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| Por Gustavo González |
Los partidos ya eligieron a sus candidatos, saben quiénes serán sus postulantes a presidente, a senadores, a diputados, a concejales.
Salvo raras excepciones, no necesitarán
consultar a sus seguidores ni a los millones de no-afiliados con obligación de ir a votar. Ya está todo decidido.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del electorado nacional, no habrá ni una interna para dirimir candidatos a gobernador o diputados. Tampoco en ninguna provincia habrá internas para presidente.
Lo que sí sucederá el 11 de agosto es la escenificación de unas votaciones nacionales.
Las mesas abrirán a las 8 y cerrarán a las 18. A la madrugada habrá un escrutinio provisorio y semanas más tarde el definitivo. Los medios cubrirán
la jornada y los candidatos no se proclamarán vencedores de una interna que no existió sino que medirán los puntos que los separan de los candidatos de los otros partidos (que es lo mismo que van a volver
a hacer en los comicios de octubre).
Y para que la escenificación sea veraz, el Estado gastará cerca de $ 4 mil millones en esta suerte de gran encuesta para conocer a los candidatos mejor posicionados para
las generales. No es un monto elevado para un presupuesto nacional, pero todo es mucho si no sirve para (casi) nada.
País increíble. Haciendo honor al eslogan de PERFIL, “Un diario creíble en un país increíble”, los argentinos pagamos por la
costosa irrealidad en la que no solo no existen las internas, sino tampoco la vida partidaria ni los afiliados. Lo que existe es una teatralización electoral que simula una competencia precedida de debates políticos
en cada agrupación, de los que habrían participado miles de afiliados (en lugar del dedo real de cada líder partidario).
En ese "país increíble" también existirían millones y millones de afiliados. Esto al menos sostiene la Cámara Electoral, que en sus
registros contabiliza ¡8,3 millones de argentinos afiliados! Una fantasía urdida por la necesidad de los punteros partidarios y el alquiler de sellos políticos a candidatos sin estructura o a nuevas coaliciones.
Con datos tan insólitos como que el tercer mayor partido de la Argentina es el inexistente Frente Grande. O que en provincias como Jujuy, Corrientes y Formosa, casi la mitad de la población figura como afiliada.
Lo cierto es que ni las PASO ni los millones de afiliados existen. Sí existe la norma por la cual 33 millones de argentinos están obligados a ir a votar a internas irreales
de partidos sin actividad partidaria a los que tampoco están afiliados.
Parafraseando a Bertolt Brecht (“Esta cerveza no es una cerveza, pero eso está compensado por el hecho de que este puro no es un puro”), se podría decir que estas elecciones no son elecciones, pero eso queda compensado
por el hecho de que los millones de personas que van a votar no están afiliadas ni interesadas en participar de las internas de los partidos.
Si el domingo 11 de agosto de verdad los argentinos sintiéramos el profundo deseo de ir a elegir entre distintos postulantes a ser los candidatos de cada espacio y nos encontráramos
que esas elecciones no tienen lugar, habría un estado de conmoción social. Lo mismo ocurriría, en sentido inverso, si cada partido presentara a sus candidatos para competir en internas y nadie fuera a
votar.Pero en este “país increíble” hay un orden: no habrá competencia interna por la que votar en agosto y a nadie le interesa demasiado que la haya. “Mientras que todo se vuelve coherente
–escribió Baudrillard–, todo se equilibra y todo está en regla, idénticamente irreal, idénticamente inexistente”.
Electoralitis. El titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, esta semana se tomó el atrevimiento de verbalizar el absurdo: “Creo necesario revisar
la utilidad de las PASO. Es sensato suspenderlas en los cargos y provincias en los que no hay competencia interna. El Congreso debería trabajar en eso, para cuidar el dinero público”. La provincia que gobierna
es otra en las que se irá a votar para elegir nada.
Está claro que, en medio de una campaña, es imposible cualquier corrección.
También está claro que la audacia para corregir rápido lo que está mal, no es una característica de los políticos argentinos.
Cornejo ni siquiera habló de eliminar las PASO, sino de reconocer que es un mecanismo que los partidos no utilizan. Una solución a medias sería modificar la ley para
que solo participen de las primarias aquellos candidatos que tengan algo para dirimir en una interna.
Aunque el debate de fondo es si resultó una buena idea obligar a todas las personas a participar de internas partidarias que en la práctica no existen, y en las que no
están interesados en participar. O si eso debería estar reservado para los afiliados de cada agrupación.
En el Gobierno se acepta que en algún momento se evaluó reformar el sistema de primarias y que se lo volverá a analizar en el futuro, pero no hay urgencia por hacerlo.
También se hacen eco del problema que genera en la gobernabilidad de un país siempre en vilo como la Argentina, el actual sistema de elecciones bienales.
En la práctica, cada dos años se destinan cinco meses para hacer campaña y hay distritos en los que se vota hasta seis veces en el año. Esto representa el
40% del tiempo de un año de gestión. O el 20% en dos años. El mismo Macri se queja de lo difícil que es gobernar lidiando con ese clima, con la intencionalidad electoralista de aliados y opositores
y con inversores atentos al minuto a minuto de las encuestas. El kirchnerismo se quejaba de lo mismo. Aunque ni uno ni otro hará nada al respecto: es políticamente riesgoso diagnosticar la electoralitis como
enfermedad institucional en un país en el que durante tantas décadas estuvo vedado el derecho al voto.
Arriesgar. Dicen que los valientes son aquellos dispuestos a dar una batalla sin saber si la van a ganar. Y nada es más incierto que gestionar con éxito la Argentina.
Los gobernantes dirán con razón que a lo riesgoso de gobernar un país como éste, no habría que sumarle peligros adicionales. Pero no intentar correr
más riesgos, también es riesgoso. Al menos, con los riesgos que se corrieron hasta ahora, no alcanza.
Es riesgoso no pensar una reforma política a gran escala, que incluya un debate sobre la cantidad adecuada de legisladores y cuál debería ser su estructura administrativa.
Es riesgoso no terminar de avanzar en una reforma laboral que actualice los métodos de contratación y movilice el trabajo, y que garantice beneficios para empleados y empleadores. Es riesgoso que, para evitar
el poder de lobby, el Estado no intervenga frente a empresas cuyas posiciones dominantes amenazan con destruir mercados. Es riesgoso seguir diciendo que las universidades públicas son gratuitas, cuando nada es gratis
y cuando los que más las aprovechan son sectores medios y altos que podrían pagar algo para que los pobres que hoy no acceden a los claustros reciban un sustento económico para estudiar y recibirse en
plazos razonables.
Es entendible que los políticos no se atrevan a resolver problemas difíciles.
Pero los problemas también son difíciles porque los políticos no se atreven a resolverlos.
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