Fuerte movida

Por J. Valeriano Colque (*)

Finalmente, Cristina Fernández concretó lo que había anunciado, enojada, el 27 de agosto de 2013, hace exactamente un año. Envía al Congreso un paquete legal para derogar la ley cerrojo y proponer cambios en los contratos de deuda para pagar localmente a los bonistas reestructurados.

Es el canje que habían recomendado los abogados estadounidenses de Argentina a principios de este año en un paper que se filtró en la prensa internacional. Como tal, esta fuerte movida está sometida a una serie de incógnitas que sólo los próximos meses develarán.

¿Será aceptado por los bonistas? Especialistas del mercado dan por sentado que residentes locales con bonos de jurisdicción y ley extranjera podrían entrar. Al fin y al cabo, los que están con jurisdicción y ley local han venido cobrando y ellos no. Un problema son fondos institucionales externos que, por ley, tienen prohibido aceptar extrajurisdicciones. Podrían vender esos títulos a quien no tenga la restricción ¿A qué precio? El riesgo, es que el país se termine comprando una nueva generación de holdouts litigantes.

¿Creerán que Argentina será un buen pagador en plazos planteados en décadas? La Presidente dijo que el pago a través de un fideicomiso depositado en el Banco Central da la “certeza absoluta”. El historial argentino se ha llevado presas a las certezas absolutas hace rato.

¿Lo aceptarán los buitres? Difícil, apostaban anoche los conocedores. Por rechazar esta oferta es que fueron a juicio. ¿Se podrán direccionar los pagos? Imaginemos un bonista estadounidense. Acepta la propuesta. Tiene su dinero en Nación Fideicomiso. Le tienen que depositar la plata en su banco de Milwaukee. ¿El banco podrá procesar ese pago o la justicia de Griesa lo considerará colaboracionismo con quienes se burlan de sus fallos? Todo un tema. ¿Qué tasa de interés deberá pagar Argentina en el largo plazo? El desacato con la justicia de Estados Unidos podría entrar en la inmortalidad.

Salir de la urgencia ahora podría dejar ese costo extra vigente por décadas. Argentina solidificaría su fama mundial de defaulteadora como un dato más de su paisaje.

Una serie de eventos desafortunados

Al igual que la simpática película Una serie de eventos desafortunados, el gobierno de Cristina Kirchner pareció imitar la ficción con un conjunto de medidas desafortunadas que agravaron la crisis social y económica.

En un contexto de incertidumbre y en medio de la pelea con los fondos buitre, Axel Kicillof impuso una rebaja al 25,8 % en la tasa que paga el Banco Central para tomar dinero de los bancos. Resultado: las tasas al público oscilan entre 18 y 22 %, la mitad de la inflación esperada. Por ende, los ahorros se dispararon al dólar blue, que cerró en 13,20 pesos, una suba del 29,8 % en relación a enero. La inflación hace estragos en el poder de compra de asalariados y jubilados.

La Inflación Congreso fue de 39,7 % en los últimos 12 meses, en tanto la canasta que mide este diario subió 41,1 %;  según índice de la ciudad de Buenos Aires 44,9 %. Las mediciones privadas confirman una suba interanual de los precios en torno del 40 %.

Aunque con dispar impacto en los costos, los movimientos en torno del dólar siempre provocan el mismo resultado: paraliza decisiones de compra y venta, más aún de inversiones. Para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, la caída en la actividad llega al 20 %. Las terminales acusan una baja en la producción del 30 %, que se moderaría este semestre. En el primer semestre se perdieron empleos formales y crecieron las suspensiones.

En ese contexto, la Presidente amenazó con aplicar la ley antiterrorista a una empresa y avaló un proyecto para cambiar la Ley de Abastecimiento, que supondría en la práctica facultades para que el Estado fije precios máximos, mínimos y de referencia, canales de distribución, niveles de producción, además de la eventual expropiación de mercaderías. También podría establecer márgenes de utilidad. Nadie invertirá con ese proyecto. La extranjera es uno de los motores que se paró y dejó de alimentar las reservas del Banco Central, por debajo de los 29 mil millones de dólares. Y la baja en las exportaciones aporta menos divisas.

La demanda desde Brasil cayó porque el principal socio de la Argentina crecería este año menos del 1 %.

Dirigentes de la industria metalúrgica, que participaron en Brasilia de las discusiones del futuro régimen automotor, regresaron con un diagnóstico claro: Brasil sólo importa el 8 % de autopartes desde la Argentina, en tanto nuestro país trae desde allí el 46 % de las piezas importadas.

La soja–que este año fue récord–tendrá un precio desalentador para la próxima campaña, dadas las lluvias sobre el cinturón agrícola de Estados Unidos, que se encamina a una producción récord en la oleaginosa y en el maíz. Los menores ingresos para el fisco serían del orden de 2.000 millones de dólares. Menos divisas desde el exterior y un exceso de pesos en el mercado interno–el déficit de las cuentas nacionales llegó a 90 mil millones en el primer semestre–empujan la inflación y alientan la tentación por la moneda norteamericana. Dos malas señales que pueden disparar otros eventos desafortunados

No es gracioso quedarse sin divisas

Argentina no fabrica dólares, euros ni yenes. Ya se ha dicho. Por eso, tiene sólo tres formas de obtenerlos: exportando más de lo que importa; atrayendo más inversiones de afuera que las divisas internas que se van; alquilando esas divisas. Esto último significa pedirlas prestadas.

No es gracioso quedarse sin divisas. De hecho, después de desperdiciar océanos de dinero y terminar la década más favorable de la historia con inflación, recesión y devaluación, el propio gobierno de Cristina Fernández trató en el último año (tarde) de reabrir el acceso al crédito. Fracasó cuando–tras años de creerse que había hecho “el canje más exitoso de la historia” e ignorar a los holdouts–la Justicia estadounidense desbarató la reestructuración de deuda con un fallo paradójico:

Si lo paga antes del 1° de enero, Argentina afronta el riesgo de que sus bonistas reestructurados reclamen el mismo beneficio que obtendrían los llamados “buitres”.

Si lo paga después del 1° de enero, corre el riesgo de que, de acá a fin de año, los bonistas se harten de no cobrar y se declaren en default.

Si no lo paga, va al default con los bonistas reestructurados que no podrán cobrar, a menos que acepten hacerlo en Buenos Aires, y entra en desacato con la Justicia a la que ella misma se sometió voluntariamente.

Había una puerta de salida: bancos nacionales y extranjeros trataron de comprar el juicio a los buitres para, luego, pedir a Griesa una cautelar que permitiera retomar los pagos a los bonistas reestructurados hasta el 1° de enero, cuando caía la cláusula Rufo. Obvio: querían cobrar los 1.500 millones de dólares que ellos les iban a pagar a los buitres y no los 300 de la oferta argentina de sumarse al canje.

Pero en su último día en Nueva York Axel Kicillof dijo que ni antes ni después del 1° de enero se pagaría esa suma. La negociación abortó. No fracasaron los bancos, como dice Cristina Fernández. La hundió el Gobierno.

Cada alternativa tiene costos y beneficios eventuales, de corto y de largo plazo (en los últimos pocos reparan). Deben ser muy difíciles de mensurar porque, hasta ahora, que se sepa, sólo Germán Fermo, director de la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, ensayó un cálculo.

Fermo prende una vela y apuesta a que los bonistas no se declaran “defaulteados” y que Argentina pague el 1° de enero a todos los holdouts: son 10 mil millones de dólares (es más, pero al resto igual lo cobrarían si se sumaran al canje 2010, como les propuso el Gobierno). Y estima que, sin default, en los próximos 10 años los sectores público y privado tomarían préstamos por unos 200 mil millones de dólares a tasas 5 puntos menores por haber evitado el descalabro, en cuyo caso se ahorrarían 57 mil millones a nivel presente.

Para las otras dos alternativas no se conocen estimaciones de este tipo.

El proyecto de ley que la Presidente–quien siempre se creyó que estaba de vuelta–manda al Congreso, ahora que las papas queman, avanza en la última vía, la del desacato. A ciegas, una mayoría política–que incluye a algunos temerosos de que la policía ideológica del “relato” los marque como “buitres internos”–va a respaldar esto como hecho consumado.

Es bueno que lo sepan: así, a los dólares que se necesiten deberemos conseguirlos atrayendo inversiones y exportando, con caro acceso al capital. Implica salarios y gasto público bajos, como en el post-2001. No es lindo.

El aumento del gasto público genera mayor déficit

El dato pasó casi inadvertido en medio de la situación de default que vive el país. Sin embargo, el exorbitante aumento del gasto público de la administración central, y el consiguiente incremento del déficit en las cuentas públicas, es un hecho de inusitada gravedad. El dato se originó en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó la presidente Cristina Fernández por el cual se amplió el Presupuesto 2014 en 199.045 millones de pesos. Esa resolución implica aumentar el déficit financiero a 131.327,2 millones de pesos. El gasto adicional autorizado–equivalente a casi un cuarto del Presupuesto aprobado por el Congreso–se financia, principalmente, por emisiones de deuda por 150.622 millones de pesos, utilidades del Banco Central por 28.900 millones y mayores previsiones de recaudación tributaria por 32.679 millones. En plena disputa con los tenedores de títulos de deuda, la medida de la Presidente aparece como inoportuna y negativa para la marcha de la economía en general. Está claro que el Gobierno argentino ha apostado a aplazar la negociación con los fondos buitre hasta enero de 2015, cuando ya haya caducado la cláusula RUFO.

Esta especulación tiene su correlato en el terreno político, en el que los principales funcionarios nacionales han endurecido su lenguaje contra las autoridades judiciales norteamericanas. Se supone que la actitud es bien vista por la mayoría de la población en general, proclive a respaldar un lenguaje antiimperialista y crítico a Estados Unidos, aunque luego se lamenten las consecuencias de esas posiciones emotivas. Además, el DNU encierra otros dos temas clave. Uno, que el desendeudamiento externo tiene su correlato con un fuerte endeudamiento interno, por lo que en verdad se trata del cambio de acreedor y no de una reducción real de las obligaciones del Estado nacional. Además, el financiamiento vía utilidades ficticias del Banco Central supone en la práctica emisión lisa y llana de dinero, que termina impactando en los precios.

El creciente desempleo, que ya figura como una de las principales preocupaciones de la sociedad, y una inflación que mes a mes trepa un escalón exigen una actitud prudente por parte de los responsables del uso de los recursos nacionales. Máxime cuando la Argentina se muestra como el país que más incrementó el gasto público en el período 2006-2013. La suba de 15 puntos porcentuales coloca a nuestro país en el podio de los que más incrementaron sus erogaciones. Sin embargo, no se corrigieron las deficiencias que aún se observan en los servicios y empresas del Estado nacional.

(*) Economista

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