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| Por Gabriel Profiti |
La palabra que mejor define esta etapa del país es
fragilidad. La recesión se prolonga más de lo esperado y el Gobierno se ve
obligado a redoblar esfuerzos para domar la agenda política y sostener la paz
social.
Por ahora obtiene victorias y derrotas en esa pulseada, a
costa de negociar y ceder, pero en el camino hacia un año electoral clave ya no
tiene mucho margen como para que las promesas comiencen a impactar
positivamente en la calle.
Informes recientes de la Agencia Federal de Inteligencia y
de las cuatro fuerzas federales analizados en los principales despachos de la
Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad descartan que se produzca un estallido
en diciembre. El despliegue de gendarmes y prefectos en el Conurbano también
apunta a eso.
La administración de Mauricio Macri, además, parece haber
hecho bien los deberes de contención de sectores vulnerables para evitar que
acuartelamientos, movilizaciones violentas y saqueos vuelvan a alterar las
fiestas de los argentinos.
Sin embargo, la economía no se reactiva y el mundo ayuda
poco: el triunfo de Donald Trump sembró incertidumbre sobre el futuro de los
países emergentes y Brasil, principal socio comercial, también demora su
despegue (cayó 3,44% en septiembre respecto del mismo mes de 2015 y creció
apenas 0,15% comparado con agosto).
En ese contexto, la administración macrista debe enfrentar
una agenda opositora en la que se acumulan iniciativas que multiplican el gasto
y reclamos directos de cambio de rumbo.
El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto que declara
la emergencia social -en rigor está vigente- formaliza "un millón" de
planes en puestos de trabajo del sector público, otorga un aumento de 15% la
asignación universal por hijo y por embarazo y propone un salario social complementario.
La iniciativa eleva el costo fiscal en 50 mil millones de
pesos, según cálculos oficiales, justo cuando los ministros buscan de dónde
reducir un déficit muy alto.
La negativa de Cambiemos a avalar el proyecto impulsado por
el ex jefe de gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, su colega de
bancada Teresita Luna y por el senador del GEN Jaime Linares dio mayor sustento
a la CGT para coordinar el viernes una masiva marcha junto a movimientos
sociales al Congreso.
En el estrado, los discursos fueron durísimos y conllevaron
fuertes advertencias, pero por lo bajo funcionarios y protagonistas de la
protesta rescatan que por el momento no hubo convocatoria a un paro nacional.
La puja en el Congreso
El oficialismo frenará este año el tratamiento de la
Emergencia Social en Diputados, pero esa iniciativa contiene una encerrona para
el futuro.
En la Cámara baja, la oposición con el apoyo determinante
del Frente Renovador de Sergio Massa, propone aumentos impositivos para el
juego, la minería y las transacciones financieras, con el fin de fondear aquel
gasto social creciente.
Son temas sensibles para el oficialismo. Macri viene de
eliminar las retenciones a la minería, junto con gran parte de las aplicadas al
campo, convencido de que de ese modo impulsará una actividad poco desarrollada
en la Argentina.
En cuanto al juego, María Eugenia Vidal dio marcha atrás en
Buenos Aires con un aumento de los ingresos brutos que pagan las salas de
bingos. Lo hizo por presión de Daniel Angelici, binguero, presidente de Boca y
uno de los principales operadores del macrismo. De todos modos, podría haber
una suba en el próximo presupuesto acordada por la oposición.
"Es un momento de fragilidad para nosotros, pero la
vamos llevando frente a una multiplicidad de hermosos extorsionadores",
definió una figura del equipo macrista.
La misma fuente destacó la sanción de la Participación
Pública y Privada (PPP), una herramienta que Macri considera central para
atraer inversiones, para lo cual uno de sus principales asesores, Horacio
Reyser, asumirá como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la
Cancillería, en medio de un recambio que incluye el desplazamiento del
vicecanciller Carlos Foradori.
Junto con la emergencia social, el oficialismo también pena
por la reforma electoral, una de las promesas de campaña de Macri, que incluye
la Boleta Única Electrónica como herramienta de voto. Tras la aprobación en
Diputados, el Frente para la Victoria se puso duro en el Senado y la suerte se
definirá en una reunión entre senadores y gobernadores del PJ la semana
próxima.
A Macri no le alcanzó con reunir a nueve mandatarios
opositores a inicios de la semana para enviar un mensaje a la Cámara alta. El
kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y rector del debate, hizo todo para frenarla.
En el oficialismo se resignan a que tres gobernadores no van
a apoyar la reforma. Son Gildo Insfrán, Juan Manzur y Alicia Kirchner, pero el
ministro del Interior, Rogelio Frigerio, busca convencer a otros más permeables
como el santiagueño Gerardo Zamora (la gobernadora es su esposa), el puntano
Rodríguez Saá, el sanjuanino Sergio Uñac, el pampeano Carlos Verna, la
catamarqueña Lucía Corpacci y el riojano Sergio Casas.
"Los senadores de La Rioja van a esperar la reunión con
los gobernadores. No les convence mucho la reforma, pero si hay más fondos para
la provincia van a acompañar", resumió una fuente cercana a los
legisladores Luna, Hilda Soria y Carlos Menem.
Si sale, la reforma electoral tendrá cambios. El Gobierno no
avalará que se elimine el dispositivo electrónico. Se espera algún escrache
público del propio presidente al PJ si no avanza. Con la certeza de que habrá
modificaciones al proyecto aprobado originalmente, el macrismo prevé convocar a
sesiones extraordinarias para sancionar esa reforma el 14 de diciembre en
Diputados, junto con otras iniciativas propias.
Diez días antes de la Navidad y en un mensaje a la CGT, también
busca dar un primer paso en la prometida modificación de las escalas del
impuesto a las ganancias.
© NA
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