Por Daniel Muchnik
Nunca, nada, es suficiente en la Argentina. Es, de alguna
manera, la cadena de consabidas frustraciones a lo largo de la historia del
país. Esas frustraciones no sólo se generaron por factores económicos
comprobados sino porque determinados sectores se apropiaron de la gran riqueza
y dejaron a muchos mendigando.
Si hay que mostrar sectores desamparados, además
de la pobreza y los grupos de bajos recursos es el sector pasivo, que no
termina de arreglarse.
En los últimos ocho meses el Gobierno encaró la ley sancionada
por el Congreso, lo que se dio en llamar ‘la
reparación histórica’: hubo un millón de
reajustados, ya hay 600.000 aceptaciones, mientras el 3% no la tuvo en cuenta
por distintas razones. Sin embargo, esa reparación
motorizó a marginados, quejas en gran cantidad
que ahora siguen llenando con reclamos legales los tribunales especiales. El
kirchnerismo y el cristinismo cargaron sobre sus espaldas casi medio millón de
reclamos de jubilados que pedían justicia. No se los atendía. Ni siquiera había
mensajes de consuelo. Arañando sus pesitos, los pasivos vivían de la ayuda de
sus hijos o de amigos o de la buena suerte.
Todo sucedía mientras la ANSeS, hasta fines de 2015, no
mostraba sus cuentas, era una especie de agujero negro, insondable. El Estado quebrado
del cristinismo reclamaba sus fondos y la ANSeS se los entregaba sin analizar
las consecuencias.
Hoy por hoy surgen nuevos reclamos. El principal es eximir a
los jubilados del impuesto a las ganancias. En caso de que eso se implementara,
el titular de la ANSeS, Emilio Basavilvaso ha declarado que la medida le
costaría al Estado $ 7000 millones, Confirmó que apelará ante la Corte Suprema,
junto con la Administración Federal de Ingresos (AFIP), en caso de aprobación
de la importante ventaja.
Hay toda una polémica al respecto, que se suma a las
bondades de los jueces que no pagan el Impuesto a las Ganancias. Muchos creen
que cada ciudadano, sea activo o pasivo, debe aportar al costo de mantener a la
comunidad con los impuestos que sean necesarios. Otros sostienen que es una
tremenda injusticia transferirles ese peso a los pasivos, que trabajaron toda
su vida y a lo largo de ella cumplieron sus compromisos con el fisco. El tema
es complicado. Tal vez, si el Estado brindara todos los servicios indispensables
para promover una sociedad feliz pagar el impuesto no sería gravoso. Pero el
Estado escatima servicios y además golpea con pesados gravámenes. La actual
presión impositiva es la más alta de la historia nacional o de la historia
organizada en democracia. Antes del voto popular, en 1916, con el arribo del
radicalismo, los grandes terratenientes, los ganaderos, la oligarquía, no
cumplía con las necesidades del Estado, nadie se fijaba en ello.
Hay que tener presente que la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (ONU, 1982) solicita que las agendas públicas posibiliten que
las personas mayores pueden disfrutar de una vida plena, saludable,
satisfactoria. Todo eso en varios países y en la Argentina está en las nubes.
Los gobiernos vienen prometiendo llevar adelante una Reforma
Impositiva en serio que quite de encima las cargas regresivas. El IVA lanzado
por Domingo Cavallo, del 21%, no se ha modificado. Es hiriente para cualquier
bolsillo y favorece la existencia de una economía en negro. El impuesto al
cheque traba los negocios en numerosas áreas de la actividad. Y así las cosas,
la carga fiscal se vuelve absurda, por lo menos para lo que el Estado brinda a
los ciudadanos argentinos. Bien se sabe que en los países nórdicos europeos,
donde el Estado percibe el 50%, nadie hace planteos porque todos tienen acceso
a la educación, a la salud y a la vejez digna tras años arduos de trabajo.
Sobre más de 8 millones de argentinos que laboran, 4 son los
que están en blanco. Aún con los esfuerzos de los pequeños y medianos
empresarios que hacen frente a las cargas sociales, que no son livianos. Los
otros están en el medio del desierto y sin resguardo. Medio universo productivo
no tiene servicios ni jubilación, nada.
Además cada vez más se estira la expectativa de vida. En la
ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, viven más adultos que niños
(bordean el 25% de los habitantes). Seguramente ocurrirá lo mismo en las
grandes ciudades de las provincias. Paralelamente se pronostica que en el 2030
uno de cada 6 habitantes a nivel mundial será mayor de 60 años.
Aquí surge la gran incógnita para el futuro no muy lejano:
si la expectativa de vida crece a nivel mundial estamos en problemas. Habrá
menos ciudadanos activos que puedan mantener a la multitud de pasivos. Según
los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que depende de la
Universidad Católica, en estos días, una persona de 60 años puede esperar vivir
hasta los 81 años y más también.
Pese a todo se prenden luces de advertencia. El sistema
previsional del país representa el 35 por ciento del gasto que realiza el
Gobierno y llega a 13 puntos del Producto Bruto Interno. Los especialistas
señalan que el déficit contributivo de los empleadores pasó del 2,9 del PBI en
el 2009 al 6,7 % en el 2016. Esa cifra equivaldría al déficit del sector
público. Paralelamente, los aportes patronales y personales girados a la
estructura previsional representan el 27% del salario. El costo laboral en la
Argentina es altísimo y eso lo saben los inversores que se pasan años antes de
elegir una canalización de fondos. ¿Puede persistir esta realidad por mucho
tiempo sin que impacte en toda la vida económica nacional?
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