El mismo requerimiento
se hizo para otros quince imputados, entre ellos, el exsexretario de Energía,
Daniel Cameron.
Judiciales - El
fiscal federal Federico Delgado pidió este miércoles la declaración indagatoria
del exministro Julio De Vido en la causa en la que investiga los sobreprecios
en la construcción de gasoductos y donde sospecha que Odebrecht pagó coimas a
los exfuncionarios.
Delgado incluyó en el requerimiento que presentó al juez
federal Daniel Rafecas a otros 15 imputados, entre ellos, exfuncionarios como el
exsecretario de Energía Daniel Cameron, ejecutivos y empresarios de Odebrecht y
otras firmas.
El funcionario del Ministerio Público los acusó de supuestos
delitos de "defraudación contra la administración" y
"negociaciones incompatibles con la función pública", en relación a
los contratos con Odebrecht, sospechados de sobreprecios. Además, no descarta
incorporar el delito de cohecho, cuando tenga elementos sobre las coimas.
"El Estado Nacional fue engañado por un grupo de
funcionarios y de empresarios privados", sostuvo Delgado en su
requerimiento, donde sostiene que hay "certeza" del pago de sobornos
(ya que la empresa admitió en EEUU que pagó al menos 35 millones de dólares en
coimas en el país), aunque todavía no se incorporaron las pruebas a la causa.
Las maniobras investigadas relativas a la ampliación de los
gasoductos Norte y Sur por parte de Transportadora Gas del Norte y del Sur
"generaron que el Estado nacional terminara pagando valores mucho más
elevados por las obras que en lo que en rigor de verdad valían", agregó el
fiscal en el dictamen.
LPO reveló el año
pasado que la entonces nueva gestión de Nación Fideicomisos (que administraba
en lo formal las obras), a cargo de Marcelo Blanco, hizo una pormenorizada
investigación, que incluía informes de la Auditoría General de la Nación (AGN)
y de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde se hablaba de
"contratos de obras leoninos para el Estado" y se destacaba que
"el fiduciario (Nación Fideicomisos) no tenía control del destino del
dinero que pagaba" y "no tenía capacidad de supervisar las obras que
contrataba". Además, en una auditoría interna se estima que algunos
sobreprecios llegaban al 100%.
Tan grande fue la evidencia recogida por la nueva gestión
que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, rescindió el contrato de
Odebrecht para ampliar los gasoductos, lo que dio pie a un reclamo de la
empresa brasileña por 500 millones de dólares.
En abril pasado, este medio también reveló que la Cámara
Federal ordenó reabrir la causa ante un pedido del fiscal Delgado, que había
apelado la desestimación de la denuncia ordenada en primera instancia por la
jueza María Servini de Cubría. La magistrada había argumentado que una
investigación por el mismo hecho estaba en manos del juez Ariel Lijo, que
también la cerró a fines de 2016.
En su dictamen de este miércoles, Delgado apuntó al
Ministerio de Planificación, a la Secretaría de Energía, a la de Obras
Públicas, a la subsecretaría de Combustible y al Enargas, todos organismos
"encargados de la organización, aprobación, control y seguimiento técnico
de la obra". También remarcó que "Nación Fideicomiso SA y Cammesa
SA" fueron responsables de la administración de los fondos asignados,
aunque se sabía que las decisiones se tomaban en Planificación y la formalidad
de que las obras estuvieran en manos de esas SA tenía como objetivo eludir
controles y flexibilizar contratos.
"Los empresarios junto a los funcionarios públicos y
los responsables de administrar los fondos del Estado al momento de los hechos
investigados, engañaron al Estado nacional en la contratación, para sacar un
beneficio económico a cambio", argumentó el fiscal.
Para Delgado, hubo un "armado de la estructura legal de
la obra pública" que derivó en una "ingeniería normativa que se creó
para suspender las leyes preexistentes y así disponer del dinero sin mecanismos
de control".
En base a eso, remarcó, hubo "contrataciones privadas
donde se produjeron los sobreprecios", puntualizando que fueron
"privadas a medias porque estaba Cammesa y porque la Secretaría de Energía
y el Enargas 'acompañaron' las decisiones de las firmas privadas", a la
vez que destacó "posibles sobornos" que "incentivaron la
elección de empresas, el ingreso de nuevos actores y los costos mayores sin
justificación aparente que nos llevan a la defraudación".
La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos por
unos 35 millones de dólares por obras en el país pero Delgado explicó que en el
dictamen que si bien todo indica que hubo cohecho, aún no están las pruebas
necesarias para formular acusación en base a este delito.
El fiscal pidió indagar a De Vido, Cameron, el expresidente
del Ente Nacional del Gas, Fulvio Madaro, al exvicepresidente de Cammesa Luis
Beuret, al extitular de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa; a exdirectivos de
las transportadoras de gas y a un apoderado de Odebrecht, Marico Faria Silva,
entre otros.
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