Fue multitudinaria la marcha en Plaza de Mayo, en conmemoración de los 50 años
del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. (Foto/NA)
Nacionales - "Son 30 mil y que nos digan dónde están", expresaron los organismos de Derechos Humanos
sobre los desaparecidos en el acto central que se realizó en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La lectura del documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila. Y palabras cargadas con un pedido al Gobierno en torno a la cifra de desaparecidos. Porque no faltaron los cuestionamientos al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
"Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando", manifestaron los organizadores en la lectura.
Al cuestionar la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”.
"No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui", arengaron.
“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.
Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.
También denunciaron que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente", aseguraron.
Críticas a Javier Milei
Luego de reclamar "la urgente apertura y entrega de todos los archivos de todas las áreas del Estado desde 1974 a 1983 para avanzar con las investigaciones de los responsables de estos crímenes", en el documento final se planteó que "hoy hay un gobierno que no sólo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y desfinancia los espacios de memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos, incumplen la obligación del Estado de dar cumplimiento a las reparaciones históricas y pago de pensiones".
"Milei impulsa el mismo programa que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. El gobierno de La Libertad Avanza profundiza la dependencia de Trump y el imperialismo norteamericano. Ataca los derechos populares y obedece los mandatos del FMI con una reforma laboral esclavista, votada por las fuerzas oficialistas y aliadas. Para esto contaron con el apoyo imprescindible de diputados y senadores que responden a gobernadores que aplican el ajuste", se expuso.
En ese marco, se entendió que el modelo de la actual gestión "no puede imponerse sin represión, es así que profundiza los ataques a la organización popular, persigue a quienes luchamos, equipa a las fuerzas represivas, arma causas, proscribe, amplía ilegalmente las atribuciones de los servicios de inteligencia, conforma comandos de fuerzas federales y provinciales para intervenir en los conflictos sindicales, avala el gatillo fácil y militariza funciones civiles avanzando hacia un régimen más autoritario, antidemocrático y represivo".
En el pasaje leído por Estela de Carlotto, se detalló que "el Banco Nacional de Datos Genéticos ha visto intervenida su estructura y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad reducido a la mitad su planta de trabajadores".
Minutos después, el documento se refirió al rol de la CGT: "Las políticas de ajuste y destrucción de derechos han sido y son devastadoras y no fueron respondidas con un plan de lucha contundente para frenarlas. Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de salir a luchar. Necesitamos que las centrales de trabajadores y trabajadoras se pongan al frente de un plan de lucha contra estas políticas. Paro general y plan de lucha ya".
Para finalizar, se pidió levantar "muy alto las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese Poder del Estado que no los busca, mientras los niega".
Organismos de derechos humanos concretaron la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar el 50 aniversario del Golpe de Estado de 1976, por lo que se realizaron movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.
En Salta
En Salta también se realizó una movilización por los 50 años del golpe militar de 1976. La organización estuvo a cargo de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, un espacio que reúne a entidades históricas y referentes locales, más la Asociación Miguel Ragone y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
La marcha se efectuó, ´principalmente, en la plaza 9 de Julio, de la capital salteña y culminó en el Portal de la Memoria en el parque San Martín.
Allí, se dio a conocer un manifiesto relacionado con la conmemoración y con un notable acento crítico a las políticas nacionales por su “discurso negacionista”.
El texto completo de ese documento, es el siguiente:
Documento de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Asociación Dr. Miguel Ragone, al conmemorarse los 50 años del golpe militar.
Hace cincuenta años, Argentina sufrió el golpe de Estado más sangriento de su historia. Bajo el mando de Videla, Massera y Agosti, se impuso un terrorismo de Estado que persiguió a miles de seres humanos comprometidos con un mundo más justo e igualitario.
El saldo fue devastador: 30.000 desaparecidos y cientos de niños apropiados en centros clandestinos de detención que funcionaron como verdaderos campos de concentración, donde se practicaron torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones. En las cárceles legales, se ejecutaron presos políticos en masacres como las de Palomitas en Salta, Margarita Belén en Chaco y en la Penitenciaría de Córdoba. Miles de personas fueron exiliadas para salvar sus vidas.
Este plan no fue improvisado; formó parte de la estrategia continental conocida como Plan Cóndor, alineada con intereses geopolíticos extranjeros. Los militares fueron formados en técnicas de tortura —previamente aplicadas por Francia en Argelia— la escuela de las Américas.
En lo económico, la dictadura cívico-militar destruyó la industria nacional y generó una deuda externa asfixiante al abrir las fronteras de forma indiscriminada.
La generación del 70, y los que venían ya del golpe de Onganía, fueron forjadas en luchas populares y organizaciones de diversas vertientes (izquierda, peronismo revolucionario, democracia cristiana y socialdemocracia), pagó con su vida su compromiso antiimperialista y su opción por los sectores más desprotegidos.
Hoy reivindicamos sus ideales; porque quienes dan la vida por sus convicciones no mueren, sino que viven en el corazón de su pueblo. A 50 años del golpe de Estado más sangriento de nuestra historia, es indispensable salir a la calle en unidad, con memoria, verdad y justicia. Porque no se trata sólo de recordar: se trata de defender las conquistas de nuestro pueblo frente a un gobierno que pretende arrasarlas.
Hoy nos encontramos frente a un gobierno nacional que reivindica el accionar genocida de la dictadura, instalando un discurso negacionista sobre el terrorismo de Estado y poniendo en duda una verdad construida con lucha: son 30.000. Al mismo tiempo, retoma el modelo económico de Martínez de Hoz, basado en la entrega, la desigualdad y la destrucción del aparato productivo nacional. A medio siglo del golpe, el gobierno de Milei y Villarruel impulsa un plan que busca garantizar la impunidad de los genocidas y desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, conquistas históricas de los organismos de Derechos Humanos en todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de los juicios en 2006. Encontramos 140 nietas y nietos apropiados y ¡los seguimos buscando! En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay aún 12 juicios en curso .Hace pocos días se identificaron nuevos restos de compañeros y compañeras en el centro clandestino La Perla.
Esto reafirma nuestra lucha contra la impunidad y nuestra exigencia permanente: ¡QUE DIGAN DÓNDE ESTÁN!
El cierre de espacios de memoria, el desfinanciamiento de estos organismos y el nombramiento de funcionarios que reivindican la dictadura no son hechos aislados: son parte de un proyecto político que intenta reescribir la historia. El negacionismo se expresa también en el presente: un gobierno que niega el cambio climático, desprecia la ciencia y rechaza organismos multilaterales como la OMS; que gobierna desconociendo leyes votadas por el Congreso y resoluciones judiciales, debilitando el Estado de Derecho y concentrando poder de manera autoritaria Mientras tanto, avanza sobre derechos conquistados: ataca a las diversidades, desconoce la lucha de las mujeres por la igualdad de género y pretende imponer una sociedad más desigual, más violenta y más excluyente. Las políticas de Milei afectan al colectivo LGBTQI+ mediante el desmantelamiento de la estructura estatal de protección, que incluye el cierre del Ministerio de Mujeres y Diversidad y el recorte de programas de asistencia.
En la práctica, esto se traduce en el desfinanciamiento del cupo laboral travestitrans, restricciones en el acceso a tratamientos de salud para menores y una fuerte ofensiva discursiva que cataloga a la diversidad sexual como una "agenda ideológica" ajena a las prioridades del Estado. Dificulta el acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, legítima conquista del colectivo. Como resultado, las organizaciones denuncian un retroceso en derechos adquiridos y un aumento de la vulnerabilidad social y la violencia simbólica legitimada desde el discurso oficial. El gobierno de Javier Milei también ha endurecido la política migratoria mediante un enfoque de "prioridad nacional" que busca restringir el acceso gratuito a la salud y la educación para extranjeros no residentes. Su gestión ha agilizado las deportaciones de quienes cometen delitos o están en situación irregular, ha implementado controles biométricos en barrios populares y ha unificado la vigilancia fronteriza con fuerzas de seguridad.
Bajo la premisa de "ordenar" el sistema y combatir la delincuencia, repudiamos estas medidas estigmatizantes y discriminatorias hacia la población migrante. En el plano económico, el ajuste es brutal y tiene un solo objetivo: garantizar la riqueza de los sectores más concentrados a costa del sufrimiento de las mayorías. Se profundiza la dependencia con el FMI, se contrae más deuda externa y se paga una deuda ilegítima mientras crece el hambre. La reforma laboral que impulsaron es regresiva y antiobrera: implica pérdida de derechos, precarización y disciplinamiento de la clase trabajadora, es un golpe directo a la estabilidad del trabajador porque estira el período de prueba hasta un año en pymes, facilitando despidos sin costo, y elimina las multas por trabajo no registrado.
Además, la implementación del "fondo de cese" permite que el propio empleado financie su despido, mientras que la nueva figura de "colaboradores" para autónomos encubre relaciones de dependencia bajo un manto de falsa independencia. Ataca directamente la participación de los sindicatos debilitando su poder tradicional al desfinanciar sus cajas, fragmentar la negociación colectiva y restringir el derecho a protesta, convirtiendo los bloqueos en causa justa de despido.
En definitiva, les quita peso político y económico, forzándolos a negociar bajo reglas que favorecen la flexibilidad laboral y limitan su capacidad de presión directa. El congelamiento salarial y las paritarias con techo condenan a millones a la pobreza, mientras jubilados y jubiladas sobreviven por debajo de esa línea, con recortes en medicamentos y derechos básicos. Las personas con discapacidad ven vulnerado su acceso a la salud y a la protección social. La apertura indiscriminada de importaciones está destruyendo la industria nacional, provocando cierre de empresas y pymes, y multiplicando los despidos tanto en el sector público como en el privado.
A esto se suman tarifazos en servicios, transporte y energía, y el desfinanciamiento de la educación pública en todos sus niveles. Ese mismo modelo que hoy resistimos lo enfrentan, cada miércoles, los jubilados en las plazas de todo el país, recibiendo como respuesta represión, castigo, palos y pobreza. Frente a su incapacidad para dar respuestas, el gobierno elige la represión y la militarización: amplía las atribuciones de las fuerzas de seguridad, fortalece el rol de la SIDE como herramienta de control político y habilita el uso de la violencia institucional contra quienes se movilizan. La criminalización de la protesta social y medidas como la baja de la edad de imputabilidad forman parte de una estrategia para disciplinar al pueblo. Utilizando la excusa de combatir al narcotráfico moviliza a las fuerzas de seguridad como en el Operativo Roca Dijimos y sostenemos: NO a la ley antiterrorista utilizada para perseguir y reprimir la protesta. Defender el derecho a manifestarse es defender la democracia.
Libertad inmediata a Facundo Jones Huala, Pablo Colhuan Nahuel, Damian Díaz Naum Vargas, Milton Tolomeo y todas y todos los presos por luchar, denunciamos a la justicia cómplice, misógina y funcional al gobierno de turno y los grandes grupos empresarios. No al lawfare.
Exigimos la libertad de Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner.
En el plano internacional, el gobierno abandona la soberanía y la integración regional, alineándose con potencias y gobiernos que representan intereses contrarios a los de nuestros pueblos, mientras ataca a países hermanos y procesos populares de América Latina como los liderados por Petro en Colombia y Lula en Brasil. Argentina ha abandonado su histórica tradición de neutralidad para adoptar un alineamiento total con el bloque occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, celebrando el secuestro de Maduro y Cilia Flores en Venezuela, votando contra Cuba, y declarándonos en guerra con Irán! Lo que nos convierte en blanco para un posible atentado.
Nos sumamos al pedido por la libertad de Laura y Carmen Villalba en Paraguay y Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, rehenes del imperio. La pérdida de soberanía se profundiza permitiendo una presencia militar inédita en puntos estratégicos como Tierra del Fuego, y con un abandono de la causa Malvinas al priorizar el comercio con el Reino Unido por sobre el reclamo territorial.
En nuestra provincia, este modelo avanza con la complicidad de gobernadores como Sáenz, que acompañan cada una de estas políticas, tanto con sus votos en el Congreso como con el impulso de modelos extractivistas —como el del litio— que profundizan la dependencia y el saqueo de nuestros territorios. Milei ve a los recursos naturales como una caja registradora para que entren dólares, dejando de lado la idea de "bienes comunes” para pasar a una lógica de mercado.
Con el RIGI, les dio vía libre y beneficios gigantes a las mineras y petroleras por 30 años, mientras de paso achicó los presupuestos para cuidar bosques o apagar incendios. La movida es clara: menos trabas ambientales (como en la Ley de Glaciares) y más facilidades para que las empresas exploten todo rápido, bajo la idea de que si un recurso tiene dueño privado se cuida mejor que si es del Estado. Nada de esto sería posible sin la complicidad de sectores del poder: legisladores que votan el ajuste, jueces que lo convalidan y una prensa hegemónica que lo encubre y legitima.
A 50 años del inicio de la última dictadura militar, junto a los pueblos indígenas reivindicamos su histórica lucha contra la persecución y el silenciamiento estatal, recordando a los hermanos asesinados y desaparecidos en la defensa de una patria justa y diversa.
Denunciamos el actual retroceso y cuestionamiento de derechos territoriales y ciudadanos por parte del gobierno nacional y las provincias, comparando este escenario con las épocas más oscuras del país. Exigimos el fin de los genocidios y del negacionismo, reafirmamos que no puede existir una verdadera democracia ni una nación argentina sin la plena inclusión y el reconocimiento de las identidades preexistentes. Compañeras y compañeros: retomemos los ideales de nuestros 30.000.
No podemos ser indiferentes ante un gobierno que avanza con rasgos autoritarios y prácticas que remiten a lo peor de nuestra historia. Más que un epílogo histórico, esta fecha emblemática debe activar una militancia que proteja los intereses populares. Hoy enfrentamos nuevamente a los sectores financieros internacionales que, bajo el disfraz democrático, amenazan nuestra soberanía. Frente a la entrega de los "vendepatrias", la única opción es la victoria. En nombre de nuestros 30.000, convocamos a la unidad y a la organización para la lucha. Hoy más que nunca debemos comprometernos a movilizarnos de forma permanente en defensa de los Derechos Humanos, de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Porque sin memoria no hay verdad, sin verdad no hay justicia. Y sin justicia social, no hay democracia real.
Celebramos la pluralidad expresada en este documento y agradecemos a todos y cada uno de las compañeras y compañeros que se sumaron a las acciones impulsadas por los organismos de Derechos Humanos para que este medio siglo de lucha no pase desapercibido.
Informe: NA, Ámbito.com, agencias y Agensur.info
0 comments :
Publicar un comentario