miércoles, 3 de julio de 2019

En defensa de la libertad de expresión en Salta

La censura ejercida desde el poder

© Quino
Por Luis Caro Figueroa

He querido titular estas líneas reproduciendo literalmente el lema que desde hace más de 22 años confiere sentido y orienta la presencia y la actividad diaria de Iruya.com en la red global.

Las circunstancias han hecho que en estos momentos se produzcan en Salta dos intentos muy claros, muy autoritarios, pero al mismo tiempo muy burdos, de asfixiar la libertad que tenemos los ciudadanos de expresarnos.

Uno de estos intentos ha corrido por cuenta de una Jueza de Garantías de la ciudad de Salta, la señora María Edith Rodríguez, quien ha prohibido a los medios de comunicación relacionar a personas concretas con una investigación criminal en curso.

El otro ha sido -cómo no- el arrebato del Procurador General de la Provincia, señor Abel Cornejo Castellanos, al denunciar ante el INADI a un letrado ejerciente por un imaginario acto discriminatorio en su contra, originado presuntamente en unas palabras que el letrado denunciado pudo haber pronunciado en ejercicio de su profesión y que muy poca gracia le hicieron al Procurador General.

Hay personas que están o se sienten preparadas para ejercer la libertad de expresión, pero no están de ningún modo dispuestos a defenderla cuando es atacada. Hay otros que simplemente no están bien preparados para hacer ninguna de las dos cosas. Y los hay quienes ejercen ampliamente su libertad de opinar, pero que hacen todo lo posible para que no se escuche la voz de quienes, ejerciendo idéntico derecho, critican sus acciones.

Cuando uno está a favor de la libertad de expresión debe estarlo con todas sus consecuencias, y aceptar que quien no piensa como uno también tiene derecho a expresarse libremente, incluso cuando lo hace en contra de uno.

La medida cautelar de la jueza Rodríguez

Quiero aclarar que la decisión de la jueza Rodríguez no me ha afectado a mí personalmente, ni al medio de comunicación en el que habitualmente escribo mis opiniones. Y no lo ha hecho, entre otros motivos, porque nunca publicamos una sola línea sobre los presuntos abusos sexuales del señor Lautaro Teruel, ni tenemos pensado hacerlo.

Pero que no nos interese a nosotros no quiere decir que no haya en Salta y en el país cientos de profesionales del periodismo que han resultado afectados por una decisión judicial extraña e irregular, cuyos ribetes antidemocráticos ya han sido comentado largamente por los afectados. Y aunque no soy periodista ni pretendo serlo, pienso que una decisión tan poco fundamentada y tan ignorante del derecho vigente como la de la señora Rodríguez ataca directamente al derecho de libertad de expresión, sin el cual se vuelve por completo imposible el recto ejercicio de la profesión periodística.

Tampoco se debe olvidar que esta profesión merece un respeto especial por cuanto, entre otras cosas, administra un derecho ajeno: el derecho de los ciudadanos a ser informados. Con esto no se puede jugar, entre otros motivos porque la información de los ciudadanos es la clave misma de la democracia. No se puede desplegar un manto de oscuridad sobre un asunto que, más allá de la identidad o de la popularidad de sus protagonistas, necesita luz e información abundante y veraz.

Por supuesto que hay excesos informativos y personas sin escrúpulos que hurgan en las vidas ajenas buscando basura y clics fáciles. Pero son los menos y los que más rápidamente pueden ser puestos en vereda por la justicia. La gran mayoría de informadores es consciente de la trascendencia pública de un asunto que, por interés, algunos pretenden hacer creer que se trata de un «ligero desvío» de la vida privada de unos individuos medio famosos. Es obligación de todos respetar el trabajo de quienes se esfuerzan todos los días por informarnos.

La denuncia contra el abogado Arancibia

En la disputa entablada entre el señor Abel Cornejo y el letrado Pedro Javier Arancibia no tengo casi ninguna duda acerca del lado en el que estoy. Y me gustaría explicar aquí las razones de mi seguridad.

Estoy convencido de que a Cornejo le gusta más que a ningún otro expresarse con entera libertad en cuanto medio de comunicación encuentre dispuesto a recoger sus opiniones. No hay asunto que se le escape, por intrascendente que sea, excepto quizá la rendición de cuentas de su largo desempeño como juez, primero del orden federal, y después de la Corte de Justicia provincial. Para esto último, al parecer, no hay micrófonos y cámaras disponibles.

Se podría pensar que Cornejo es un defensor a ultranza de la libertad de expresión, y no estaríamos muy descaminados si afirmásemos que es un verdadero campeón defendiéndola, pero siempre que se trate de la suya propia. La libertad de expresión de los demás le trae al fresco, le molesta hasta límites que se han podido ver con nitidez los pasados días, con la formalización de su denuncia contra Arancibia en el INADI.

Que Cornejo no es muy tolerante con las opiniones discrepantes es algo que no afirmo aquí y ahora desde la observación distante sino desde la propia experiencia, pues recientemente el Procurador General me envió un correo electrónico en el que expresaba su inocultable molestia por una opinión mía, que, a juicio de él, le afectaba personalmente.

No fue la primera vez que Cornejo intentó que yo dejara de hacer lo que vengo haciendo desde hace un cuarto de siglo. En el mes de febrero de 2017, siendo él juez de la Corte de Justicia de Salta, se tomó el trabajo (realmente inusual para un juez de tan alta estatura) de «notificarme amistosamente» la decisión cautelar de la jueza señora Cecilia Ávila que había resuelto censurar un vídeo rodado por los franceses y emitido libremente en el país en que fue producido, relacionado con el asesinato de las turistas francesas.

Lo curioso es que Iruya.com había ya retirado ese vídeo -en cuyo contenido, producción o difusión global no influyó de ningún modo- mucho antes que los presuntos ofendidos se prendieran de las faldas de la jueza para pedirle su auxilio. Y lo hizo, no a pedido de ningún juez de Salta -desde luego, no a pedido de Cornejo- sino a pedido de los mismos productores franceses, e, insisto, mucho tiempo antes del triste desenlace judicial de este asunto. La decisión de la jueza Ávila vino a decir en su momento que es justo u legal que una sola persona, en nombre de una susceptibilidad extrema y un orgullo a prueba de balas, decida que es necesario colocar un cerrojo autoritario a un material informativo que, independiemente de su veracidad y de su rigor, puede contribuir a esclarecer muchos asuntos que permanecen oscuros en Salta.

Si Cornejo hubiera estado entonces tan entusiasmado por «esclarecer crímenes aberrantes»como asegura estar ahora, seguramente no se habría enfundado el traje de oficial de justicia y me habría dado aquel amistoso tatequieto en febrero de 2017. Al contrario, si su compromiso con la verdad fuese el que él dice que es me habría pedido que intercediera ante los franceses para que aquel vídeo, calificado por el mismo Cornejo como notitia criminis, tuviera entonces la máxima difusión posible.

Si el ahora Procurador General hubiera tenido en aquellas fechas el mismo apetito justiciero que dice estar carcomiéndolo por dentro, y si de verdad respetara la libertad de los demás a opinar y expresarse, probablemente en aquel momento se habría arremangado, habría hundido las manos en el fango y, sin mirar quién pudiera caer en la volteada, se hubiera puesto a buscar bajo las piedras a quienes torturaron, violaron y asesinaron a sangre fría a Cassandre Bouvier y Houria Moumni en julio de 2011.

Pero eso no ocurrió. Los asesinos de las jóvenes siguen libres y sin ser inquietados por la autoridad, por una autoridad que lo sabe y que sin embargo guarda silencio, o algo un poco más complicado que eso. A mí (y ni qué decir a los franceses) me quedó siempre la sensación de que el poder nunca quiso que esos crímenes se investigaran a fondo. Mi deber como ciudadano, sin embargo, es exigir que estos crímenes sean debidamente esclarecidos y en un plazo razonable.

Desde luego, lo que debemos preguntarnos es por qué Cornejo no ha invitado aún a su despacho a compartir medialunas y sacarse la foto a Jean-Michel Bouvier, el francés que lucha incansablemente porque los asesinos de su hija aparezcan y sean castigados.

La dignidad herida de la profesión de abogado

Pero una cosa es que alguien pretenda silenciar a un ciudadano que opina ejerciendo su libertad de expresarse y transmitir ideas a través de las fronteras (derecho reconocido y protegido a nivel internacional) y otra cosa es que esa misma persona, desde una posición de poder, ataque los cimientos sobre los que descansa la abogacía.

Si antes no he querido opinar como el periodista que no soy, no tengo dudas de que, como abogado que sí que soy, estoy obligado a reaccionar contra lo que considero es un ataque desembozado a la dignidad de mi profesión. Lo hago casi todos los días en el país en el que vivo, en donde debo enfrentarme a diario y en la máxima soledad a jueces y fiscales autoritarios, e incluso a abogados xenófobos que no dispensan a sus colegas el trato respetuoso y comedido que se merecen.

Con su denuncia a Arancibia, Cornejo ha atacado a los más de tres mil abogados que ejercen regularmente en Salta. Y lo ha hecho con un solo disparo. No se debe perder de vista ni por un minuto que lo que está haciendo Arancibia no es sino ejercer la defensa jurídica de alguien que ha contratado sus servicios, y el primer deber del abogado es el de la lealtad para con su cliente. Los abogados disfrutamos de plena libertad para utilizar cualquier medio de defensa legítimo y justo, siempre que sea obtenido de forma legal, y tenemos la obligación de terminar los procedimientos que iniciamos. Esto deberían saberlo los fiscales y aguantarse los recursos dialécticos de los abogados, incluida la fina ironía.

Si Arancibia se ha propuesto ejercer su profesión con autónoma dignidad y no con servilismo y doblando las rodillas frente a un poder insolente y avasallante, ya no es tanto problema de él como de quienes pretenden que no haga su trabajo como lo viene haciendo.

Por supuesto que el abogado debe colaborar con la justicia y respetar a los magistrados, pero es esta una obligación estrictamente recíproca, un camino de ida y vuelta con carriles del mismo ancho en cada lado, pues la justicia también debe colaborar con la abogacía y esta es siempre, siempre acreedora al respeto de los magistrados. Y si un magistrado pone antes en entredicho la integridad profesional de un abogado, lógico es que el abogado reaccione en consecuencia.

Frente a un objetivo tan desbordante como lo es el de encontrar y castigar a los que mataron a Jimena Salas, que alguien saque a pasear su ego y su susceptibilidad antes de cumplir con su deber para con la sociedad es realmente un insulto a la inteligencia común de los ciudadanos de Salta. Quienes ejercen una responsabilidad pública, y además han sido designados a dedo por el gobierno, sin ningún control democrático, deben aceptar la censura ciudadana sin más limitación que la ilegítima injerencia en la vida privada y familiar de las personas.

Los abogados, por su parte, no deben en ningún momento experimentar miedo o temor por la hiperactividad mediática o por las amenazas o las denuncias de los magistrados. Ellos no están por encima de los abogados, sino a su altura. Ellos -los jueces y fiscales- no guardan en sus cajones las claves del universo ni el tarro de las esencias jurídicas. Aquí todos hemos estudiado lo mismo y los abogados, en general, atesoran conocimientos de derecho mucho más solventes y valiosos que todo el conjunto de la magistratura. Al menos, en el caso de la magistratura salteña.

Lo que ha intentado el procurador Cornejo -esto es, enfrentar a los abogados con los magistrados- es el retrato hablado de la impotencia humana, o el de la prepotencia que viene generalmente unida a la incapacidad para modificar un determinado estado de cosas desde el pedestal del poder.

Por eso es que desde aquí, y con la sola autoridad que me confiere mi trabajo diario para que la democracia y la convivencia mejoren en Salta, es que efectúo un público llamamiento al Colegio de Abogados y al Colegio de Magistrados de Salta a elaborar una declaración conjunta que reafirme el buen entendimiento entre los dos colectivos y que desaliente las denuncias, la persecución y las descalificaciones de unos contra otros, dejando a salvo el sagrado derecho de los abogados, en su faz de ciudadanos, de poner en conocimiento de las autoridades competentes el mal desempeño de quienes ostentan un cargo público.

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