Por Fernando Laborda
Ayer, durante la reunión de gabinete ampliado, Mauricio
Macri convocó a sus ministros a profundizar la "austeridad" para
bajar el gasto y el déficit fiscal. El lunes pasado, al anunciar las reformas
que impulsa su gobierno, el Presidente recalcó que no se puede gastar más de lo
que se recauda y cuestionó la existencia de legisladores que tienen más de 80
empleados y de una Biblioteca del Congreso con más de 1700.
Nada de esto que
dijo el primer mandatario sonó novedoso. Al menos para el llamado círculo rojo,
que conoce con creces y desde hace años que en los tres poderes del Estado hay
demasiados rincones donde se cocinan distintas recetas para multiplicar los
"ñoquis" y alimentar los negocios del poder. El ajuste debería
hacerlo, de una vez por todas, la política, que en los últimos 15 años hizo
crecer el número de empleados públicos en todo el país de 2,3 a 3,6 millones.
Pero la política también intenta persuadirnos de que, con 30% de pobres, ningún
país podría tener un sector público más racional y eficiente.
Con su mensaje de la víspera, en el cual empleó una palabra
que desde hace mucho no se escucha en boca de un alto funcionario,
"austeridad", Macri busca transmitirle a la sociedad y a los críticos
de ciertos aspectos de su proyectada reforma tributaria, que el ejemplo vendrá
desde arriba. ¿Vendrá realmente?
Se ha dicho que la falta de mayoría legislativa y la
oposición peronista es el gran límite del oficialismo. La mayor limitación, sin
embargo, es la incapacidad para salir de un círculo vicioso por el cual el
mayor gasto público impide bajar los impuestos y éstos desalientan las
inversiones y el empleo privado.
La salida a la que parece querer conducirnos el Gobierno
pasa por moderados incentivos para la inversión, reduciendo el impuesto a las
ganancias de las empresas que reinviertan utilidades, y aumentando la presión
sobre las personas físicas, a través de un nuevo cálculo para los aumentos
jubilatorios que le ahorraría dinero al Estado y del tributo a la renta
financiera, que lejos de ser un impuesto a la especulación, constituirá un
gravamen sobre el ahorro del pequeño inversor, que posterga consumo inmediato.
No hace mucho, el gobierno de Macri propuso transformar cada
plan social en un voucher para convertir a sus beneficiarios en empleados de
empresas privadas que recibirían exenciones impositivas por tomar a esos
trabajadores. Aunque hasta ahora no se ha animado a anunciarlo, la actual
administración podría adoptar una estrategia similar para que una porción de
los muchos empleados públicos que le sobran al Estado nacional sea absorbida de
la misma manera por el sector privado. Puede parecer una utopía, pero terminado
el año electoral se estaría ante una oportunidad de resignar populismo y
ofrecer una señal para adelgazar un Estado con récord de sobrepeso.
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