viernes, 5 de marzo de 2021

Cristina Kirchner pone toda la carne en el asador contra la Justicia


Por Sergio Suppo

El discurso de Alberto Fernández fue apenas un dato, quizá el más inservible y engañoso, del intento de impunidad de Cristina Kirchner. El tono, el énfasis y los furcios con los que el Presidente actuó sus palabras se desdibujaron a lo largo de las últimas horas como el recuerdo que el público tiene de las obras mal libretadas y peor interpretadas.

La escena del Congreso, el lunes pasado, es parte de un nuevo acto de desesperación de la vicepresidenta que la retrata más en su debilidad que en su poder. A su modo, Alberto dice pero no hace, y pone a Cristina en la tarea de buscar ella misma su propia salvación.

La vicepresidenta achica el considerable espacio público que tiene al utilizarlo solo para su salvación personal. Y, más concretamente, en lograr que su hija Florencia no sea alcanzada por alguna medida que restrinja su libertad. Cristina y su hijo Máximo no solo tienen fueros sino poder, pero ninguna de ambas ventajas garantiza que la menor de la familia –una mujer adulta que el 6 de julio cumplirá 31 años– evite pagar por la responsabilidad de haber firmado papeles envenenados por los supuestos delitos que las investigaciones judiciales atribuyen a sus padres.

Sin poder contar con todo el peso del poder presidencial, ella misma salió a enfrentar a la Justicia. En esa situación exhibió un énfasis aproximado a la agresión y el desprecio por los jueces que la citaron a comparecer en el caso de dólar futuro. En la misma semana dos discursos, el del presidente y de la vicepresidenta, reflejan la inquietud de un hecho inmediatamente anterior.

La señal para el nuevo punto de partida de la andanada contra la Justicia no ocurrió el lunes, sino el miércoles 24 de febrero, una vez que el Tribunal Oral Nº 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero. El dato que registró la vicepresidenta es la dimensión del fallo, que también castigó a los cuatro hijos del empresario y amigo de Néstor Kirchner. Cristina vio lo que entendió todo el mundo y que uno de los hijos de Báez hizo notar. Ellos son tan hijos como Florencia y Máximo, y las causas judiciales que fueron despachadas a juicio reúnen los mismos elementos que involucran a los miembros de la familia Kirchner.

Con más de 40 años de política, Cristina se empeña en romper los vestigios institucionales que le quedan a la Argentina para resolver su problema. Su universo gira sobre la solución que no llega para su drama. Tanta experiencia y un éxito notable para mantenerse como protagonista de una época no le alcanzan para advertir que ganar las elecciones es obtener el derecho para ocupar el cargo, pero no para acomodar la realidad o borrarla.

Es en ese punto que la división de poderes, principio básico de toda república, se convierte para el kirchnerismo en lo que hay que destruir. La reforma judicial que planteó el presidente que ella encumbró siempre le pareció a Cristina un paliativo; es en parte lo que explica la parálisis de los proyectos que envió la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al Congreso.

Luego del fallo contra Báez y sus hijos, Cristina activó todo lo que tiene a mano para embestir contra la Justicia. Quiere salvarse y salvar a Máximo y Florencia de las condenas, y solo se detendrá si lo consigue. Cree que sus votantes la absolvieron políticamente y tiene razón, pero esa bendición no le resultará suficiente en los tribunales.

El discurso de Alberto del lunes expresa, antes que los ataques presidenciales que asumen el discurso de Cristina, el enojo que ella tiene con él por lo que considera una grave muestra de incapacidad y desidia de su parte. Él, al fin, le debe el cargo, cree la líder de la fracción hegemónica del oficialismo.

Toda la carne está puesta en el asador con un mismo y único fin. La lista incluye, entre otros muchos intentos:

• Usar a la Anses para presionar a jueces y fiscales molestos para que se jubilen.

• Atacar personalmente a miembros de la Corte y acusarlos hasta de los casos de femicidio.

• Formar una comisión inquisidora de legisladores fanáticos para exponer las miserias de los magistrados.

• Crear una cámara que equipare a la Corte y la reemplace en los casos en los que Cristina necesite un despacho favorable.

• Descalificar todas las investigaciones en su contra con la insostenible teoría del lawfare.

• Modificar la integración del Consejo de la Magistratura para tener pleno control de la designación y destitución de jueces.

• Activación de todas las causas posibles en contra de Mauricio Macri, desde espionaje ilegal, las empresas de energía eólica hasta el crédito extraordinario que el FMI le dio al gobierno de Cambiemos.

• Instalación como solución política de la idea de un indulto. Algo así como una reconciliación nacional limpiando las causas judiciales que afecten en ese momento a dos de sus principales dirigentes.

La obsesión por la impunidad ocurre como si no hubiese pandemia, pobreza disparada por la ola inflacionaria ni una decadencia que solo produce exilio y degradación social. Todo importa poco.

Ninguno o casi ninguno de estos intentos será viable con la actual composición de las cámaras del Congreso, donde pese a que el oficialismo tiene mayoría no cuenta con los dos tercios que requieren los proyectos más significativos.

La obsesión por la impunidad ocurre como si no hubiese pandemia, pobreza disparada por la ola inflacionaria ni una decadencia que solo produce exilio y degradación social. Todo importa poco.

No es un dato menor en un año electoral en el que habrá que votar para renovar mayorías y minorías parlamentarias.

© La Nación

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