Maximiliano Ferraro
Nacionales - En medio del escándalo por el DNU 941/25 que firmó el presidente Javier Milei el cual introduce
una reforma integral del sistema de inteligencia y otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un grupo de diputados del bloque Provincias Unidas presentaron un recurso de amparo ante
la justicia para declararlo inconstitucional.
Se trata de los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón quienes en el escrito solicitan que el DNU sea declarado inconstitucional y la nulidad absoluta e insanable, por resultar violatorio de los Artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación aplicable por disposición del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Además, solicitan medida cautelar para la suspensión de los efectos y vigencia del Decreto N° 941/2025 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. “De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso, cuando así convenga al organismo o, así lo decidan las autoridades del momento. Estas o las que vengan”, agregan.
“La disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple con los presupuestos para el dictado de los DNU -artículo 99 inc.3 C.N.-, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna, y además vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, -como la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia-, que fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”, señalan Frade, Ferraro y Paulón.
En esa línea añaden que “constituye una desviación de poder y un abuso de derecho público, violatorio del principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y la doctrina nacional e internacional aplicable en la materia”.
“Subsumir en un único organismo, todas las áreas de seguridad interior e inteligencia estratégica; pone en riesgo el uso de las metodologías adecuadas para cada caso. El mayor de los riesgos es que, a instancias de los mensajes políticos de cada momento, se aplique inteligencia de guerra o de seguridad interior, contra los propios ciudadanos”, alertaron.
Así, explicaron que cuando esto sucede “las consecuencias son las peores. El proceso puede conducir a dar tratamiento de ‘enemigo externo’ a grupos internos, ciudadanos que demanden satisfacción de reclamos, periodistas que investiguen, políticos opositores, etc.”, debido a que “cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado. Dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado argentino, que a una cuestión de seguridad interior, es la antesala inmediata a la existencia de un ‘Estado policial’”.
“Hubo un dato precedente que, no podemos soslayar. El Poder Ejecutivo dispuso del uso de partidas secretas para la SIDE, a través del DNU 849/2025, del 1/12/2025, mediante las que asignó $26.118 millones al organismo, en el mismo momento que disminuía partidas para áreas públicas altamente sensibles. El Decreto ofrece zonas grises, que son justamente el lugar en la que se consuman los abusos del poder”, explican Frade, Ferraro y Paulón.
“Un esquema de inteligencia estratégica democrática debe impedir, entre otras cosas, que los agentes de inteligencia tengan, lo que este decreto les ofrece: la posibilidad de aprehensión de los ciudadanos. Se debe priorizar de modo excluyente, el principio de ‘Datos con propósito’”, consideran. “No se puede hacer ‘inteligencia’ con los ciudadanos, a menos que existan amenazas reales validadas por la Justicia. En el caso, esto está garantizado a la inversa, el artículo 2 bis de la Ley 22.250, que introduce este decreto, establece que ‘todas las actividades de inteligencia son encubiertas’ (sic)”, concluyen los diputados.
Informe: Parlamentario.com
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