El oficialismo logró su cometido por 134 votos a favor
y 110 en contra y accedió a algunos cambios propuestos
por la oposición
por la oposición
Nacionales - Al cabo de un debate de 19 horas, el Frente de Todos logró sortear con éxito su primera
prueba de fuego en el Congreso y aprobó en general, con 134 votos afirmativos y 110 negativos, el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández que declara nueve emergencias y suspende por seis
meses la fórmula de movilidad jubilatoria.
El oficialismo consiguió avalar la iniciativa gracias al apoyo de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José
Luis Ramón. También se sumó el respaldo de Alma Sapag, del Movimiento Popular neuquino. Los rechazos fueron de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, bloques que tampoco aportaron al quórum,
que se logró con el número justo de 129.
La sorpresa de la votación fue la ausencia de Graciela Camaño, referente de Consenso Federal. Tampoco estuvo presente Elisa Carrió, quien pasó por el recinto
en horas de la tarde. En total fueron 12 ausencias, todas de diputados de la oposición.
El debate estuvo plagado de acusaciones cruzadas sobre las herencias recibidas. El Frente de Todos intentó justificar, con numerosos indicadores económicos, la necesidad
de declarar la emergencia pública, mientras que Juntos por el Cambio cuestionó en sucesivos discursos la amplia delegación de facultades que dispone el proyecto.
Con Sergio Massa y Máximo Kirchner a la cabeza, el oficialismo negoció a lo largo de la jornada con las bancadas de Bucca y Ramón, con intervención de parte
de la Mesa de Enlace y del propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien se hizo presente en el Congreso para participar de las conversaciones.
Los discursos se cerraron a las 6.30 del viernes con las palabras de Kirchner, quien tras los discursos de la oposición aseveró: “Parece que el gobierno de Macri
no hubiera sucedido. Que nadie hubiera gobernado”. “¿Saben lo que es un superpoder? Pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos”, aseguró el hijo de la vicepresidenta,
aplaudido en varios pasajes.
En tanto, Mario Negri, de Juntos por el Cambio, consideró que “no existen extremos parecidos al 2002, ni siquiera por los números negativos con que terminó
nuestro gobierno, para semejante proyecto, con once delegaciones de facultades”.
“Se está haciendo un ajuste por vía del ingreso. Han elegido tres sectores: jubilados, clase media y campo. El país tiene dos motores: la producción
de alimentos y la energía. El campo y Vaca Muerta. Si no se reconoce esto, no habrá futuro”, sentenció Negri.
Minutos antes, “Bali” Bucca advirtió: “La situación en Argentina es dramática. Vivimos una crisis social y económica. No hay tiempo para
mezquindades. Les pido a todos los diputados eliminar la grieta. ¿Cuántas generaciones más se llevarán puesta la grieta?”.
El jefe del Interbloque Federal se dirigió a las bancas de Juntos por el Cambio: “Basta de arrogarse el porcentaje de representación con los votos que sacaron. Empecemos
a representar a todos los argentinos desde este Congreso”.
Cambios
El proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Uno de los artículos más discutidos fue el que suspende por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el
Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.
Además, se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. Gracias
a un cambio propuesto por el Interbloque Federal, la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso.
Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán vigentes los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios,
los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30%
para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones
efectuadas con anterioridad a la ley.
En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías
regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.
Otro aspecto relevante es que el 67% de esos incrementos será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad
agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión
y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos
salariales mínimos”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por
un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
Denuncia de Carrió
Cuando el debate estaba encaminado, cerca de las 19.30 del jueves, hizo su aparición en el Congreso la diputada Elisa Carrió, en la que podría ser su última
sesión, ya que en marzo se hará efectiva su renuncia a la banca.
“Lilita” no habló en el recinto, pero dio a conocer que pedirá a la Justicia que investigue la posible comisión de un delito por la delegación
de facultades. En el discurso que pidió insertar en la versión taquigráfica de la sesión, Carrió solicita que “se ponga en conocimiento del fiscal de turno para que se investigue la
posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias”.
Dicho artículo sanciona con las penas previstas por “traición a la patria” a “los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y
los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de
los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”, según el artículo 29 de la Constitución Nacional.
“Mi postura al respecto siempre ha sido la misma: no ha cambiado sin perjuicio de pertenecer a un partido del oficialismo o a un bloque de oposición, porque debe mantenerse
la coherencia, no sólo como un mero acto de demostración de las prácticas políticas, sino como una verdadera herramienta de fortalecimiento de la República”, sostuvo Carrió en
el discurso escrito.
Informe: Parlamentario.com y Agensur.info
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