal" de los expresidentes (Néstor y Cristina Kirchner) ni de ninguna otra persona.
Se puede entender que, en su declaración, la exjefa del Estado acusada de liderar una asociación ilícita exponga que no tiene por qué saber todo lo que se
resuelve en una Dirección Nacional, aunque parte de los fondos que obtenía Lázaro Báez de Vialidad terminaban alimentando los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner. Puede entenderse también
que la expresidenta esgrima, en su defensa, que Periotti haya declarado que, con sus decisiones, jamás buscó hacer prevalecer el interés personal de quienes, según la acusación, podían
ser sus jefes.
Pero no conforme con eso, Cristina Kirchner destacó que el responsable de la ejecución del presupuesto era el jefe de Gabinete. Y osó desafiar a los jueces de una
manera muy particular: "Van a tener un problema, porque van a tener que citar al presidente de la República", en referencia a Alberto Fernández, quien ocupó la jefatura de Gabinete entre 2003
y 2008.
Más que una simple ironía, la mención de Fernández por Cristina Kirchner puede encubrir un mensaje al Poder Judicial y al poder político. Estaría
sugiriendo que, si ella es condenada en esta causa, también debería ser condenado el entonces jefe de Gabinete, en tanto responsable de la ejecución presupuestaria.
Su osadía fue más allá, porque sentenció que si los jueces tuvieran que indagar a Alberto Fernández tendrían "un problema". ¿Cuál
sería ese problema, cuando en un Estado de Derecho hasta un presidente en ejercicio debe rendir cuentas de sus actos? De alguna manera, la exmandataria dio a entender que en la Argentina un presidente es un ser intocable
por el simple hecho de haber sido favorecido por el voto popular para el más importante cargo gubernamental. En otras palabras, que goza de impunidad ante cualquier juez.
La salida de Cristina, sugiriendo que le pregunten a Alberto, ata la suerte de uno a la del otro. Indica que, si ella es culpable, el futuro presidente también lo sería.
Y si Fernández fuese tan inocente que ni siquiera es llamado a declarar, ella también tendría que serlo.
Se dice que la mejor defensa es un buen ataque. El tiempo dirá si la estrategia de Cristina Kirchner de no defenderse técnicamente y de lanzar una amenaza a los jueces
e involucrar al presidente electo será lo mejor para ella. Para la República, para las instituciones y para la propia investidura de quien en pocos días más asumirá la vicepresidencia de
la Nación, definitivamente dista de ser bueno.
© La Nación
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