Por Francisco Olivera
En su reveladora declaración ante el fiscal, Juan Chediak,
uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, cuenta que Julio
De Vido lo puso incómodo no bien arrancó la gestión. Era julio de 2003, semanas
después de la asunción de Néstor Kirchner, y ni siquiera Elisa Carrió había
descubierto el mecanismo de obra pública que denunció meses después.
Chediak
estaba en el living del departamento de De Vido solo acompañado por su colega
Carlos Wagner, otro de los detenidos, y recuerda haberle escuchado decir al
dueño de casa: "Si querés seguir trabajando tenés que pagar". Agrega
que se sorprendió, que nunca en su vida se había sentido tan
"amedrentado" y que solo atinó a contestarle que el país y las
constructoras venían de una crisis. No lo conmovió. Al contrario: el ministro
lo trató de "llorón" e insistió en que el gobierno necesitaba fondos
para la política. Desde entonces el contratista empezó a pagarle coimas. Eran
sumas de entre 100.000 y 250.000 pesos que pasó a entregarle mensualmente ahí
mismo, por lo general al lado de unos bonsáis que ahora parecen una metáfora
del modo en que Bonadio interpreta aquellos sobornos dentro del sistema
general: árboles incapaces de tapar el bosque. La carátula es la de asociación
ilícita.
Chediak fue uno de los referentes de la obra pública en esos
años. Aquel día estaba conociendo de modo brutal un andamiaje al que después se
fueron acoplando sus pares, acorralados ahora por la causa. Su sorpresa
inicial, la de un empresario cohibido ante la franqueza de un funcionario al
que la sociedad argentina todavía no conocía, es ahora un argumento con que se
defienden todos los contratistas involucrados: no es cierto que trabajen o
hayan trabajado con todos los gobiernos del mismo modo, no fueron ellos quienes
pusieron las reglas y tampoco deberían ser equiparadas empresas de décadas en
la Argentina con advenedizos que, como Lázaro Báez, se convirtieron en diez
años en grandes constructores. "Teníamos que pagar para cobrar, no para
comprar un yate nuevo", se quejaron en uno de los grupos más complicados.
La primera mala noticia para todos es que Bonadio no parece
dispuesto a distinguir demasiado. El texto con que los procesa o les dicta
prisiones preventivas tiene hasta cierta ironía. Allí describe "una
maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado nacional
en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad; que
dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios,
sin transporte seguro, etcétera, etcétera, (...) para distribuir coimas a
funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto
grupo de empresarios también se llenara los bolsillos mediante participación en
licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y
cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales en bien de cuidar
sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".
La misma frialdad que De Vido frente a los bonsáis. Y ese es
un problema no solo para empresarios o kirchneristas arrepentidos, sino también
para la Casa Rosada, que ha empezado a temer las consecuencias económicas del
asunto: que la cacería termine como en Brasil, en una parálisis que lleva
cuatro años y no da signos de revertirse. Por una vez, por la naturaleza de los
acontecimientos, el contexto histórico global y las peculiaridades del
magistrado, la Justicia se le va de las manos al establishment: un cuaderno
involucra a un directivo; su declaración, a otro; este a uno más, y así.
¿Cuánto debería prolongarse una etapa de instrucción con protagonistas que se
han manejado durante décadas, salvando las magnitudes, con una lógica de costo
y beneficio exenta de sanciones? Centeno cambió aquellas reglas sin
proponérselo y sin avisar: de ahí la histeria generalizada.
Las consecuencias de esta reconfiguración axiológica son
para todos imposibles de prever. Desde ya para los contratistas, que advierten
además últimamente la presencia de empresas italianas, españolas, francesas y
portuguesas husmeando licitaciones. Pero también para el Gobierno, que es
consciente de que una renovación total del establishment excederá el tiempo de
su mandato. Son en realidad dilemas regionales. En Perú, por ejemplo, el
presidente Martín Vizcarra publicó hace diez días un decreto que prohíbe al
Estado contratar a empresas que tengan accionistas, representantes o personas
afines condenadas por corrupción o que hayan integrado consorcios de sociedades
en esas condiciones. Vizcarra era el vicepresidente: asumió en marzo en
reemplazo de Pedro Kuczynski, que renunció acusado de irregularidades en
contratos con Odebrecht. Perú se cita aquí como el estadio al que no se debería
llegar: la caricatura del Lava Jato.
Pero la realidad es que por acá todo está recién empezando.
Es cierto que, todavía sin sanciones económicas, las empresas perciben ya el
cambio de atmósfera. Socios norteamericanos que han decidido esperar más tiempo
para acompañarlas en los proyectos, por ejemplo, o reticencia en bancos
extranjeros a darles financiamiento. ¿Podrían además enfrentar juicios si esos
prestamistas sintieran que el involucramiento de sus clientes en causas de
corrupción ha ensuciado sus respectivos portafolios? Es una posibilidad. En las
empresas temen además que la citación a indagatoria de Paolo Rocca, líder de
Techint, el grupo industrial más importante del país, haya agravado el problema
de reputación general.
El macrismo tiene ya algunos orfebres legales pensando
alternativas para "encapsular" la crisis de los cuadernos. La
propuesta más elemental, que es compartida con los empresarios, consistirá en
intentar aprovechar que los delitos en cuestión se han cometido con un régimen
legal que no obligaba a los accionistas a responder por lo hecho en sus
compañías, algo que cambió en marzo de este año con la ley de responsabilidad
penal empresaria. Una especie de blanqueo a partir del cual, ahí sí, habría arrancado
un nuevo régimen. Algunos intentos como el de Aldo Roggio, que renunció a la
conducción del grupo no bien fue citado a declarar, apuntan en ese sentido: que
la mancha del dueño no salpique a la corporación.
Pero son buenas intenciones que dan por sentado algo que
todavía está por verse, que es qué tipo de condenas podría darles un juez que
viene sorprendiendo con sus decisiones a varios imputados. Más de uno se
imaginaba sobreseído rápidamente y ya tiene prisión preventiva. Sobresaltos de
una investigación que parece destinada a lo incierto en todas sus etapas: a
quién están dispuestos a delatar los arrepentidos, cuál es el último subsuelo
donde podría detenerse la implosión institucional y, más en el origen del
asunto, qué extraña musa inspiraba a Centeno a escribir.
© La Nación
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