El interbloque
peronista Argentina Federal aguardará una semana la nueva alternativa oficial.
Nacionales - El
debate sobre el freno a los “tarifazos” se dilata en el Senado. Tal como había
anunciado Miguel Pichetto, el interbloque peronista Argentina Federal le dio
una tregua de una semana a Cambiemos antes de firmar el dictamen favorable
sobre el proyecto para ponerle un límite a los aumentos, a la espera de que el
Gobierno formule una propuesta “superadora”.
“Estamos a la espera de una propuesta alternativa,
razonable, que implique efectivamente una reducción de la tarifa para los
ciudadanos, en un proceso paulatino y gradual”, planteó Pichetto al inicio del
plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía y
Minería, en el Salón Illia de la Cámara alta.
El rionegrino sostuvo que “si la lógica del Gobierno es
plantear un 15% de incremento salarial, los servicios no pueden aumentar un
40%”. Y avisó que, si la propuesta oficial “no llega o es insuficiente”, el
peronismo avanzará el próximo martes con el dictamen favorable y lo llevará al
recinto la semana próxima, o eventualmente, la siguiente.
El oficialismo, en tanto, propuso convocar a gobernadores, a
representantes de las empresas distribuidoras y de CAMMESA (Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Además, pidió esperar el
informe de la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal, que según el jefe
del interbloque, Luis Naidenoff, incluso “es mayor” al calculado cuando se
proponía reducir el IVA.
Según un informe del bloque radical en la Cámara de
Diputados, el costo fiscal total de la ley sería de $75.500 millones de pesos
en 2018 y $94.800 millones en 2019, sin contar la devolución de los incrementos
desde el 1 de noviembre. Esto arroja un total de $170.300 millones de pesos.
El Frente para la Victoria-PJ, liderado por la expresidenta
Cristina Kirchner y Marcelo Fuentes, exigió firmar el dictamen favorable este
mismo miércoles, pero no tuvo éxito. “Es evidente la urgencia que hay en la
sociedad de que el Congreso se aboque al tema de las tarifas”, advirtió Anabel
Fernández Sagasti, integrante del bloque.
En la misma línea se expresó la rionegrina Magdalena Odarda
(RIO). “El tratamiento no puede dilatarse ni un minuto más. Me parece bien que
vengan los gobernadores al Senado, pero esto me suena a que los gobernadores
vendrán a ejercer presión sobre los senadores”, sugirió la senadora.
Opiniones cruzadas
“Han anunciado en reiteradas oportunidades que vetarían la
ley. Por eso queremos fijar una posición de naturaleza política y brindarle al
Poder Ejecutivo una oportunidad. Es importante abordar este tema en su
integralidad, pero también con un criterio de decisión ligado a los tiempos”,
argumentó Pichetto, sobre la decisión de postergar la firma del dictamen.
Si bien aclaró que el texto aprobado en la Cámara de
Diputados no recibiría cambios, hizo objeciones y puntualizó que “sigue siendo
un proyecto con una visión parcial, mirando al escenario del AMBA”, por lo que
“sería importante que Edenor, Edesur y Aysa se hagan cargo de la provincia y la
Ciudad de Buenos Aires”.
“Todo el interior en los últimos 12 años ha venido pagando
tarifa plena y sosteniendo los subsidios de la provincia y la Ciudad de Buenos
Aires”, insistió el jefe del bloque Justicialista.
Por su parte, Naidenoff indicó que “la Corte ya ha dicho que
cuando se debe fijar el precio de la tarifa, es jurisdicción del Gobierno
nacional”, con lo cual el Congreso no tendría facultad sobre el tema.
Pero además, el radical formoseño hizo hincapié en que
“algunos diputados ni siquiera sabían lo que votaban, y nadie analizó el
impacto fiscal” de la norma. “Nos encontramos con un catálogo de buenas
intenciones, pero con graves problemas para las provincias”, enfatizó.
En este sentido, explicó que “se establece un criterio de
retroactividad a noviembre de 2017; se congelan los incrementos que se fueron
dando para reducir subsidios en 2018 y 2019; y se establece un mecanismo de
compensación de parte de las distribuidoras y concesionarias de servicios
públicos”.
“Pero si la intención fue congelar incrementos con efecto
retroactivo y aplicar una actualización en base al Coeficiente de Variación
Salarial (CVS), estamos beneficiando exclusivamente al AMBA”, advirtió
Naidenoff. En otras palabras, dijo, “volvemos al esquema donde el interior paga
seis, siete, ocho veces más la luz o el gas -según la zona- que el Área
Metropolitana”.
El legislador agregó a este panorama que “el Consenso Fiscal
establece un criterio gradual de reducción de subsidios”, y sin embargo “todo
lo que se ha hecho para terminar con el privilegio del AMBA se da contra la
pared” con el proyecto en debate.
El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, adhirió a los
argumentos de Naidenoff y además propuso que se convoque también a abogados
constitucionalistas, para que opinen sobre la facultad del Congreso para fijar
tarifas.
El salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal, se
focalizó en la falta de precisiones en torno al precio final de las tarifas.
“Yo no conozco en lo más mínimo la composición del cuadro tarifario. Alguien lo
debe explicar”, reclamó.
A su vez, Odarda subrayó que “lo que estamos debatiendo es
una vergonzosa transferencia de recursos del bolsillo de los argentinos a las
empresas”. Y dio cifras: detalló que TGN (Transportadora de Gas del Norte)
obtuvo en su balance 2017 “una utilidad de 841 millones”; y TGS (Transportadora
de Gas del Sur) obtuvo “2.793 millones de ganancias”. También puso como ejemplo
a Metrogas, que “ganó en 2017 774 millones”.
Muy dura contra el Gobierno, la puntana Eugenia Catalfamo,
compañera de bloque de Adolfo Rodríguez Saá, ironizó: “Me sorprende que con
tantos timbreos no se hayan dado cuenta de esta situación difícil que le toca
al ciudadano argentino. A dos años de gobierno, ya es hora de implementar políticas
a favor de los más vulnerables”.
Informe:
Parlamentario.com
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