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| Por Fernando González |
Es curioso lo que sucede con algunos funcionarios
kirchneristas. Pretenden permanecer en sus cargos más allá de lo que suceda el
domingo en el ballottage como si los vientos políticos no fueran a cambiar
nunca. Algunos, como el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, o la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, o el titular del AFSCA,
Martín Sabatella, han manifestado incluso que el aval parlamentario con el que
han asumido les garantiza el sillón en el que están sentados por mucho tiempo
más.
El dilema con ellos es que han desempeñado sus funciones
bastante más como militantes de un espacio político que como dirigentes de
organismos autárquicos al servicio de los ciudadanos.
Desde esos cargos jerárquicos, han aprovechado la potestad
para atacar a los sectores de la oposición y han utilizado las herramientas del
Estado para defender al Gobierno hasta de algunas investigaciones generadas por
denuncias graves.
El avance de una de estas investigaciones contra Vanoli por
la operatoria de contratos a dólar futuro es apenas una punta del iceberg que
tiende a emerger después del 10 de diciembre, cuando asuma el próximo
presidente.
El kirchnerismo corre ahora el riesgo de padecer el mismo
castigo al que sometió durante años a sus adversarios políticos. La Argentina
necesita que el nuevo presidente, sea Daniel Scioli o Mauricio Macri, corrija
esta desviación que convierte a los funcionarios autárquicos en rehenes del
poder de turno.
Deberá designarlos con el beneplácito de la oposición y
deberá ponerlos a salvo de las operaciones políticas que los degradan y les
quitan hasta la última señal del prestigio profesional con el que habían
llegado.
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