lunes, 8 de agosto de 2016

De Vido responsabiliza a López y Fatala

El exministro dijo que, en la causa “Sueños Compartidos”, todo “se canalizó a través de la Secretaría 
de Obras Públicas”.

Julio De Vido y su "mano derecha", José López, a quien
responsabilizó por los fondos de "Sueños Compartidos".

Judiciales - El exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido negó haber cometido irregularidades ante la falta de control en el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y deslindó responsabilidades en el exsecretario de Obras Públicas José López.

“Nada de esto puede ser cuestionable y esa decisión política de la cual participé y ratifico no me acerca de ninguna manera a cualquier irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los fondos”, afirmó De Vido en un escrito que presentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

El actual diputado nacional sostuvo que “la actuación del Ministerio fue canalizada directamente por la Secretaría de Obras Públicas (a cargo de López) y la Subsecretaría de Vivienda (a cargo de Abel Fatala)”.

Además, aseguró que no participó “en forma personal ni funcionalmente” en estas contrataciones y señaló que las tareas de control y verificación correspondían a “los organismos provinciales y municipales”.

De Vido, quien ya tiene tres procesamientos por la tragedia de Once, la no renegociación de contratos ferroviarios y la compra de material inservible para trenes hecha a España y Portugal, presentó un escrito y se negó a responder preguntas.

Las siete claves de la presentación de Julio De Vido

1. Voy a presentar un escrito en el que aclaro mi posición respecto del caso,  y con la misma responsabilidad que al inicio de las actuaciones, continúo dando todas las respuestas que estén a mi alcance.

2. Es también mi interés insistir en que se investiguen todas las cuestiones que al juez le parezcan sospechosas,  pero también que la investigación de una cuestión puntual de desvíos  o de una administración sospechada de fraude  (la realizada por los apoderados Shoklender);  no sirva ni sea utilizada para manchar sin justificación el nombre de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, ni todos los esfuerzos realizados desde mi ministerio para brindar solución al problema de las viviendas.

3. Es de conocimiento público y notorio, que el gobierno del cual formé parte, a través de varios de sus ministerios,  tenía la decisión política de promover las actividades de cooperativas o empresas ligadas a agrupaciones referentes en el campo de la defensa de los derechos humanos en el país,  que pretendían  participar en la obra pública y la asistencia social.

4. Nada de esto puede ser cuestionable, y esa decisión política de la cual participé y ratifico,  no me acerca de ninguna manera a cualquier irregularidad o delito que se haya cometido en la administración de los fondos que se hayan  proporcionado como asistencia financiera  para el cumplimiento de las obras solicitadas.

5. Concretamente, hoy he sido requerido respecto a mi actuación personal en el tema y he venido a explicar que más allá de mi posición funcional, la actuación del ministerio  fue canalizada directamente por la SOP (Secretaría de Obras Públicas) y la Subsecretaría de Vivienda, por lo tanto  vengo a ratificar que en estas contrataciones,  no participé en forma personal ni funcionalmente en los actos que le interesa conocer  al juez, que es:  la  firma, aprobación, autorización o control de los convenios en los que intervinieran distintas provincias y municipios con entidades dirigidas por los apoderados de la asociación MdPM. Debe quedar claro que la actuación de estas entidades se realizó en menos del 1% de las contrataciones efectuadas por el PEN en relación a los programas de construcción de viviendas.

6. Las autoridades locales eran las responsables del régimen de contratación y del control de la ejecución de las obras y, particularmente, de la certificación efectiva de la obra; no correspondía al Ministerio de Planificación sino a los organismos de control tanto provinciales como municipales analizar y verificar la regularidad de la ejecución y administración de sus contratos.

7. Les recuerdo que cualquier provincia o municipio que recibía este tipo de asistencia financiera es responsable del cuidado de esos fondos y su utilización para los fines solicitados, bajo apercibimiento de tener que devolver los fondos que no se hayan aplicado a la obra correspondiente.

Informe: EC y agencias

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