viernes, 3 de noviembre de 2017

La Justicia argentina pisa el acelerador, pero aún está lejos de Brasil

Por Giselle Rumeau
El imaginario colectivo suele sindicar a los fueros parlamentarios como una de las causas de la impunidad en la Argentina. Es cierto. Pese a que esa inmunidad constitucional es necesaria para que los legisladores puedan ejercer su función sin ser molestados por los otros poderes del Estado, el Congreso se convirtió en estos tiempos en una guarida para ex funcionarios forajidos. Con todo, la paradoja es que no son los fueros sino la demora de la Justicia lo que beneficia a un legislador procesado por un delito de corrupción.

Los tiempos procesales en la Argentina son tan extensos que el acusado podría pasar a mejor vida sin recibir una sentencia firme en el mundo terrenal. Que lo diga si no Carlos Menem, quien fue sentenciado a siete años de prisión en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En todos estos años, no han sido los fueros parlamentarios los que "salvaron" al ex mandatario sino el sinfín de artilugios recursivos de toda índole y pelaje presentado por sus abogados. Recién cuando su condena se confirme, entonces sí los fueros que tiene como senador le darían inmunidad de arresto y la Justicia debería pedir su desafuero en el Congreso para dar cumplimiento a la sentencia.

El caso de Menem es un espejo en el que se mira con alivio Cristina Kirchner, con cinco causas y tres procesamientos encima por asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública. A diferencia de la Cámara baja, dónde la semana pasada se procedió a suspender los fueros del diputado Julio De Vido a pedido de los jueces federales Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, en el Senado existe la jurisprudencia que benefició hasta ahora al riojano: no se desafuera a uno de sus miembros hasta que exista una sentencia firme confirmada por el máximo Tribunal.

Pero no son los fueros mal usados ni la demora de los tiempos procesales los únicos males y dolencias que desprestigian a la Justicia. La falta de independencia entre los poderes del Estado genera una suerte de protección tácita para los funcionarios deshonestos de turno. Es una constante de la realidad: los jueces no se meten con el poder en la Argentina. Salvo contadas ocasiones, la mayoría recién comienza a actuar y agilizar las causas de corrupción cuando los acusados ya dejaron el Gobierno. Y aquí, Menem vuelve a ser ejemplo. El inicio de la causa por el tráfico de armas se dio en 1995, pero recién en 2007, o sea 12 años después, la Justicia lo procesó por contrabando agravado.

Ni hablar de CFK. La otrora poderosa mandataria fue procesada en la causa Los Sauces, en el caso del dólar futuro y por las irregularidades en la obra pública cuando ya había abandonado la Casa Rosada. Los expedientes se agilizaron aún más este año, cuando quedó en evidencia tras las PASO que menguaban sus chances electorales.

Natalia Volosín, abogada especializada en control de la corrupción, recuerda a 3Días un dato desalentador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): "En el país las causas por corrupción demoran en promedio 15 años. En 20 años, hubo sólo siete condenas. Esas causas tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio y sólo el 15% llega al banquillo".

¿Por qué los jueces federales en la Argentina no tiene el valor para meterse con el poder? Los expertos consultados coinciden en el dictamen: los magistrados no tienen garantías ante la falta de independencia de los poderes, que lleva a las constantes presiones políticas y, en algunos casos, a la corrupción judicial.

En esa línea, Volosín remarca que no se trata de un problema de coraje. "La Justicia no actúa contra los funcionarios de turno porque no tiene incentivos institucionales para hacerlo, es decir, ni los jueces ni los fiscales tienen suficientes garantías de su independencia e imparcialidad. Son pasibles de aprietes y carpetazos, y muchos están involucrados en hechos de corrupción y son parte de la mafia judicial. En este país es tan fácil apretar a un juez o un fiscal y amenazarlo con su juicio político en el Consejo de la Magistratura como salvar a un juez corrupto en ese organismo. Pensemos en las veces que el kirchnerismo salvó a (Norberto) Oyarbide", explica la abogada, Máster y Doctoranda en Derecho de la Universidad de Yale.

El constitucionalista Félix Lonigro coincide. "A mí me parece que hay una razón fundamental. La Argentina recuperó la democracia en 1983, pero aún está lejos de ser una República, que se caracteriza por la independencia del Poder Judicial. El poder político presiona al Poder Judicial y por eso los jueces tienen miedo. Si bien son vitalicios, los jueces inferiores temen ser destituidos en el Consejo de la Magistratura, integrado por legisladores y abogados. Entonces mientras el investigado está en el poder y pueda mover los hilos para que los jueces sean enjuiciados, la Justicia hace la plancha", destaca.

El abogado Alejandro Fargosi habla incluso de amenazas físicas a los familiares: "Hay una deformación progresiva de nuestro sistema judicial, demasiado influido por presiones políticas, que alcanzaron su máxima expresión en el período 2003-2015, caracterizado por las máximas amenazas sobre jueces, fiscales y miembros del Consejo de la Magistratura. Me refiero a intentos -con o sin éxito- de corrupción, obstáculos formales, denuncias sin sustento y hasta amenazas legales y físicas contra magistrados y sus familias".

Brasil y la delación premiada

El ranking que elabora todos los años el Foro Económico Mundial sobre la independencia de la Justicia sostiene desde hace rato que los sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y la Argentina, están entre los peores del planeta. En cambio, Uruguay, Chile y Brasil integran la lista de países con justicia más independiente.

 En Brasil, los políticos de turno no pueden esquivar a la Justicia. El régimen de delación premiada (similar a la ley del arrepentido) que existe en el país vecino funcionó en el caso Petrobras y desde el ex jefe de gabinete y mano derecha de Lula Da Silva, José Dirceu, hasta el poderoso empresario Marcelo Odebrecht, purgan hoy penas en la cárcel junto a otros políticos brasileños por el escándalo del Lava Jato.

Con el impulso de Cambiemos, el Congreso aprobó en noviembre de 2016 la ley que extiende la figura del arrepentido en el Código Penal para que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación ilícita. La norma es considerada un avance importante en la materia pero muy pocos ex funcionarios o acusados de corrupción durante la era kirchnerista se acogieron al régimen. El empresario K Lázaro Báez, procesado y detenido por irregularidades con la obra pública, es el mejor ejemplo.

"Brasil logro conjugar algunos jueces con coraje y leyes más aptas. Por eso, para ser como como Brasil se requiere la reforma de la ley del arrepentido, la ley de extinción de dominio y un mejor Consejo de la Magistratura. Y en esa línea debemos ampliar las posibilidades del fiscal para negociar la totalidad de la pena, porque así se facilitará que efectivamente existan arrepentidos", considera Fargosi.

Es que una de las diferencias importantes con Brasil es su sistema acusatorio, mucho más moderno. En nuestro país hay un Código Procesal Penal por el que la investigación la llevan directamente los fiscales, pero su implementación está en espera. Como la reforma se sancionó durante el Gobierno de Cristina Kirchner, Mauricio Macri la suspendió apenas asumió por la falta de controles que había sobre la Procuración General de la Nación, a cargo hasta diciembre de la militante K, Alejandra Gils Carbó. Y mientras tanto, son los jueces quienes investigan los casos.

Volosín cree que la renuncia de Gils Carbó, ocurrida esta semana y alentada por un fallo judicial en su contra y el triunfo electoral de Cambiemos, es un avance y una oportunidad para designar a un Procurador "honesto, idóneo, que se anime a investigar a los que se fueron y al poder de turno". Pero remarca que se deben hacer varias reformas, entre ellas la del Código Procesal Penal, para mejorar la independencia de la justicia. "Nuestra ley del arrepentido no está tan mal, el problema es que no hay incentivos para que alguien se arrepienta. Los procesos penales aquíson muy lentos, engorrosos, están plagados de alternativas recursivas, apelaciones o nulidades que permiten que los abogados defensores, muchas veces con una ética profesional dudosa, dilaten las causas hasta que terminan prescribiendo. No hace falta que el acusado se acoja al régimen del arrepentido porque lo más probable es que zafe por el propio proceso penal", remarca la abogada. En esa línea sostiene que se debe avanzar en "una reforma procesal penal e ir hacia un sistema acusatorio, oralizar los procesos y agilizarlos para mejorar en la lucha contra la corrupción".

El constitucionalista Daniel Sabsay destaca que la formación de los jueces en Brasil es diferente y por eso son mucho más independientes. Pero eso no es todo. Lo fundamental, dice el experto, es que en el caso del Lava Jato hubo una demanda de la gente para que se avance en la investigación. "Hable con Sergio Moro (el juez brasileño que lideró ese expediente) y me reconoció que si no hubiera existido esa presión social y ese apoyo popular, no hubiera sido posible llegar tan lejos", detalla.

Control a los jueces

Esta semana, el Colegio de Abogados de la Ciudad presentó en el Consejo de la Magistratura una denuncia contra los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo por mal desempeño en sus funciones. La denuncia se basó en una auditoría del trabajo de los juzgados federales en los últimos veinte años, aprobada en 2016 por el Consejo de la Magistratura, que destaca "situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas".

Volosin cree necesario controlar a los jueces pero remarca que el monitoreo debería hacerse todos los días desde la sociedad civil y no una vez cada 20 años: "No puede ser que las causas de corrupción sean cerradas y que los jueces o fiscales no rindan cuentan a la sociedad".

Ante las acusaciones de inacción judicial contra la corrupción, la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) se defendió hace poco con un comunicado en el que pidió fortalecer las instituciones y se quejó por la falta de recursos materiales y tecnológicos, la cantidad de juzgados vacantes y la demora en la designación de magistrados.

Según Fargosi, "ninguna de esas falencias es excusa para trabajar mal o dar vueltas en torno al problema real de cada expediente". "Es necesario remover a los pocos malos jueces que existen en el fuero penal, para que todos tengan un nivel aceptable y una decisión firme de aplicar las leyes criminales, algo que hoy no ocurre. Para removerlos debe modificarse la Ley del Consejo de la Magistratura y devolverle el equilibrio entre los tres sectores - jueces, políticos y abogados- y agilizar así su funcionamiento", asegura.

Todos los consultados celebran que el Gobierno haya anunciado unas reformas en la Justicia y en el sistema electoral para iniciar un camino de transparencia y castigar la corrupción. "El trabajo de la Comisión encargada de reformar el Código Penal, que dirige Mariano Borinsky es bien interesante y va en el sentido de lo que uno diría que hay que hacer", destaca Volosín.

Hay por delante un arduo trabajo: lograr independencia de poderes para evitar las presiones políticas, reformar el Código Procesal Penal para acelerar los procesos y darle mayor poder a los fiscales en la negociación de la ley del arrepentido, reformar el Consejo de la Magistratura y establecer controles de la sociedad civil a los jueces. Si no se realizan estar reformas, dicen los expertos, seguiremos lejos de Brasil.

© El Cronista

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