La electricidad era subsidiada
con el esfuerzo de la gente
del interior que paga la luz más cara del país.
Nacionales - El
gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a
un mecanismo de subsidios muy perverso
que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de
ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación
contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un
régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la
población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
El nuevo régimen tarifario para la energía eléctrica que
regirá a partir de febrero es fuente de polémicas. El punto crítico es que los
porcentajes de aumentos son muy elevados fruto de que las tarifas de
electricidad estaban muy atrasadas. Por ejemplo, si se considera un consumo
familiar promedio (300 kwh al mes), mientras que en Argentina el costo llega a
ser de 0,0075 dólares el Kwh, en países vecinos (Chile, Brasil y Uruguay) se
paga alrededor de 0,16 dólares. Es
decir, en la Argentina una familia promedio paga el servicio de electricidad 20
veces menos que un hogar con consumo similar en los países vecinos.
Esta enorme diferencia no se explica porque el sector
energético de la Argentina sea más eficiente sino porque se tomó la decisión de usar fondos públicos para subsidiar de manera
indiscriminada el consumo eléctrico. Esto es muy cuestionable,
especialmente cuando hay otras prioridades sociales como el dar soluciones a
más de un cuarto de la población que vive en situación de pobreza.
Otro punto a tener en cuenta es la distribución regional de
los subsidios. Un estudio de la Asociación
Argentina de Presupuesto y el Instituto
Argentino de Energía señala que:
En el año 2014, los subsidios a la electricidad ascendieron
a $ 82 mil millones.
En la región
metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires) el porcentaje
de la tarifa que está subsidiada asciende al 82%.
En el interior del
país, tomando por caso a Santa Fe
el porcentaje de la tarifa de electricidad subsidiada es del 35% y en Córdoba llega apenas al 31%.
Estos datos muestran que los fondos públicos utilizados para
subsidiar el consumo de electricidad fueron elevados y distribuidos de manera
muy arbitraria. El monto en el 2014 ascendió a casi 2% del PBI. En su
distribución, se benefició a muchas familias de ingresos medios y altos, y, en
particular, a las que habitan en la región metropolitana. El resultado es que la gente del interior paga impuestos como
en Buenos Aires pero recibe poco, en muchos casos nada, de los subsidios que se
financian con su esfuerzo.
El retraso tarifario se origina en el año 2002 cuando la
mega-devaluación llevó a romper los contratos con las empresas prestatarias de
electricidad dado que estaban nominados en dólares. Esta decisión, tomada en un
contexto de emergencia, nunca terminó de ser rectificada aun cuando la economía
tendió a la normalidad. Peor aún, por facilismo, negligencia y arbitrariedad,
se decidió asignar fondos públicos para sostener tarifas artificialmente bajas
en la región metropolitana, mientras que en el interior se permitió aplicar
tarifas más alineadas con los costos. Así se explica la enorme brecha entre el
precio que pagan los porteños y el que paga la población que vive en el
interior del país.
Además de sus
impactos regresivos sobre la distribución personal y geográfica del ingreso,
los subsidios desencadenaron una profunda crisis en el sector eléctrico. El
retraso de tarifas induce a familias y empresas a no cuidar el consumo de
electricidad y a las empresas
prestatarias –estatales y privadas– a diferir inversiones. El resultado
es previsible: un profundo deterioro en la calidad del servicio. Según datos
oficiales, en el año 2012 (último disponible) los reclamos de los usuarios
ascendieron a 226 mil, el doble del año 2011 y más del triple del promedio registrado
entre los años 2003 y 2010.
Las polémicas
generadas por la actualización de las tarifas eléctricas demuestran lo difícil
que es afrontar las herencias del populismo. Luego de tantos años de
subsidios, muchas familias, e incluso empresarios, consideran natural –y en
algunos casos, hasta un derecho– que otros ciudadanos les paguen su consumo de
energía. Por eso, es clave establecer rápidamente un moderno sistema de tarifa
social en beneficio de las familias más pobres y generar conciencia de los
enormes daños que causa el desvío de fondos del Estado para subsidiar los
servicios públicos a quienes pueden pagar.
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