Por Fernando
Laborda
Desde que se inició el nuevo año, el gobierno de Mauricio
Macri disfruta de una suerte de veranito cambiario, acompañado por una
baja del riesgo país. En contrapartida, la inflación de 2018 resultó la más
elevada en los últimos 27 años, con su pernicioso efecto en el poder
adquisitivo de la población y en el crecimiento de la tasa de pobreza.
Nadie puede asegurar que el sosiego de los mercados sea algo más que un
alivio transitorio y pueda prolongarse hasta las elecciones de octubre. El
Gobierno estaría satisfecho con que la inflación se ubique este año por debajo
de los 30 puntos y con que la actividad económica deje de caer.
Si las condiciones internacionales ayudan, esto es, si la economía de Brasil
se fortalece y la Reserva Federal de los Estados
Unidos ratifica que el ciclo de subas en las tasas de interés ha
llegado a su fin al menos por este año, existirían razones para confiar en que
la situación económica argentina no estará peor que ahora cuando la ciudadanía
acuda a las urnas. Lo difícil será que, para ese momento, la hipotética
recuperación económica haya llegado a los bolsillos de los votantes. En
particular, de los que menos tienen y de una clase media baja que, tanto en
2015 como en 2017, apoyó electoralmente a Cambiemos, pero hoy se siente
el pato de la boda.
El 33,6% de argentinos bajo la línea de pobreza registrado en el tercer
trimestre de 2018 por la Universidad Católica Argentina representa el mayor
porcentaje de pobres de la última década. También constituye un golpe político
para Macri. Esclavo de sus palabras, el Presidente se había animado a sugerir
públicamente que, al concluir su mandato, su gestión fuese evaluada en función
de la evolución del nivel de pobreza.
Paradójicamente, los argentinos transitamos el último fin de año sin que
se produjesen hechos de violencia política, incluso en el conurbano bonaerense,
donde la pobreza supera en casi siete puntos al promedio nacional. Sin duda,
los planes sociales y el aceitado diálogo que tanto la ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Carolina Stanley, como la gobernadora María Eugenia Vidal mantienen con
organizaciones sociales contribuyeron a garantizar la paz social.
Aun así, es difícil reinventar un relato para un presidente que se fijó
la "pobreza cero" como meta y hoy se encuentra con una tasa de pobres
más elevada que la heredada del gobierno de Cristina Kirchner. La opción del
Gobierno es explicar que la pobreza no solo debe medirse en términos de
ingresos frente al costo de la canasta familiar, sino también en función de
otros parámetros asociados con la calidad de vida y la inclusión social. En tal
sentido, la gestión kirchnerista profundizó el asistencialismo, pero postergó
la realización de obras de infraestructura trascendentes.
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre 2016 y
2018 se incluyó en todo el país a 800.000 personas en la red de agua potable y
a 1.300.000 en la red de cloacas. En el mismo período, se pavimentaron casi 500
kilómetros de calles de tierra en mal estado, se crearon 428 barrios populares
con proyectos de integración urbana y se desarrollaron 13 metrobuses, que
benefician a 2,3 millones de pasajeros diariamente.
En el área metropolitana, el metrobús sumó 82 kilómetros para unos 2
millones de usuarios diarios, incluidos los de La Matanza, Tres de Febrero y
Morón, en tanto que se encuentran en ejecución metrobuses en Quilmes y en San
Martín. Se prevé que, antes del final del mandato de Macri, estén incorporados
2,8 millones de bonaerenses a los servicios de agua potable y 2,4 millones a
los de cloacas. Y para enfrentar inundaciones, se finalizaron 49 obras y hay
otras 37 en ejecución.
La forma en que se está encarando el trabajo social, sin embargo, divide
a sectores de Cambiemos. En especial a ciertos intendentes bonaerenses de la
coalición oficialista, que advierten con pesar que quienes reciben subsidios
del Estado no votan a Macri. Explican que el gobierno nacional decidió que la
ayuda social baje a la gente a través de organizaciones sociales
fundamentalmente vinculadas al kirchnerismo, que capitalizan políticamente esos
recursos. Y hablan de fondos "políticamente perdidos".
En el gobierno nacional, se defiende esa forma de relacionamiento con el
conurbano profundo. "A mucha gente, en 2015, el kirchnerismo quiso
llevarle miedo diciendo que le íbamos a sacar los beneficios sociales y está
probado que no fue así. El peronismo usó durante muchos años a las
organizaciones sociales como un aparato político y deconstruir ese sistema
llevará mucho tiempo. Lo cierto es que nosotros nunca vamos a pedir un voto a
cambio de un plan, porque creemos en la libertad de las personas más allá de
cualquier situación de vulnerabilidad y eso es parte de la cultura que estamos
cambiando", asegura a LA NACION la ministra Stanley.
No será sencillo para el Gobierno explicar que si bien hay más pobres
que antes en términos de ingresos, hoy ese segmento de la población vive con
más dignidad. Aunque el macrismo no espera ganar votos en este segmento social,
tanto la continuidad de las políticas asistencialistas como las mejoras en la
infraestructura en barrios humildes permiten contener la posibilidad de saqueos
o de otra clase de conflictos violentos que pueden amenazar la gobernabilidad.
De cara al año electoral, no obstante, la preocupación de algunas
espadas del macrismo pasa por otro sector: la clase media baja. Es un
porcentaje clave del electorado, con suficiente independencia para volcarse a
favor de una u otra fuerza política y definir una elección. Paga ABL, agua,
luz, gas y transporte, mayoritariamente sin recibir tarifas sociales ni subsidios
de nadie, y hoy sufre la pérdida de fuentes de trabajo y la caída del consumo.
Como señala Rosendo Fraga, un fenómeno global en el mundo occidental es
el de la clase media baja enojada, que está detrás de algunos de los conflictos
políticos más relevantes, como el Brexit
británico o el éxito electoral de Donald Trump. También de
ese mismo sector social se han nutrido ciertos populismos xenófobos y las
protestas de los "chalecos amarillos" en Francia.
Es difícil para el Gobierno encontrar una respuesta al desafío de la
clase media baja. A menos que la economía dé un rápido e inesperado giro, Macri
solo podría recostarse en los avances institucionales y en las políticas de
seguridad para seguir seduciendo a este sector. La lucha contra el
narcotráfico, con su récord de decomisos de drogas y de detenciones; el
protocolo para el uso de armas de fuego por la policía; la compra de pistolas
Taser, y la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años son
acciones tendientes a transmitirle a esa gente que las actuales autoridades, a
diferencia de las pasadas, están decididas a proteger a las víctimas y no a los
delincuentes. Un fin parecido tiene el anunciado control del flujo de
inmigrantes, en un contexto donde alrededor del 60% de los argentinos siente
que la llegada de extranjeros dificulta encontrar empleo a los trabajadores
nativos.
Al margen de ese mensaje, Macri deberá extremar sus esfuerzos para
explicarle a la sociedad los beneficios que, en términos de calidad de vida,
tendría el cumplimiento de la meta del déficit cero. Tendrá que comunicar con
claridad cuál es su hoja de ruta y cuándo se llegaría al destino esperado y por
qué está seguro de que la presente crisis será la última, lejos del discurso
del "Don't worry, be happy" de diciembre de 2015, pero
cuidando que la espera no se transforme en desesperanza. Como alguna vez
enunció Fernando Henrique Cardoso, "gobernar es explicar".
© La
Nación
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