Por Hernán De Goñi
La decisión de poner en suspenso el régimen de incentivos para la denominada economía del conocimiento abrió una controversia esperable. La ley, votada con
amplio apoyo político y empresario en 2019, es una palanca para estimular el crecimiento de un sector que genera empleo y divisas. Por eso resultó llamativo que el Ministerio de Desarrollo Productivo frenara
su vigencia sin mucho aviso previo.
El objetivo oficial es corregir un aspecto burocrático (se modificará el área que tiene que constituirse como autoridad de aplicación) pero también
enmendar algunas deficiencias en la reglamentación que según manifiestan fuentes oficiales, incluso han sido compartidas por las potenciales beneficiarias. El riesgo latente es que este cambio intente corregir
el contenido de la norma, respaldada por 182 diputados y sancionada por unanimidad en la Cámara de Senadores en mayo pasado.
El objetivo de la norma, continuidad de la llamada ley del software, es ampliar a otras actividades un conjunto de beneficios que le permitan posicionarse de manera más competitivas
a nivel mundial. La meta era duplicar la cantidad de empleados en diez años y llevar las exportaciones de u$s 7000 millones a u$s 15.000 millones en 2030. Lo que era esperable es que en el actual marco de estrechez
fiscal y financiera, convalidar reducciones impositivas se hubiera hecho difícil.
La ley establece que una vez inscriptas en el registro de beneficiarias, las empresas no podían recibir un incremento de la presión tributaria nacional durante todo el
período de vigencia. La veda incluye los derechos de exportación, que fueron actualizados por la reciente ley de Solidaridad Social y Reactivación. La suspensión de este acto deja a las empresas
sin inmunidad impositiva, por decirlo de alguna manera. No contar con la reducción de aportes previsionales contemplada en el régimen también altera los presupuestos y planes de inversión previstos
para 2020.
Informalmente, el Gobierno sostiene que comparte plenamente el espíritu de la ley (sus representantes la votaron en el Congreso) y que esperan que la nueva reglamentación
no demore demasiado. Hay un punto, sin embargo, que ya fue fruto de polémicas en la campaña electoral, y es la reducción a 15% de la tasa de Ganancias que pagarán las futuras beneficiarias, entre
las que se encuentran gigantes como Mercado Libre. La discusión que quedó flotando entonces, y que puede reflotarse ahora, es si corresponde que el Estado le otorgue un trato preferencial a empresas de esta magnitud.
No hay problema en darle esa posibilidad a una pyme, y por eso una preocupación oficial es clarificar esos límites, para que quede más claro quien es apto para recibir ese beneficio. El riesgo es que se
interprete de manera diferente el texto votado.
© El Cronista
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