El ministro de
Justicia, Germán Garavano, dijo que se trata de “dar respuestas a la demanda de
la población sin afectar
los sistemas de garantías”.
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| Rodolfo Urtubey, titular de la Bicameral, junto al ministro Germán Garavano y a Ricardo Gil Lavedra. |
Nacionales - El
ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se
presentó ante la Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación, para exponer en torno al proyecto de
modificación de dicho Código, y en ese marco se le planteó de entrada la
inquietud de los legisladores respecto de la necesidad de compatibilizar los
proyectos enviados por el ejecutivo y los que ya se manejan en el seno de ambas
cámaras.
Garavano habló de “la difícil transición entre dos
procesos”, por cuanto “el Gobierno sigue una política de Estado que es avanzar
hacia un sistema acusatorio”. El objetivo es, dijo, que las reformas se hagan
“bien”, tratando de “generar un sistema penal que dé respuestas a las demandas
de la población sin afectar los sistemas de garantías”.
El ministro señaló que “nuestra impresión es que el Código
estaba pensado más para la lógica de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los
desafíos era tratar de que sirva para la justicia federal de todo el país”, que
tiene variantes según los distritos. Garavano señaló que “desde el Ministerio
de Justicia tenemos un proyecto muy ambicioso y preferimos optar por cambios
específicos”, respecto a lo cual pidió que los senadores “se incorporen al
debate” planteando sugerencias. “Queremos hacer la menor cantidad de retoques
posibles (…) si uno modifica mucho un Código puede hacer perder la lógica, y es
algo que ha pasado mucho cuando se empiezan a hacer parches”.
“Tenemos una oportunidad histórica, que inició el Gobierno
anterior, de empezar a hacer modificaciones necesarias”, admitió y contó que
las reformas al Código avanzan en reformas como la del juicio abreviado, las
excarcelaciones, respecto de lo cual señaló que “hemos tratado de establecer
pautas objetivas para establecer cuando estamos ante entorpecimientos de la
justicia”. Al respecto se establece que aquellos jueces que condenan a una
persona a prisión efectiva, más de 3 años, puedan a requerimiento del fiscal
disponer la prisión preventiva o el arresto domiciliario, para asegurar que
esas sentencias puedan aplicarse.
Otro tema que destacó con relación al nuevo Código es
“fortalecer el rol de la víctima”, el rol de la querella, cuál sería el rol de
los tribunales, y también se reguló el tema que tiene que ver con la
responsabilidad de las personas jurídicas. “Hemos avanzado en normas procesales
que permitan avanzar” en ese sentido, señaló, aclarando que a su juicio es algo
que faltaba.
Asimismo se analizan las medidas especiales de
investigación. “Lo que nosotros vemos -dijo- es por un lado que el proyecto
incorpora el último dictamen de la comisión respectiva, al pie de la letra,
para tratar de generar esta coherencia, y respecto de la ley especial aprobada
por Diputados entendemos que es una ley de transición, necesaria, pero que en
algún momento va a ser reemplazada si es que se aprueban estas reformas”.
Agregó que hay que tener en cuenta cuánto tiempo va a
demorar la implementación del Código Procesal Federal. Detalló que en la Ciudad
se tardó más de 3 años, y destacó los casos de otros países, en todos los
cuales demandó muchos años. “Vamos a tener un lapso muy largo de tiempo en el
cual vamos a tener que convivir”, aclaró. Al respecto, señaló que “nosotros
estamos muy involucrados en tratar de que esta implementación sea exitosa; está
el compromiso del PEN de acompañar a la Comisión Bicameral en todo lo que
corresponda”, y agregó que en paralelo el Ministerio de Justicia hizo un
relevamiento muy detallado entre el Norte y el Sur, con todos los actores del
Poder Judicial. “El éxito de estas implementaciones es lo que nos va a asegurar
que el Código vaya avanzando”, remarcó.
Respecto de la reforma de la ley de flagrancia, señaló que
puede servir para resolver los casos rápidos, y se circunscribe a la “lógica
del nuevo sistema acusatorio”, y en esa línea “convocamos a una reunión interpoderes,
entre la Corte, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, el Ministerio de
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso, para revisar todas las
cuestiones necesarias para hacer una implementación eficaz”. Asimismo se le
pidió a la Secretaría Legal de la Presidencia que demore unos días para hacer
los ajustes correspondientes para su implementación.
Garavano destacó que “si ustedes relevan los edificios
judiciales, muchas veces los mejores lugares están ocupados por papeles”. Tras
poner ejemplos puntuales, el ministro señaló que muchos de los expedientes se
han digitalizado ahora, despejando lugares como los que describió. El Consejo
de la Magistratura ha relevado todos los espacios que están llenos de
expedientes viejos para que “podamos reemplazar papeles por personas”.
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