domingo, 23 de agosto de 2020

El laberinto de Alberto Fernández

Por Gustavo González
El duopolio es una variante más sofisticada de esa enfermedad del capitalismo llamada monopolio: dos grandes grupos económicos se dividen el mercado, incluso dando la sensación de que compiten entre ellos, pero en la práctica acuerdan por anticipado precios y condiciones.

Cuando los Estados no intervienen, pueden pasar distintas cosas: que el duopolio se mantenga, impidiendo que otros jugadores compitan y perjudicando a los consumidores, que uno de los monopolios termine subsumiendo al otro o que ambos se destruyan.

Duopolio. Esta es la tensión histórica de la política argentina. Desde hace setenta años conviven dos grupos que dominan el mercado electoral y cuyos representantes se reparten el poder. Uno es el peronismo y el otro su contraparte no peronista o antiperonista. Hubo momentos en los que convivieron como duopolio, más o menos satisfechos con la porción que les tocó, pero en otros terminaron en disputas que a veces incluyeron enfrentamientos armados y muertos con el objetivo de someter al otro y promover un solo monopolio.

También hubo momentos en los que, como frente a las distorsiones de los monopolios en el capitalismo, los gobiernos deciden intervenir para diluir los conflictos.

Ocurrió, por ejemplo, durante las presidencias de Alfonsín, Menem y Duhalde. Alfonsín intentó construir una nueva alianza superadora de las dos existentes (el “Tercer Movimiento Histórico”), y mantuvo relaciones maduras con el peronismo renovador, que cerró filas junto a él frente a los levantamientos militares. Menem apuntó a una “reconciliación” desde la historia (Rosas y Sarmiento, Rojas y Perón, indultos a montoneros y militares) y sedujo con subir a unos y otros a la tentación del Primer Mundo. Y Duhalde recurrió al consenso entre los sectores en conflicto como la única alternativa de supervivencia posible después del 2001.

Néstor Kirchner prometía ser el heredero de esa política de conciliación a través de la “transversalidad”, pero pronto se impuso la concepción schmittiana de “amigo/enemigo” y del “vamos por todo”, que tuvo su máxima expresión durante el segundo mandato de Cristina.

El macrismo en un principio amenazó con constituir una nueva alianza que cruzara a los dos grupos dominantes, con liberales, conservadores, radicales y peronistas; representaciones políticas de sectores sociales altos, medios y bajos. Pero su praxis política lo fue recluyendo en el espacio histórico del no-peronismo.

Alberto Fernández montó su campaña electoral sobre la idea de la antigrieta, expresión sociológica de una política económica antitrust.

Bajo la consigna de que si no lograba sumar votos de los dos grandes grupos, perdería la elección. Le dio resultado: el segundo lugar de Cristina en la boleta y el bajísimo perfil que ella tuvo durante la campaña generaron esperanzas en los que suponían que se abriría una nueva etapa histórica de no confrontación.

El comienzo de la pandemia regeneró esa expectativa, cuando semana tras semana el Presidente se mostró tendiendo puentes junto a gobernadores e intendentes de todas las tendencias.

Tres campos de batalla. Pero el duopolio de los que viven de la grieta nunca desapareció. No solo porque esta disputa lleva décadas y está arraigada en ciertos sectores sociales, sino porque es un gran negocio. Los millones de personas para los cuales la grieta encorseta bien sus angustias y temores y les simplifica la forma de ver la realidad conforman una demanda tan importante que necesariamente genera su oferta para satisfacerla. Son políticos, sindicalistas, dirigentes sociales, economistas, periodistas y medios de comunicación que alimentan esa demanda con productos a medida.

Ocho meses después de llegar al poder, el Presidente se enfrenta a estas dos fuerzas que volvieron a declararse la guerra en el afán de someter a la otra. Hoy hay tres campos principales de batalla:

1) La Justicia: la pelea es causa contra causa, presos contra presos, Cristina y su familia contra Macri y la suya. La caricaturización de la Justicia como forma de alcanzar un eventual armisticio que deje en libertad a todos, o a casi todos.

2) La economía: la pandemia y la consiguiente destrucción económica le otorga a quien controla los resortes del Estado un poder único, capaz de beneficiar o perjudicar a los distintos grupos de poder. El viernes, el Gobierno declaró como servicios públicos a la telefonía fija, celular, internet y televisión paga, y congeló sus precios. Clarín es el único grupo afectado en todos los rubros y tomó nota en su principal título del diario de ayer: “Una medida para compañías estatales, aplicada a empresas privadas”.

3) Los medios: es donde se da la batalla por el relato. Pero no ya para convencer al otro, porque la grieta es tan profunda que los seguidores de cada lado solo atinan a escuchar los mensajes que confirman sus propios prejuicios. La información sesgada como patología del periodismo volvió a convertir al periodismo en un arma de guerra.

A Alberto Fernández le va a ser cada vez más difícil mostrarse como una pieza superadora de las fuerzas en pugna, cuando una de ellas tiene un rol clave en su gobierno y presiona más a medida que pasan los meses.

Intervenir el mercado del odio. Una parte importante de los que marcharon el lunes pasado volvió a activar el chip de la confrontación frente al intento de reforma judicial. La reforma claramente es un significante: la enorme mayoría no leyó una línea de las 50 páginas del proyecto ni conoce sus pormenores. No necesitan hacerlo porque para ellos significa, simplemente, que se quiere dejar en libertad a los kirchneristas acusados por corrupción, empezando por la ex presidenta.

No solo es impensable que, con la actual relación de fuerzas, esa reforma prospere: es impensable que el Presidente crea que pueda prosperar.

Curiosamente, reformar la Justicia argentina no sería difícil. Es un anhelo social que contaría con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas y de los especialistas de cada sector. Solo habría que crear las condiciones de diálogo y de trabajo para que eso sucediera, escenificando ante la sociedad que se trata de una mejora no hecha para beneficiar a nadie en particular.

Puede que el albertismo y el massismo sepan que la reforma, así como está, no va a ocurrir; pero que esa sea su estrategia para demostrarle a la tercera y más sensible pata de la alianza oficialista (el cristinismo) su deseo de colaborar frente a sus problemas judiciales, aunque al final no lo logre.

En cualquier caso, la pregunta es si el Presidente podrá seguir surfeando como lo hizo hasta ahora o deberá intervenir para evitar que los monopolios de la grieta se destruyan mutuamente y terminen destruyéndonos a todos.

Este es el verdadero laberinto en el que se encuentra Alberto Fernández.

Nadie dice que sea sencillo salir de ahí, pero más complejo le será llevar adelante transformaciones profundas y generar la imprescindible confianza económica, si sigue dejando que las fuerzas del mercado del odio resuelvan este conflicto por las suyas.

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