martes, 23 de septiembre de 2014

Investigan a empresas beneficiadas por Fútbol para Todos

La jueza Servini de Cubría puso la mira en el supuesto desvío de fondos 
por contrataciones directas del Gobierno y la AFA.

La Justicia investiga desvío de
fondos en Fútbol para Todos.
JudicialesLa jueza federal María Servini de Cubría investigará el supuesto desvío de fondos para beneficiar a empresas relacionadas con el programa “Fútbol para Todos”, en el que el Gobierno gastó el año pasado más de 1.500 millones de pesos. En agosto, Servini de Cubría hizo allanar la sed de la AFA para buscar documentación  del contrato entre esa entidad y el Gobierno. Esta causa podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo.

La investigación por el desvío de fondos en el “Fútbol para Todos” dio dos pasos claves para determinar las irregularidades del Gobierno nacional y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el manejo de un programa que el año pasado consumió más de 1.500 millones de pesos de las arcas públicas.

En principio, la legisladora porteña Graciela Ocaña, denunciante original de la causa, presentó una ampliación ante la jueza federal María Servini de Cubría, con el objetivo de que se investigue a las empresas favorecidas por las millonarias contrataciones directas del Gobierno y la AFA.

La denuncia original de la exministra de Salud -que sostiene que el Gobierno desembolsó unos 6 mil millones de pesos desde la creación del FPT- derivó el mes pasado en un ruidoso allanamiento en las oficinas de la AFA en la calle Viamonte, donde Servini buscó documentación relacionada con el contrato que une a la entidad y al Gobierno, el cual es un absoluto misterio.

Esta causa preocupa y mucho al Gobierno, y podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del kirchnerismo. El fiscal Eduardo Taiano ya imputó al actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y sus antecesores Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina. Pero también mancha a la plana mayor de La Cámpora ya que los fondos salen de la subsecretaría de Comunicación Pública, que hasta hace poco manejaba Rodrigo “Rodra” Rodríguez y ahora está a cargo de Hernán Reibel, que mientras tanto pasea en Nueva York.

Ahora, Ocaña quiere que se investigue a las empresas beneficiadas por las contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete: Farolito International Entertainment SA, La Corte SRL, VTS, Video 4, Wayson Producciones, Recordvisión SA y Prensa Satelital SA. Estas firmas y otras son contratadas para la “producción” de la televisación de los partidos, para los cuales se destinaron unos 600 millones.

La sospecha es que las contrataciones directas no están sustentadas en ningún criterio técnico, y el único objetivo es beneficiar a “amigos”, en algunos casos empresas creadas sólo para prenderse en este negocio.

La legisladora de Confianza Pública sostiene en la presentación -que se adjunta aparte- que el Gobierno "habría incumplido o dejado de lado los procedimientos de contratación establecidos para el Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión de los partidos, ya que habría contratado en forma directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del 'legitimo abono', por montos superiores a los doscientos millones de pesos".

"En los procesos licitatorios se habrían contratado servicios para captar imágenes por un número inferior a las necesidades reales, con el objetivo manifiesto de completarlas en forma irregular mediante contrataciones directas, cuando el camino legal hubiese sido la ampliación de la orden de compra original o proceder a un nuevo llamado a licitación pública", describe el texto.

"Ejemplo de lo expuesto es que se habrían realizado contrataciones directas 'por exclusividad', como en el caso del Farolito International Entertaiment S.A, alegando que son los 'únicos' que pueden realizar el servicio debido a su 'experiencia' y la inexistencia de sustitutos convenientes", agrega el texto. "Lo extraño es que la mencionada sociedad no tenía prácticamente antecedentes comerciales. Y su capital inicial era el mínimo requerido por la ley", continúa, dejando entrever que fue creada con el único fin de trabajar para Fútbol para Todos. Farolito es la encargada de contratar a periodistas, relatores y directores de cámaras.

"En el año 2009, el sector privado le pagaba a la AFA 241 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de primera y gastaba, por su parte, 26 millones en producción, lo que representa, aproximadamente, un 10 % del costo del contrato. Ahora que se hizo cargo el Estado Nacional, esos costos de producción han crecido exponencialmente", completa el texto.

Otro capítulo específico de la denuncia es sobre Santa Mónica S.A, una firma de largo vínculo con la AFA. Como agente comercial exclusivo de la entidad, la empresa maneja los millonarios contratos con los sponsors oficiales: Coca Cola, Adidas, Claro, Tarjeta Naranja, YPF, ICBC, VW y Sancor Seguros. Según Ocaña, Santa Mónica “recibe ingresos por once millones quinientos mil dólares y abona, a su vez, un canon anual a la AFA de cuatro millones de dólares”, haciéndose de un negocio espectacular.

Además, la legisladora sembró sospechas sobre el vínculo de la firma en la venta de los derechos de televisación, que antes pertenecían a una empresa de Clarín. "Esta empresa recibió en 2011 la suma de $ 968.000 por parte del Estado Nacional, por la adquisición de los derechos de TV del partido que el seleccionado jugó con Paraguay. No llegamos a comprender cómo es que esta empresa, que era agente comercial exclusivo de la selección, termina vendiendo los derechos de televisación que eran propiedad de Torneos y Competencias", dice Ocaña.

Las sospechas no terminan ahí y aparece el nombre de Lázaro Báez. Ocaña sostiene que "que uno de los presuntos socios de Santa Mónica, sería el titular de la empresa ALDYNE". "Jorge Antonio Galitis habría sido informado, a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de dinero emitido por las autoridades de la Isla de Seychelles, como beneficiario o 'beneficial owner' de esta firma que es considerada 'la empresa madre de la ruta del dinero K'".

"Como es de público y notorio conocimiento, ALDYNE y HUSTON MANAGEMENT, conjuntamente con otro grupo de empresas radicadas en el extranjero, son investigadas en el marco de la denominada causa 'BAEZ' o la 'ruta del dinero K' por la presunta comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito", concluye.

Casi en consonancia con la ampliación de la denuncia, la jueza Servini de Cubría le pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo controlado por La Cámpora, que entregue los legajos de las empresas La Corte, VTS y Farolito Internacional. Además, la magistrada solicitó a Iveco que aporte los contratos que tiene con el Gobierno y la AFA para auspiciar Fútbol para Todos.

La Corte es una vieja beneficiaria de los contratos del Gobierno. Propiedad de los hermanos Daniel y Pablo Monzoncillo, la empresa siempre fue vinculada al ex secretario de Medios Miguel Núñez y tiene a su cargo la trasmisión de todos los actos del Poder Ejecutivo. Desde 2009, además, se quedó con la televisación de los partidos de la primera división, aún cuando no tenía ningún antecedente en espectáculos deportivos.

El año pasado, Capitanich hizo un tímido intento para auditar sus contratos, pero no pasó de idea. El jefe de gabinete también pensó en correr a La Corte de la televisación del fútbol para dársela a Ideas del Sur, de Marcelo Tinelli. Pero aún cuando todo parecía encaminado para que el conductor se haga cargo de la producción -luego dinamitado por orden de La Cámpora-, una de las condiciones que le impusieron a Coqui era que mantuviera un espacio para La Corte. El contrato de la firma con el Estado es secreto pero sería de nueve cifras.

Informe: LPO

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