viernes, 29 de marzo de 2019

Sátira

Por Juan Manuel De Prada
En diversas ocasiones nos hemos expresado a favor de limitar la llamada ‘libertad de expresión’. Y el primero y fundamental de esos límites es que exista expresión en el sentido propio de la palabra. No creemos que por ‘expresión’ pueda entenderse la mera coprolalia, tampoco la hieroclastia o aversión furiosa a lo sagrado, ni la rumia esquizofrénica, ni las ensoñaciones psicopáticas o aberrantes a ritmo de rap.

Todas estas son muestras de descomposición mental que quienes vivimos de la ‘expresión’ literaria o artística deberíamos ser los primeros en denunciar, por lealtad a nuestro oficio. Otro límite de la libertad de expresión tiene que ser el objeto o finalidad hacia el que esa libertad se dirige. No creo que deba existir una libertad de expresión para injuriar o calumniar gratuitamente, ni para sembrar el odio y extender la mentira, ni para envilecer los espíritus. A la postre, los límites a la ‘libertad de expresión’ se resumen en dos: que haya auténtica expresión (y no exabrupto o vómito verbal); y que la libertad se ordene hacia un fin legítimo.

Y entre esos fines legítimos se cuenta, desde luego, la ‘censura jocosa de tipos y costumbres’, por acre y mordaz que sea. Para censurar jocosamente tipos y costumbres se creó un género literario ilustre, la sátira, que Roma encumbró hasta las más altas cotas expresivas –pensemos en los epigramas de Marcial, Catulo y tantos otros– y que en España goza de una tradición muy fecunda, con la luminaria de Quevedo a la cabeza. Durante los siglos XIX y XX muchas revistas y autores satíricos fueron injustamente perseguidos por el poder político; y en nuestra época esta conducta se repite, ante la pasividad social. En los últimos tiempos se han evacuado varias sentencias judiciales que persiguen la sátira con argumentos peregrinos e inconsistentes. Así, por ejemplo, un juez que condenó recientemente a un epigramista por lanzar sus dardos de dudoso gusto contra la diputada Irene Montero, afirmaba para justificar la condena que el epigrama en cuestión «no se trata de un texto de información, sino de expresiones de valoración de su autor sobre la demandante»; y calificaba tales expresiones como «simples expansiones desde una posición sexista y machista, gravemente peyorativas para la mujer». A un juez, además de conocimiento de las leyes, debe exigírsele una mínima formación académica; y un juez que justifica la condena a un epigramista aduciendo absurdamente que su epigrama no se trata de un «texto de información», o que incluye «expresiones de valoración», debería ser devuelto con urgencia a las aulas. Por lo demás, las expresiones machistas o sexistas pueden merecer, desde luego, reproche; pero que merezcan condena judicial se nos antoja por completo desmesurado. Lo mismo, por cierto, que confundir las chanzas contra una mujer, por burdas que sean, con expresiones gravemente peyorativas para ‘la’ mujer.

Algo parecido ocurre con una sentencia judicial reciente que obliga a una revista satírica a indemnizar a Ortega Cano, por promocionar una actuación en Cartagena con un cartel en el que el torero (oriundo de esta ciudad) aparece caracterizado como un marciano, junto a lemas surrealistas, alguno acuñado por el propio torero («Estamos tan a gustito»), otros alusivos a la rivalidad entre Murcia y Cartagena, o a los efectos perniciosos del alcohol. El cartel incluye un suave y velado recordatorio de cierta conducta del torero (considerando, sobre todo, las consecuencias luctuosas que tal conducta tuvo) que los jueces califican de «burla, humillación y ofensa» y de «vulneración del derecho al honor», ignorando que la misión de la sátira es, precisamente, censurar tipos y costumbres (aunque sea de forma tan benigna y liviana como lo hace este cartel).

Ciertamente, la sátira puede ser en manos de desaprensivos la coartada de las difamaciones más sórdidas y de los escarnios más aberrantes; pero la persecución de la sátira encubre casi siempre la persecución de un fin plenamente legítimo y aun saludable socialmente. No podemos esperar, desde luego, que las personas censuradas celebren la sátira; pero su natural enojo o desagrado no pueden erigirse en criterio para perseguir a un autor satírico. Que algunos jueces no lo entiendan así nos demuestra que Edgar Neville tenía razón cuando sostenía que el humor era la manera que tenían de entenderse entre sí las personas inteligentes. Pero una sociedad cuyos jueces criminalizan la sátira (aun la sátira más inofensiva) infunde miedo.

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