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| Ilustración de Sarah Mazzetti |
Por Jennifer M. Piscopo (*)
En el momento en que la presidenta chilena,
Michelle Bachelet, abandone el cargo en marzo, no habrá ninguna presidenta en
América Latina.
En un momento de 2014, la región llegó a tener
cuatro presidentas: Laura Chinchilla en
Costa Rica, Cristina Fernández de Kirchner en
Argentina, Dilma Rousseff en
Brasil y Bachelet. Ahora, no parece muy probable que
tengamos presidentas en América Latina en el futuro cercano.
América Latina ha aprovechado las leyes de acción
afirmativa para reducir la brecha de género en el liderazgo político como
ninguna otra parte del mundo. No obstante, si esta región pretende conservar el
terreno avanzado y contribuir a garantizar que las mujeres sigan ascendiendo a
las principales posiciones de la política, América Latina debe tener muy claro
hasta qué punto sirven los recursos legales para impulsar el ascenso de las
mujeres.
Si bien las leyes que establecen cuotas mínimas de
candidatas para puestos legislativos han creado oportunidades para que las
mujeres progresen en sus carreras políticas, no han logrado transformar las
percepciones tradicionales sobre la persona que debe estar al frente de un
país.
Un número significativo de mujeres tuvieron acceso
a los congresos nacionales gracias a las cuotas de género. Argentina aprobó la
primera ley en el mundo
que establecía cuotas para el número de candidatas al congreso en 1991. En
virtud de esa ley, los partidos políticos estaban obligados a nominar mujeres
por lo menos para el 30 por ciento de los cargos disponibles. Tras una
modificación reciente, ahora dispone que la mitad de los escaños de cada
partido en el congreso deben estar ocupados por mujeres. En la actualidad, solo
quedan dos países de América Latina que no han promulgado leyes de cuotas de
género o paridad aplicables a los candidatos legislativos.
Las mujeres ocupan más del 35 por ciento de los
asientos legislativos en Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. El Congreso
de Diputados de Bolivia tiene mayoría femenina y ocupa el segundo lugar mundial en
mayor representación parlamentaria de mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo,
las mujeres representan solo el 19 por ciento de la Cámara de Representantes y
el 22 por ciento del Senado.
Muchas de las leyes de cuotas de género no se
limitan a aumentar el número de candidatas. Varias instruyen a los partidos
políticos a colocar a mujeres en posiciones favorables en las boletas
electorales y asignar parte de su presupuesto a capacitación para el liderazgo
femenino.
Aunque estas leyes de acción afirmativa contribuyen
al progreso de las mujeres, no las mantienen a salvo de las crisis políticas.
En una región que ya se había acostumbrado a tener
mujeres en el poder, Bachelet, Kirchner, Rousseff y Chinchilla encabezaban
partidos populares de larga trayectoria política cuando fueron electas
presidentas. Las tres presidentas de izquierda —Bachelet, Kirchner y Rousseff—
también aprovecharon la “marea rosa”, una oleada de líderes de izquierda que
inundó a América Latina entre 1998 y 2016.
Durante este periodo, las materias primas
experimentaron un auge que impulsó la economía de la región. Gracias a la
abundancia de recursos, los países pudieron ofrecer más beneficios sociales a
los trabajadores, a los más pobres, los indígenas, la comunidad LGBT y las
mujeres.
Pero la bonanza no podía ser eterna: las economías
comenzaron a desacelerarse y aumentó inquietud sobre la inseguridad. Los
ciudadanos se sintieron desilusionados y los partidos de larga tradición y sus
coaliciones se debilitaron. Los electores decidieron deshacerse de la mayoría
de los políticos tradicionales, varones y mujeres por igual.
Por desgracia, las mujeres fueron las más
afectadas, lo que hizo evidente que todavía existe una doble moral en la
actitud hacia los líderes dependiendo de si son hombres o mujeres.
El consenso general es que la presidencia de
Chinchilla fue un fracaso, a
pesar de que la economía creció entre un cuatro y un cinco por ciento durante
su mandato. El apoyo que tenía Bachelet se desplomó después de que surgieron
rumores sobre supuestas actividades ilícitas de su hijo
y su nuera que generaban ganancias en el sector inmobiliario;
en contraste, al parecer el presidente electo Sebastián Piñera no se vio
afectado por el rumor de que falsificó facturas para financiar de manera ilícita una
campaña.
En 2016, el senado brasileño destituyó a
Rousseff y, sin pruebas de
su enriquecimiento personal, la sometió a un juicio por prácticas contables que
por mucho tiempo se habían considerado normales en
Brasil. Cuando sustituyó a Rousseff, el presidente Michel Temer designó
únicamente a hombres de raza blanca para integrar su nuevo gabinete, en un país
donde la mayoría de los ciudadanos no son blancos. Temer enfrentó hace poco
acusaciones de corrupción más graves que
las hechas en contra de Rousseff e incluso se dijo que ordenó a sus subordinados pagar
sobornos. De cualquier forma, sobrevivió la votación para someterlo
a una destitución.
Ni la izquierda ni la derecha parecen querer
candidatas estos días en América Latina. La izquierda, favorita para ganar al
concluir el mandato de Chinchilla en Costa Rica, ignoró a la lideresa política
de larga trayectoria Epsy Campbell Barr. A
pesar de que sus índices de aprobación eran más altos que los de sus
competidores varones, Campbell Barr, destacada política de ascendencia
africana, perdió la nominación de su partido para las elecciones
presidenciales.
En cuanto a la derecha, la política y ex primera
dama mexicana Margarita Zavala tenía buenos porcentajes en las
preferencias ciudadanas, pero no parecía probable que ganara la
nominación de su partido. A finales del año pasado anunció en un video, en el que critica al partido por
cerrarle puertas, su decisión de lanzar una campaña independiente para la
presidencia.
No se trata de casos aislados. Mi investigación
demuestra que los partidos políticos —tanto de derecha como de izquierda—
nominan a menos mujeres cuando los ciudadanos creen que la economía está mal.
Los partidos políticos de ambos extremos también nominan a menos mujeres cuando
la competencia es más cerrada. En América Latina, el clima de desilusión ha
provocado la creación de nuevos partidos. Cuando los ciudadanos tienen más
opciones, cada partido puede ocupar menos escaños y, al parecer, cuando hay
menos escaños en juego los partidos no están tan dispuestos a arriesgarse
nominando mujeres.
Que más mujeres ocupen cargos tampoco significa que
exista menos discriminación o menos acoso. El techo de cristal prevalece.
Aunque América Latina se ubica por encima del promedio global en
cuanto al número de mujeres que desempeñan cargos gerenciales de alto nivel,
solo representan el cinco por ciento de
los cargos en consejos de administración en seis de las mayores economías de
América Latina. En muy pocas ocasiones las mujeres encabezan delegaciones de su
partido en los congresos y no hay ninguna mujer en los comités de mayor
prestigio.
En Colombia, un estudio reveló
que casi una cuarta parte de las funcionarias electas sentían que sus voces no
eran tomadas en cuenta y sus partidos les negaba recursos y el 40 por ciento de
las alcaldesas reportaron algún tipo de tratamiento sexista. En algunos casos,
la resistencia a la participación de las mujeres en la política puede llegar a
expresarse de forma violenta. Desde hace tiempo, los partidos tergiversan las
cuotas pidiendo a las mujeres que renuncien después de ganar la elección: Juana Quispe, una
concejala de Bolivia, murió a consecuencia de una golpiza que recibió por
negarse a renunciar.
Es indispensable contar con leyes de género y
paridad —las cuales tienen con un amplio respaldo popular—
que los políticos no puedan desmontar. Incluso Chile, un país conservador,
implementó una ley de cuota de género para
el congreso, gracias a la cual casi se duplicó el
número de mujeres tras las elecciones más recientes, en que la derecha regresó
con fuerza.
No obstante, se necesitan cambiar actitudes
culturales y combatir la impunidad en los casos de violencia de género para
acabar con el sexismo y la hostilidad que impide a las mujeres llegar a
posiciones de poder.
Costa Rica ha confrontado las ideas tradicionales
sobre las características que deben tener las personas que ocupan puestos de
mando al aplicar cuotas de género a la sociedad civil. Por ley, en los cargos
más importantes de liderazgo de las organizaciones de la sociedad civil debe
existir paridad de género. Esta disposición es aplicable a organizaciones de
beneficencia, humanitarias y de servicios sociales, lo que significa que ahora
hay presencia de varones en posiciones que históricamente carecían de ella.
Después de todo, si más mujeres asumen puestos de
poder en la política y los negocios, los hombres tendrán que hacer algo más.
(*) Profesora adjunta de Política en el Occidental
College
© The New
York Times
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