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| Por Gabriel Profiti |
Para el grupo de ministros y funcionarios de primera línea
que desayuna periódicamente cerca del despacho de Mauricio Macri, con planillas
de datos e información recién horneada, la inflación ya entró en el camino
descendente esperado y el nuevo desafío a enfrentar, en parte como coletazo del
anterior, es la recesión.
El tarifazo en los servicios públicos, su impacto en el
consumo, la menor demanda de Brasil en un contexto del comercio mundial en baja
y la paralización de las obras públicas, entre otras razones, provocaron una
contracción en la economía que impacta a amplios sectores de la sociedad.
Por ejemplo, la producción industrial de abril registró una
fuerte caída del 5,4% en comparación con igual mes de 2015 y cerró el primer
cuatrimestre con un retroceso del 2,3%, indicó el informe mensual que elabora
la Unión Industrial Argentina (UIA).
Es cierto que los motivos no fueron únicamente la menor
actividad económica, porque las lluvias inusuales de abril influyeron de forma
estacional, pero el informe subrayó "la menor actividad general y consumo
de bienes industriales, en un marco de tasas de interés elevadas y costos
productivos crecientes".
De acuerdo con las últimas perspectivas del Banco Mundial,
la economía argentina caerá 0,5% este año y repuntará a un ritmo de 3% en 2017
y 2018, que consideró que las reformas de política macroeconómica apuntan a un
crecimiento sustentable.
Esos datos obligaron a los funcionarios a posponer el
pronóstico de que las consecuencias favorables del nuevo modelo comenzarán a
verse en el "segundo semestre" de este año, aunque conservan la
previsión de que el último trimestre revertirá la tendencia a la baja de la
actividad.
No obstante, en medio de versiones sobre posibles brotes de
descontento social con incentivo kirchnerista en el Conurbano bonaerense y con
el 2017 electoral en el horizonte, Mauricio Macri busca galvanizarse
políticamente y dar impulso a una economía en problemas.
"La recesión es la palabra que más se repite ahora. Se
van a ejecutar todas las obras públicas que están presupuestadas, pero al mismo
tiempo hay que bajar las tasas", reflexionó un funcionario de alto nivel.
En tanto, un ministro con peso en el Gabinete advierte que las tasas de interés
deben acompañar, más temprano que tarde, la perspectiva de una inflación
decreciente.
Las miradas apuntan al Banco Central, a cargo de Federico
Sturzenegger. Hay una suerte de clamor oficial para que finalmente baje
sustancialmente las referencias de la autoridad monetaria -lo hizo
consecutivamente pero en porcentajes bajos- para que permitan alentar la
actividad económica.
Sturzenegger y el gobierno también deben lidiar con una
revaluación del peso a partir de un ingreso sustancial de dólares por la
liquidación de exportaciones de soja, la colocación de bonos de Nación y
provincias, y las altas tasas de las Lebacs del BCRA que incentivaron la opción
financiera de inversores. Este proceso podría acentuarse con el blanqueo de
capitales puesto a consideración del Congreso.
Ese fortalecimiento de la moneda nacional vuelve menos
competitiva a la economía y desalienta las inversiones extranjeras. Pero al
mismo tiempo un repunte del billete estadounidense agitaría nuevamente a los
precios.
En ese contexto, la reducción del déficit fiscal proyectada
para este año comienza a quedar en segundo plano (del 7% al 4,8% del PBI) y se
entienden las medidas de incentivo al consumo que comenzó a tomar el Gobierno
como la reforma jubilatoria, las asignaciones o reembolsos para determinados
sectores o la última exención del pago de ganancias del aguinaldo.
Pulseada política
El perdón de ganancias para el aguinaldo surgió de una
intensa negociación entre los operadores del oficialismo, el Frente Renovador
de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Diego Bossio para avanzar en el
proyecto de ley ómnibus que incluye el pago de deudas a jubilados, el blanqueo
de capitales y un acuerdo Nación Provincias por la Coparticipación entre otros
puntos.
Finalmente, con múltiples cambios, el proyecto obtuvo un
dictamen de mayoría de esos tres componentes mientras que el kirchnerismo
emitió un dictamen propio. Ese mismo día, la ex presidenta Cristina Kirchner
había fijado una durísima posición en contra del proyecto. Sus diputados fueron
más contemplativos.
Lo cierto es que los negociadores del oficialismo están
agotados. La composición del Congreso los obliga a sudar la gota gorda para
avanzar con cada ley.
La próxima batalla está prevista para el miércoles próximo
en el Senado, donde el oficialismo buscará aprobar con dos tercios de los
presentes los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte
Suprema de Justicia.
El ministro del Interior y operador del Gobierno en estas
lides, Rogelio Frigerio, ya se garantizó el apoyo del presidente de la bancada
del FPV, Miguel Pichetto, pero hasta el último día de la semana previa le
faltaban cuatro votos.
En ese marco, Frigerio buscaba encaminar una negociación con
cuatro senadoras que quieren imponer a otra mujer en el máximo tribunal entre
las que se encuentran María Laura Leguizamón (FPV) y Magdalena Odarda (CC-ARI).
La propuesta es que voten a los candidatos del Gobierno con la promesa de
habilitar una ampliación del tribunal a siete jueces y que los próximos amplíen
el cupo femenino, hoy solo representado por Elena Highton.
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