Por Sergio Farella
La definición en la causa por el desvío de fondos en la
Fundación Madres de Plaza de Mayo que tiene en la mira al ex apoderado Sergio
Schoklender como principal implicado; el devenir de la causa contra Amado
Boudou por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica y el resultado de
juicios con fuertes implicancias son algunas de las causas que se reanudan a
partir de los primeros días de febrero.
Pero en un año de elecciones legislativas también tendrá
implicancias la definición de causas tales como la de escuchas telefónicas
ilegales en donde el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, está procesado
por asociación ilícita; y no menos tendrá cierta incidencia sobre cómo fallará
la Justicia por la ley de medios.
En diciembre pasado, el juez federal Norberto Oyarbide
mantuvo expectante una definición sobre si procesa a los hermanos Sergio y
Pablo Schoklender, y a la hija de Hebe de Bonafini, Alejandra, entre una gran
cantidad de imputados que tiene la causa por el desmanejo de los fondos.
Fuentes del caso descartan que los Schoklender serán
procesados aunque no es seguro sobre qué suceda con el resto de los acusados,
especialmente Alejandra Bonafini y los financistas involucrados en el caso por
el cual fondos públicos que tenían como fin la construcción de viviendas en el
marco de un programa social eran desviados hacia otros fines.
También será un año clave para la causa contra Boudou,
investigado por su supuesta ingerencia en la venta de la ex Ciccone
Calcográfica a la firma The Old Fund, cuyo presidente Alejandro Vandenbroele se
sospecha tiene un vínculo amistoso con el Vice, a la par de que está
investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
Esa causa en manos del juez Ariel Lijo se prevé tenga cierto
avance luego que a fines de 2012 la Cámara Federal rechazara planteos de
nulidad presentados por las defensas y diese por válido el testimonio de Laura
Muñoz, ex de Vandenbroele y quien calificara a éste como "testaferro"
de Boudou.
A Boudou se lo acusa de haber tomado injerencia para que la
AFIP levantase la quiebra que pesaba sobre la firma en la Justicia, y que la
misma pase a manos de Vandenbroele aunque aún a la fecha los investigadores no
pudieron determinar quién es el dueño de The Old Fund.
El 2013 también traerá aparejado a Macri malas noticias:
será el año en que la Justicia eleve a juicio oral y público la causa por las
escuchas telefónicas ilegales que lo tiene como principal imputado; junto a un
espía y el ex titular de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino"
Palacios.
Esa causa actualmente está en proceso que las partes opinan
si corresponde elevar a juicio la causa, o bien alguna medida prueba a realizar
previamente, y luego sí se prevé que el juez Sebastián Cassanello disponga la
elevación a un Tribunal Oral, más allá que el juicio es casi imposible que se
llevara a cabo en este mismo año.
Otra de las causas que también pasará a instancia oral en
los primeros meses de este año será la tragedia ferroviaria de Once que provocó
51 muertos y la renuncia de varios funcionarios kirchneristas, como el
secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el subsecretario de Transporte
Ferroviario Antonio Luna, ambos imputados por estrago culposo y administración
fraudulenta.
Esa causa tiene una treintena de imputados, entre ellos
Ricardo Jaime y los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano, y días atrás el
juez Claudio Bonadío ya consideró que no quedan más medidas de prueba por
realizar y pidió opinión en cuanto a elevar la causa a juicio.
Un capítulo definitorio podría tener este año el expediente
que generó fuertes cruces entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial, la
Corte Suprema de Justicia, así como denuncias penales en el medio: aquel donde
se discute la constitucionalidad o no de la ley de medios.
En diciembre, el juez en lo Civil y Comercial Federal
Horacio Alfonso decretó constitucional la ley, pero el grupo Clarín apeló y
ahora la decisión está en manos de la Cámara.
La ley sigue sin aplicarse luego que la Corte Suprema
ratificara la vigencia de la cautelar que dispone ello, pero imprimió celeridad
para que la Cámara se expida sobre el planteo de Clarín en decretar
inconstitucionales varios artículos de la norma, entre ellos, el del límite de
licencias que puede tener un medio y el plazo en el que deben desprenderse de
las mismas cuando superan el límite permitido.
En este expediente, el Gobierno si bien salió victorioso con
el fallo de Alfonso, no pudo completar los logros de aplicar la ley tras el
famoso 7D, el límite que habían impuesto para que Clarín se desprenda de
algunas de sus señales.
Si de definiciones con implicancias políticas se trata, dos
procesos orales que comenzaron a mediados del año pasado y terminarán en 2013.
En uno, el ex presidente Fernando de la Rúa y algunos ex funcionarios
de su gestión (el ex SIDE Fernando de Santibáñez, y el ex ministro de trabajo
Alberto Flamarique) están acusados de haber pagado sobornos para garantizar en
el año 2000 la tan resistida ley de reforma laboral.
El otro juicio que está en una etapa más avanzada es la que
se juzga a los presuntos autores del homicidio del militante del Partido Obrero
Mariano Ferreyra, y el cual llevó a la cárcel al ex titular de la Unión
Ferroviaria José Pedraza y varios integrantes del gremio.
El caso puso en la mira el sistema de tercerización en los
trenes y los manejos y negocios que se llevaban a cabo desde la Unión
Ferroviaria, y junto a Pedraza otros nueve ferroviarios están siendo juzgados.
© NA
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