jueves, 6 de julio de 2017

Los fueros, ese privilegio que disfruta el kirchnerismo


Por Claudio Jacquelin

La igualdad ante la ley es un principio constitucional y una de las bases del Estado moderno. Pero hay excepciones. O privilegios, que también prevé la Constitución. Es el caso de los fueros parlamentarios. Y, como ha demostrado durante 12 años en el poder, el kirchnerismo es un experto en el ejercicio de privilegios, más allá de su relato igualitario.

El súbito arranque de fervor legalista y constitucional de los dirigentes y legisladores kirchneristas, luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidió el desafuero y la detención Julio De Vido, hoy diputado y hasta hace 18 meses ministro vitalicio del kirchnerismo, no es contradictorio con sus antecedentes.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner ya se había hecho uso y abuso de este privilegio, que impide la detención de un legislador nacional sin previo desafuero, para poder tener de rehén y aliado decisivo a la hora de votar (o no votar) en el Senado a Carlos Menem, ya condenado en segunda instancia por el tráfico de armas a Ecuador durante la guerra entre ese país y Perú, en 1995.

A los pares y defensores de De Vido (y antes de Menem) no parece importarles demasiado la naturaleza de los delitos de los que se lo acusa y que en nada se relacionen con los motivos por los que cuales los fueros se incorporaron al derecho constitucional.

El espíritu normativo que la doctrina y la jurisprudencia reconocen es la protección de los miembros del Poder Legislativo, en su carácter de representantes del pueblo, para evitar abusos de los otros poderes y, sobre todo, para proteger su libertad absoluta de expresión en el ejercicio de su función.

La comisión de actos de corrupción, que ayer la misma cámara que integra De Vido votó para que sean imprescriptibles, no entraba obviamente entre los "derechos" a proteger por quienes pensaron e incluyeron la institución de los fueros en la Constitución.

En cambio, habría que ser muy audaz (o excesivamente naif) para afirmar que la ley que reguló la disposición constitucional e incluyó la inmunidad domiciliaria no buscó darles protección a los legisladores más allá de las buenas razones originalmente previstas. La norma fue sancionada en medio del escándalo por las supuestas coimas a senadores durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Por esa ley, número 25.320, el allanamiento al domicilio de De Vido se demoró dos meses, hasta que el actual oficialismo logró los votos para que se autorizara a un juez a hacerlo, hace poco más de un año. No se necesitaba ser muy perspicaz para pronosticar que 60 días después de que lo decidiera el magistrado no encontraría nada de lo que presumía que podía encontrar.

La privilegiada relación del ex ministro de Planificación con el matrimonio presidencial y su vínculo con los negocios desde los orígenes del kirchnerismo parecen no requerir demasiadas explicaciones para entender por qué todo ese espacio político salió cerradamente en su defensa y volvió a denunciar una supuesta persecución política.

La voz que no se hizo escuchar ni leer en las redes sociales llamativamente ha sido la de su jefa, Cristina Kirchner. La campaña electoral y el flamante perfil herbívoro con el que ha decidido mostrarse parecen ser suficiente motivo para ejercer otro derecho (o privilegio). El del silencio. Como abogada exitosa sabe que lo que diga puede ser usado en su contra.

© La Nación

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