viernes, 24 de agosto de 2018

Cristina se compara con Lula pero se mira en el espejo de Menem

Por Giselle Rumeau
Uno de los argumentos de batalla que exhibe por estas horas el kirchnerismo frente a la cloaca de corrupción que destaparon los cuadernos de las coimas es el del complot conspirativo. Según el nuevo relato, este festival de corrupción -aceptado por ex funcionarios y empresarios arrepentidos- se reduce a una estrategia de persecución brutal contra Cristina Kirchner llevada a cabo por el poder judicial, el Gobierno de Cambiemos y los medios hegemónicos de comunicación, con el objetivo de "proscribir" a la principal líder de la oposición.

Pero eso no es todo. En boca de la propia ex presidenta, se trata de una "nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas", que incluye, por supuesto, a la situación de Inacio Lula Da Silva, quien cumple desde abril una condena de 12 años en Brasil por corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la mega causa conocida como Operación Lava Jato.

 Esta dudosa estrategia defensiva está en línea con la del PT, el partido de Lula que acusa a las elites del poder de operar para dejar fuera de carrera al candidato presidencial brasileño con mayor intención de voto, que rondaría el 39% según datos recientes de una encuesta de Datafolha.

En síntesis, tanto el kirchnerismo como los seguidores de Lula plantean la prisión del brasileño y las investigaciones judiciales sobre Cristina como proscripción política en lugar de hablar de punición de delito.

Los constitucionalistas consultados por 3Días no dudan en calificar de disparate esas afirmaciones. Y en destacar que la situación de Lula y Cristina no son similares. Si bien la Operación Lava Jato y las coimas de la década ganada tienen en común ser procesos bisagra en la lucha contra la corrupción -que involucran por primera vez en la historia de ambos países a políticos y empresarios y exponen una corrupción sistémica, un modus operandi histórico e estructural- aquí es la justicia argentina la que beneficia a Cristina, a contramano de lo que sucede en Brasil. Los procesos judiciales en el país son tan extensos, engorrosos y plagados de alternativas recursivas, apelaciones y nulidades, que la ex mandataria podría pasar a mejor vida sin recibir una sentencia firme en el mundo terrenal, pese a tener encima cinco procesamientos y cuatro juicios orales por delante. Prontuario que podría engordar si finalmente el juez Claudio Bonadio decide procesarla por el caso de las coimas, en la que está acusada de encabezar una asociación ilícita junto a su fallecido marido Néstor Kirchner para saquear las arcas del Estado a través de la obra pública.

Pues bien, según las leyes locales, Cristina podría ser candidata en 2019 aún si se alinearan todos los planetas en su contra, es decir, si el Senado decidiera suspender sus fueros y Bonadío dictara su prisión preventiva. Incluso si recibiera una condena en tiempo récord en los próximos meses -algo improbable-, para impugnarla como candidata debería haber una condena firme y definitiva.

"Lamentablemente, CFK podría ser candidata aunque estuviera presa, no solo en el caso de tener una prisión preventiva por procesamiento, sino aún con una condena. Mientras que la condena no quede firme, puede postularse. Pasó el año pasado con Carlos Menem, quien pese a estar condenado pudo renovar su banca de senador por otros seis años", explica el profesor de Derecho constitucional Felix Lonigro.

El constitucionalista Daniel Sabsay considera, en tanto, que para impedir su postulación alcanza con una sentencia condenatoria. "A mi entender, el pacto de San José de Costa Rica habla de condena. No dice condena firme", remarca. Pero reconoce que la Corte Suprema sentó jurisprudencia cuando desestimó el intento de dirigentes de Cambiemos para inhabilitar al riojano en la elección de 2017.

En efecto, el reflejo en el espejo de Cristina se parece más al de Menem que al de Lula. El ex presidente argentino fue sentenciado a siete años de prisión recién en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia ocurridos en 1995, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En todos estos años, no han sido los fueros parlamentarios los que "salvaron" al riojano de ir a la cácel sino el sinfín de artilugios recursivos presentados por sus abogados. Recién cuando la condena esté firme, entonces sí los fueros que tiene como senador le darían inmunidad de arresto y la Justicia debería pedir su desafuero. El Senado ya no tendría más excusas para quitárselos.

No es el caso de Lula, en la cárcel desde abril. Si bien tiene siete procesos en marcha, el brasileño está preso y condenado a 12 años de cárcel, concretamente por aceptar como soborno un triplex en Guarujá, de parte de la constructora OAS a cambio de obtener contratos con Petrobrás. Su condena fue confirmada por un tribunal de segunda instancia, algo que según las leyes de su país le impediría postularse a cualquier cargo público. Por esas paradojas de la política, fue el propio Lula quien en 2010 impulsó la Ley de Ficha Limpia que ahora le juega en contra.

Con todo, el PT insistió en registrar su candidatura pese a ese impedimento y ahora deberá resolver el Tribunal Superior Electoral, que ya recibió siete pedidos de impugnación. El organismo tiene tiempo hasta el 17 de septiembre para pronunciarse, 20 días antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

Asílas cosas, se cae el relato de la proscripción para CFK. De no postularse, será por una decisión política y no de la justicia.

"El derecho de una persona a ser candidato es un derecho político pasivo. En el artículo 37, la Constitución dice que se garantiza el pleno ejercicio de esos derechos, como votar o ser candidato, conforme a las leyes que los reglamentan. Entonces, cuando una ley decide que una persona no puede ser candidato por determinadas circunstancias, por ejemplo, por tener alguna condena, la ley lo que está haciendo es restringir razonablemente ese derecho. Esto no es una restricción arbitraria. La proscripción es una restricción arbitraria al derecho de ser candidato", remarca Lonigro.

Sabsay coincide. "Lo que dice Cristina es una ridiculez. Nadie la está proscribiendo de nada. Y si llegara a tener una condena en un juicio justo, no sería una proscripción".

Desalentador

El ranking del Foro Económico Mundial sobre la independencia de la Justicia coloca a los sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y Argentina entre los peores del planeta. En cambio, Uruguay, Chile y Brasil integran la lista de países con justicia más independiente. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, las causas por corrupción en el país demoran en promedio 15 años, tardan 10 en estar en condiciones de ser elevadas a juicio y sólo el 15% llega al banquillo. En 20 años, hubo sólo 7 condenas.

© 3Días

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