domingo, 23 de octubre de 2016

Toma y daca a la espera de la reactivación

Por Gabriel Profiti
Como esos artistas playeros a los que una ola puede derribarle el trabajo de mucho tiempo, el Gobierno está obligado a perseverar en la superficie arenosa de la negociación política.

Esa estrategia no solo fue la única salida a sus limitaciones de gobernabilidad sino que además le dio dividendos. Cuando se cortó solo (tarifas, jueces de la Corte por decreto) generalmente se trabó, mientras que cuando buscó consensos logró avanzar.

En esa línea se inscribe el primer paso del Encuentro para la Producción y el Trabajo, que acordó un bono de fin de año para el sector privado con un piso de 2.000 pesos. Y también emerge una ambiciosa agenda del Congreso hacia fin de año.

La apertura del diálogo tripartito con empresarios y sindicalistas, previamente resistido por Mauricio Macri y Marcos Peña, buscó evitar un paro de la CGT al que iban a plegarse las CTA. Fue exitoso, pero la reticencia de algunos sectores empresariales a pagar el bono pone incertidumbre en el proceso.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, también acordó con el jefe de UPCN, Andrés Rodríguez, uno de los dos gremios centrales del sector público nacional, una compensación que tendrá ese piso. Pero podría ser pagado a cuenta de las próximas paritarias.

Se espera que la semana próxima Triaca y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, convoquen a Rodríguez y a Hugo "Cachorro" Godoy, del combativo gremio ATE, para formalizarlo.

Quizá el anuncio se demore teniendo en cuenta que muchas provincias no están en condiciones de afrontar una erogación similar y pueden desencadenar un fin de año conflictivo.

Para Macri es crucial que la calle comience a reflejar lo que muchos economistas pronostican: un piso de crecimiento del 3 por ciento en 2017 por la reactivación del agro, de Brasil -con su peso en la industria- y de la construcción.

El Gobierno nacional está en condiciones de financiar su déficit con endeudamiento -de hecho lo está haciendo- pero es el que autoriza las emisiones provinciales y por el contrario reclama a los gobernadores que cierren la brecha fiscal.

Congreso en llamas

Ese juego de las restricciones llamado La Ley de Responsabilidad Fiscal forma parte del amplio paquete de iniciativas oficiales que el oficialismo buscará aprobar incluyendo una prórroga de las sesiones ordinarias.

No le será sencillo pero tampoco le fue mal hasta el momento. Esta semana aprobó la reforma electoral en la Cámara de Diputados con el aporte de la oposición dialoguista. Esa ley tiene como eje el voto con boleta electrónica e incluye la paridad de género, pero el oficialismo tuvo que resignar su intención de establecer "un corralito" a las PASO para que solo se vote dentro de una alianza política a las distintas categorías en juego.

El cambio fue menos sustancial que el mensaje político. La UCR, principal aliado del PRO en la fuerza Cambiemos le retiró su respaldo. Lo mismo hizo con la intención de ampliar el número de diputados para que la provincia de Buenos Aires tenga una representación acorde a su peso electoral.

La reforma comenzará a ser tratada la semana próxima en el Senado, donde el oficialismo espera que no sufra nuevas amputaciones ni correcciones en la sesión del 2 de noviembre para comenzar a trabajar lo antes posible en su implementación.

También espera aprobar el miércoles la modificación a la ley que rige el Ministerio Público Fiscal, con la intención de remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó.

El cronograma de trabajo que elaboraron el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, incluye en la Cámara baja la sanción del régimen de participación público privada, pero tanto Sergio Massa como Diego Bossio le pusieron un inesperado freno.

La prioridad deben ser la seguridad y las pymes, dicen cerca del líder del Frente Renovador, que presentará una serie de iniciativas para cubrir esas agendas de mucha demanda pública.

Pone énfasis en tres proyectos en los que no ahorró titulos: Ley de Protección Integral de las Víctimas, Tolerancia Cero a la Portación Ilegal de Armas, y Fin de la Puerta Giratoria.

Volviendo a la agenda de Cambiemos, el jueves próximo comenzará el debate en Comisión en Diputados del Presupuesto 2017, en el que ya hay un preacuerdo con el massismo y el sector mayoritario del peronismo en el Senado. Sería aprobado en la cámara baja el 2 junto con una autolimitación de los superpoderes para reasignar partidas presupuestarias y el 23 tendría sanción en el Senado acompañado por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Sobre este punto habrá que ver si no hay contratiempos en la negociación que encabeza el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores.

Para el final del año legislativo quedarían el llamado emprendedorismo -incentivos para la creación de empresas- y el proyecto que busca convertir los planes sociales en empleo genuino, en este caso en un trabajo coordinado con el massismo.

No solo Macri debe renovar sus acuerdos con Massa. La gobernadora María Eugenia Vidal también comenzó a revisar con el tigrense el acuerdo de gobernabilidad con el que evitó mayores contratiempos en el primer año de mandato.

Sin embargo, esa volátil alianza parlamentaria posiblemente haga eclosión en el ámbito nacional con el proyecto de reforma de las escalas de Ganancias que el oficialismo espera tratar en la prórroga de las sesiones ordinarias.

"Ahí hacemos un corte, Macri prometió eliminarlo y se queda corto", señalaron en el massismo. Sería una suerte de bisagra para el inicio del año electoral.

El tigrense prepara un acto para el 10 de diciembre justamente al cumplirse el primer año de mandato de Macri. Aparecería junto a Margarita Stolbizer, quien esta semana defendió esa alianza con la siguiente declaración: "Muchos me piden que me aleje de Massa, que siga siendo pura y coherente, pero así no me vota nadie".

© NA

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