Por Fernando Laborda
Muchos de los empresarios que escucharon al ministro de
Producción y Trabajo, Dante Sica, hablar de la necesidad de insistir en una reforma
laboral en el último coloquio de IDEA desearían que los vientos de cambio en la
región, impulsados por la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, ayudaran a la
sanción de un conjunto de normas flexibilizadoras del mercado de trabajo,
semejantes a las aprobadas por los brasileños el año último.
Sin embargo, desde
el propio Gobierno se admite que las circunstancias políticas presentes tornan
impensable una reforma de ese tipo.
Durante la gestión de Michel Temer, Brasil dio a luz un
nuevo ordenamiento jurídico laboral que aumentó los niveles de libertad de
contratación; hizo que los acuerdos entre un trabajador y su empleador y los
convenios por empresa prevalecieran sobre los convenios colectivos por
actividad; generó la posibilidad de que un trabajador autónomo pueda prestar
servicios para un único empleador sin estar atado a una relación de dependencia
laboral, y redujo en un 30% el costo de la indemnización por despido.
En el mismo período, el gobierno de Mauricio Macri impulsó
varios cambios en la legislación laboral, pero hasta el momento ni siquiera
pudo avanzar en un blanqueo de trabajadores que parecía contar con amplio
consenso entre empleadores y sindicalistas. Y no pocos observadores entienden
que el mejor momento político para avanzar en más reformas laborales ya ha
pasado.
El propio Sica reconoció que la única reforma laboral generada
por consenso de todas las partes ha sido la reforma de la ley de riesgos del
trabajo, que data de febrero de 2017. Los primeros resultados positivos de esta
nueva legislación ya están a la vista: mientras que en 2017 los nuevos juicios
por accidentes de trabajo sumaron más de 130.000, para 2018 se proyecta una
cifra de aproximadamente 83.400, lo cual implicaría una reducción del 37%,
según estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Lo más destacable de esto es que, por primera vez en la
historia, la litigiosidad de un año será inferior a la del año anterior.
Desde 2003 hasta 2017, no hubo año en que los juicios
promovidos por accidentes y enfermedades laborales no registraran un incremento.
Los 3012 juicios registrados en 2003 treparon a 17.232 en 2007, a 57.646 en
2011 y a 106.021 en 2015. Durante la gestión de Macri, siguieron subiendo, a
127.503 en 2016; pero en 2017, cuando entró en vigor la nueva ley de riesgos
del trabajo, el aumento sólo fue del 2%, hasta llegar a 130.684 nuevos juicios.
En lo que va de 2018, hasta septiembre, se han registrado 61.803, con una
proyección hasta fines de año de poco más de 80.000.
En septiembre de este año se notificaron a las ART 6396
juicios, lo cual representa una caída del 47,3% respecto de igual mes del año
pasado.
Hasta el momento, suman 14 las provincias adheridas a la
nueva legislación. Entre las que no adhirieron se encuentra Santa Fe, que hasta
el año último acumulaba el 12% de todos los juicios y hoy concentra nada menos
que el 22,5%. Se trata de un dato que da cuenta del éxito del flamante sistema,
por cuanto la siniestralidad ha disminuido en los distritos que se acoplaron a
él, mientras que no cayó en las provincias que permanecieron fuera de él.
La ley nacional de riesgos del trabajo introdujo una
instancia obligatoria y previa a un eventual juicio: las comisiones médicas
jurisdiccionales, encargadas de determinar si se está ante una enfermedad
laboral, el grado de discapacidad y el monto de la indemnización, en un plazo
perentorio de 60 días. Si el trabajador no está de acuerdo con el veredicto de
esta comisión, podrá recurrir a una comisión médica central y, finalmente, a la
Justicia. La norma también estableció mejoras en los coeficientes para el
cálculo de las indemnizaciones.
Si bien la aplicación de la norma ha bajado sensiblemente la
litigiosidad, desde las ART se reclama por la demora en la conformación de los
cuerpos médicos forenses (CMF) en el ámbito de la justicia laboral en cada una
de las 14 provincias que adhirieron a la ley.
De acuerdo con fuentes de la UART, la no conformación de
estos cuerpos provoca que el pasivo judicial se multiplique y puede generar un
desvío de hasta 188 mil millones de pesos por los excesos en pericias
judiciales que no se atienen al Baremo si son tomadas en las sentencias
judiciales. La entidad que agrupa a las aseguradoras también advirtió sobre
abusos en la aplicación del concepto de "incapacidades psicológicas"
en causas judiciales de lesiones aparentemente menores, tales como esguinces y
torceduras. Y señalan que un claro incentivo para aumentar los daños periciados
puede relacionarse con el hecho de que los honorarios de los peritos aún siguen
siendo un porcentaje derivado del monto de la sentencia.
© La Nación
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