Las comisiones
volverán a reunirse el 7 de agosto para
buscar consenso entre oficialismo y oposición.
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| Las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior del Senado se reunirán el 7 de agosto para buscar un dictamen consensuado sobre la ley de extinción de dominio. |
Nacionales - Oficialismo
y oposición postergaron el dictamen sobre la ley de extinción de dominio de los
bienes provenientes del delito. En un plenario de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Seguridad Interior, Cambiemos, el bloque Justicialista y
el kirchnerismo acordaron trabajar en una redacción unificada y volver a
reunirse el próximo 7 de agosto, antes de la votación del proyecto de aborto
legal en el recinto.
La propuesta de posponer el dictamen fue formulada por
Ernesto Martínez (Pro), quien remarcó que “el proyecto que salga del Senado
tiene que reunir los dos tercios, para no volver al disparate y al mamarracho
de Diputados”, que en 2016 aprobó una iniciativa muy cuestionada por
especialistas en la Cámara alta.
Senadores de distintos bloques coincidieron en el temor de
que Diputados insista en esa media sanción, por lo que ahora buscarán que la
votación en el recinto sea por “unanimidad”, según planteó el jefe del
interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto. De esa forma, obligarían a la
cámara de origen a reunir idéntica mayoría.
La reunión de este martes sirvió para poner sobre la mesa
los tres proyectos que hay en danza: el del peronismo, el de Cambiemos y el del
Frente para la Victoria-PJ. Si bien contienen algunas diferencias, sus
impulsores esperan llegar a un dictamen consensuado que otorgue mayores
garantías que la iniciativa de Diputados.
El proyecto del bloque Justicialista, explicó Rodolfo
Urtubey, coloca a la extinción de dominio como una acción civil, autónoma y
articulada con el proceso penal. “No inventamos un procedimiento especial”,
aclaró el salteño, que indicó que el peronismo originalmente se negaba a hablar
de acción civil, pero luego cedió.
Un aspecto relevante de esta iniciativa es que “el desapoderamiento
de los bienes se produce en el inicio del proceso penal, mediante una medida
cautelar específica iniciada por el Procurador del Tesoro”, que es el que
tendrá “legitimación activa” para comenzar la acción de extinción de dominio.
“No será necesario esperar al fin del proceso penal”, puntualizó Urtubey.
En caso de reconocimiento del origen ilícito de los bienes
en todos los delitos contemplados, se podrá proceder al decomiso anticipado
-una reforma propuesta a Pichetto por el abogado y exdiputado radical Ricardo
Gil Lavedra-. La administración de los bienes mal habidos quedaría en cabeza de
la Agencia Nacional de Bienes y no de los jueces.
El proyecto del kirchnerismo, presentado momentos antes del
plenario y detallado por María de los Ángeles Sacnun, amplía los delitos
contemplados: además de narcotráfico, terrorismo, trata de personas y
corrupción, propone incluir delitos económico-financieros a partir del dinero
depositado en cuentas offshore.
Una diferencia importante con el proyecto del peronismo es
que le da al Ministerio Público Fiscal -y no al Procurador del Tesoro- la
facultad de iniciar la acción de extinción de dominio. “De lo contrario estamos
poniendo la tarea en manos de un funcionario del Poder Ejecutivo, lo que no
garantiza independencia”, subrayó Sacnun.
Por último, la iniciativa de Cambiemos -elaborada por
Federico Pinedo y Humberto Schiavoni- propone la vía de una acción civil en la
Justicia civil, “con el fin de establecer un procedimiento que permita
extinguir el dominio aún antes de dictada la sentencia penal”. La acción
también quedaría en manos de los fiscales.
“El proyecto que viene de Diputados fue duramente
cuestionado en las audiencias que tuvimos en Senado respecto de su legalidad,
su constitucionalidad y su aplicabilidad en la práctica. Este es un proceso que
no se puede aplicar indiscriminadamente a cualquier cosa, porque no es cuestión
de bajarles los umbrales de garantías a los ciudadanos por cualquier motivo. Sí
para atacar delitos complejos como narcotráfico o trata de personas”, dijo
Pinedo.
Pichetto justificó las demoras del Senado y cargó las tintas
contra “la ardua tarea llevada adelante en las redes por los trolls, tratando
de distorsionar el debate”. “Este tema había que abordarlo con seriedad, no
desde la demagogia punitiva. El proyecto de Diputados fue producto de un suceso
muy especial que motivó una tarea acelerada”, recordó, al referirse al episodio
del exfuncionario José López y los bolsos con dinero arrojados a un convento.
En el mismo sentido se expresó Martínez. “No podemos
permitir que dos señoras gordas nos manejen la política con dos pancartas en la
puerta”, graficó el cordobés al proponer la postergación del dictamen.
Informe:
Parlamentario.com
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