Por Fernando Laborda
El atentado contra Cristina Kirchner pareció cohesionar a la coalición gobernante alrededor de la figura de la vicepresidenta y alentó incluso el lanzamiento de globos de ensayo en torno de su potencial candidatura presidencial para 2023. Sin embargo, en su primera aparición pública tras aquel episodio del 1° de septiembre en Recoleta, la propia expresidenta se ocupó de relativizar esa posibilidad: “No son las cosas que me seducen y animan”, acaba de confesar.
Aun cuando toda declaración política deba ser tomada con cautela, lo cierto es que estamos ante una de las mayores coincidencias de Cristina Kirchner con la inmensa mayoría de la ciudadanía, que hoy no solo rechaza su eventual postulación presidencial, sino que tiene una pésima imagen de ella, de acuerdo con todos los sondeos de opinión pública conocidos en los últimos días.
Según la encuesta de Giacobbe & Asociados concluida el 8 de septiembre entre 2500 personas, la imagen negativa de la vicepresidenta alcanza el 72,4%, mientras la consultora Synopsis la sitúa en la última semana en el 70,3% (solo dos puntos mejor que antes del atentado). Management & Fit da cuenta de una percepción negativa sobre la expresidenta del 64,6% en su estudio terminado el 13 del actual entre 2200 personas.
El ataque que sufrió Cristina Kirchner a manos de Fernando Sabag Montiel tampoco conmovió a la opinión pública de tal manera que pueda modificar la percepción sobre su situación frente a la Justicia en las causas por corrupción pública. El 70,3% de los consultados por Giacobbe la considera culpable y cree que el Poder Judicial está haciendo bien su trabajo; solo el 19,7% la juzga inocente. Según el estudio de Management & Fit, el 62,5% cree que es culpable y que debe ser condenada y privada de su libertad. Finalmente, el 88% de los encuestados por Synopsis no considera que el atentado tenga que frenar el juicio por la causa Vialidad contra la vicepresidenta.
En síntesis, el hecho ocurrido frente al domicilio de la vicepresidenta no ha contribuido a mejorar su imagen ni ha ablandado la postura de la ciudadanía frente a su situación judicial. Paralelamente, ni las desopilantes derivaciones del atentado, con la particular presentación en sociedad de la banda de los copitos, alcanzaron para desviar la preocupación social de la grave situación económica nacional.
La inflación minorista del 7% en agosto hizo que se acumulara un aumento del 78,5% en los últimos 12 meses, lo cual la convierte en la más alta desde 1991, al tiempo que casi todos los pronósticos la proyectan arriba del 100% para este año. No solo se trata de la inflación más elevada de la Argentina en los últimos 32 años. En el orden internacional, nuestro país ostenta un índice anual solo superado por naciones como Zimbabwe, el Líbano, Sudán y Venezuela.
Pero, además, la inflación viene carcomiendo el poder adquisitivo de los argentinos. No exclusivamente de aquellos de menores ingresos en la pirámide social, sino de vastos sectores asalariados de clase media. Por caso, en la Argentina, tomando la cotización del dólar tarjeta (262,80 pesos) se necesitarían hoy 3,85 salarios mínimos de 51.200 pesos para comprar la versión más económica del flamante iPhone 14 (749 dólares, según el precio internacional oficial). Así, mientras un asalariado argentino debería invertir su sueldo mínimo de casi cuatro meses para comprar ese teléfono celular, un trabajador paraguayo (cuyo salario mínimo equivale a 382 dólares) debería invertir dos meses y un trabajador chileno (cuyo haber mínimo se equipara a 440 dólares) debería invertir solo 51 días.
Las consecuencias políticas para el oficialismo del salto inflacionario están a la vista. Distintos gobernadores peronistas comienzan a abrir el paraguas antes de la tormenta electoral que ya presagian. En los últimos días, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, se sumó al lote de mandatarios provinciales que prevén adelantar las elecciones de sus distritos y desdoblarlas de las nacionales. Ya lo habían hecho Tucumán, Salta y Río Negro.
La declaración de Cristina Kirchner corriéndose de una candidatura presidencial nos lleva a la vieja fábula de la zorra y las uvas. La zorra, al no poder alcanzar el hermoso racimo de uvas maduras que se hallaba en lo alto de un árbol, prefirió esgrimir ante quienes la escucharan que había desistido de obtener las uvas porque estaban verdes y no eran alimento para un paladar tan refinado como el suyo.
Igual o mayor sorpresa provocó el curioso llamado al diálogo por parte de la vicepresidenta. “La gracia no es juntarse con los que piensan igual. La gracia es juntarse con los que piensan distinto y ver si, al menos en economía, podemos tener un acuerdo mínimo”, afirmó antes de imbuir de un matiz espiritual a su mensaje: “Hay que hablar con todos, como hizo Cristo”.
Que Cristina Kirchner aparezca hablando de un acuerdo en materia económica fue interpretado de una sola forma en la principal fuerza opositora: la expresidenta buscaría compartir con sus adversarios políticos el costo de un ajuste que a ella le desagrada y que le objetó en su momento a Martín Guzmán, pero que hoy considera inevitable, aunque nunca lo dirá públicamente.
Mientras invita al diálogo, paradójicamente, insiste en la hipótesis del discurso del odio que se fogoneó al unísono desde el Gobierno para responsabilizar por el reciente atentado a la oposición, a los jueces independientes y a la prensa indócil ante el kirchnerismo. Su última innovación fue involucrar al papa Francisco, a quien utilizó políticamente cuando reveló que el Sumo Pontífice la llamó y le dijo que “los actos de odio y de violencia siempre son precedidos de palabras de odio”.
Es probable que además de buscar comprometer a la oposición con los costos de un ajuste económico, el cristinismo tenga otras intenciones al llamar a un diálogo, asociadas con la búsqueda de impunidad.
La extorsiva frase del senador José Mayans, quien condicionó la paz social al final de la causa Vialidad, dice mucho al respecto. Más allá del fantasioso deseo de Cristina Kirchner de ser absuelta y de que los magistrados que la juzgan le pidan perdón de rodillas, hay en el kirchnerismo dirigentes partidarios de negociar una ley de pacificación nacional, que incluya una amplia amnistía para los presuntos delitos de los que pudieran ser responsables tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri. Algunos de ellos buscarían agarrarse de una propuesta que le escucharon a Miguel Ángel Pichetto, referida a un tratamiento especial que deberían tener los expresidentes de la Nación ante la Justicia.
La mala noticia para el kirchnerismo es que las causas judiciales que involucrarían a Macri no han avanzado a la misma velocidad en que avanzaron en los últimos meses aquellas en las que la vicepresidenta está imputada por gravísimos delitos, como el de encabezar una asociación ilícita, ni tienen la misma envergadura que estas.
Las dificultades de la coalición gobernante para convocar al diálogo son más que evidentes. A sus voceros suele traicionarlos el inconsciente. Le sucedió días atrás al ministro Eduardo “Wado” de Pedro cuando, después de insistir en la búsqueda de acuerdos, se despachó contra “jueces y fiscales que juegan al fútbol o toman whisky con Macri”.
Entretanto, el ala política del Gobierno se entretiene jugando a la posibilidad de eliminar las PASO del año venidero para quitarle a Juntos por el Cambio la mejor herramienta para dirimir sus diferencias internas, o bien intentando convertir a las escuelas en unidades básicas mediante la entrega de instructivos referidos a los “discursos del odio”. Solo parece quedar Sergio Massa para intentar algo distinto, aunque más no sea para comprar tiempo.
© La Nación
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