Nacionales - La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) cuestionaron y mostraron su 'profunda preocupación' por el lanzamiento que hizo el Gobierno de una Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Anunciada en X, la nueva repartición estatal se dedicará, según detalló, a desmentir lo que desde Casa Rosada se consideren 'fake news'.
La medida fue impulsada por pedido expreso del presidente Javier Milei, y dependerá de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
Mediante un comunicado, ADEPA manifestó su “inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso que puede tener el nuevo organismo" que avalaron desde el Poder Ejecutivo. "La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”, aclaró la entidad periodística.
"El proclamado objetivo de ‘desmentir’, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces", continuó ADEPA.
"Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública“, expresaron en su mensaje.
En tanto, sumaron: “El mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.
El organismo de entidades periodísticas enfatizó que “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.
“Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de ‘operaciones de los medios’, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales", añadieron en el comunicado.
Documento de FOPEA
Por su parte, FOPEA arrancó: "El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre".
El documento completo expresa:
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de “desmentir activamente la mentira” y “dejar en evidencia operaciones”.
El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma. El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una “verdad oficial” indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre.
Advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un “tribunal de la verdad”. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica.
Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial.
A lo largo de 23 años de vida institucional, nuestra organización ha venido planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar.
Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública.
Informe: Perfil.com, FOPEA, agencias y Agensur.info
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