viernes, 18 de septiembre de 2015

Vicios que socavan la legitimidad democrática

Por Natalio Botana
El lunes pasado, el candidato José Cano afirmó que, una vez concluido el escrutinio definitivo para elegir gobernador en Tucumán, "la Junta Electoral no puede proclamar absolutamente a nadie. La legitimidad de esta elección está vedada por hechos escandalosos". El juicio de Cano se suma a lo que viene diciendo la oposición: en muchas provincias -incluida Buenos Aires- las elecciones sufren vicios de origen que ponen en cuestión su honestidad.

Como decíamos el mes pasado, en vísperas de los comicios de Tucumán, el problema no es para nada novedoso en la Argentina. Lo grave es la incapacidad manifiesta, derivada de una mezcla de ineptitudes, corruptelas y clientelismo, que concluye conservando estos usos dispuestos a desnaturalizar el sufragio. ¿Se podrá llegar a buen puerto con un conjunto de reformas políticas capaz de aligerar esa carga de malformaciones que erosionan creencias públicas y separan antagónicamente a las fuerzas políticas?

Cuesta responder a esta pregunta en términos positivos debido al hecho de que nuestra democracia padece, desde hace ya varios años, una lenta erosión de sus fundamentos de legitimidad. No se trata, por cierto, de una conmoción detectable en un momento crucial ni tampoco de un súbito golpe militar como aquellos que, mediante la irrupción de la violencia organizada, trastocaron la legalidad establecida durante gran parte del último siglo.

Se trata, más bien, de una cadena de hechos que, si primero afectaron al nervio republicano del ejercicio institucional de la democracia, ahora se vuelven también en contra del principio electoral de la representación ciudadana en los tres niveles de nuestro ordenamiento federal: el nacional, el provincial y el municipal. Estas maniobras, orientadas a usurpar la soberanía del pueblo, se han ido acumulando en el curso de estos años.

Empero, lo que importa destacar ahora es la estridencia de este fenómeno que se traduce en discursos, en movilizaciones de signo opuesto en calles y plazas, en el cruce de impugnaciones y en la judicialización de las denuncias. Así, a cada rato se reproducen pasiones polémicas, pertrechadas como corresponde con una belicosa carga verbal, frente a una opinión pública que, al cabo, no sabe a quién creerle y oscila entre la protesta y la indiferencia.

Cuando se difunden estas actitudes, el atributo de la legitimidad, sobre el cual descansa la duración y el perfeccionamiento del régimen democrático, comienza a vacilar: dudas persistentes acerca de lo que se hace, sospechas condimentadas por la presencia cotidiana de la corrupción, desconfianza acerca de la probidad de los gobernantes y candidatos, y por último, cerrando el círculo, un descreimiento que corroe las virtudes cívicas ínsitas en los ideales del buen gobierno.

Esta opacidad que nos impide percibir lo que realmente acontece entre bambalinas, o lo que se esconde tras andanadas propagandísticas, está desfigurando la democracia como si su práctica se redujese a levantar muros protectores de la mentira. De este modo, la política viene a ser una aviesa manipulación de lo oculto que arroja en la campaña electoral "carpetazos" y "contracarpetazos" para revelar corrupciones ciertas o falsas.

El resultado de este enjambre denigratorio, que se ha posado sobre un depósito de cuestiones pendientes sin resolver, termina haciendo más profunda la fosa del descreimiento. Una ciudadanía escéptica en el nivel de los gobernados y cínica en el nivel de los gobernantes no constituye una combinación viable para consolidar una democracia que reclama reformas y transparencia.

Luego de haber desperdiciado la oportunidad que nos depararon unos años de extraordinaria abundancia (un ciclo que ya se ha cerrado) deberíamos revertir esta fatiga o astenia vital para afrontar los desafíos de un período diferente, más condicionado y, por tanto, más exigente. De nada valdrán en este trance los discursos que se fabrican con el criterio de alcanzar efectos electorales inmediatos.

Si estas estratagemas verbales y gestuales podrían servir para ganar una elección, tal vez convenga subrayar que los votos pueden evaporarse (miremos, por ejemplo, a Brasil) como agua en el desierto si no los acompaña un drástico cambio en el plano de la ética y en los estilos que abonan el diálogo y la concertación entre dirigentes y partidos.

La práctica de un concepto agonal de la política, basado en la enemistad y la exclusión del contrario, tiene su contrapartida en esta yuxtaposición de agravios recíprocos con los cuales se pretende convencer a la ciudadanía para obtener votos. Añadamos a esto las presunciones de fraude y tendremos un cuadro típico de degradación institucional.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha insistido sobre este punto y en la incomprensible demora para modificar un régimen electoral bastante maltrecho por la voluntad de retener el poder a cualquier precio y con el encono que ello genera. La acordada que ha dado a conocer la CNE señala, en este sentido, un camino que debe profundizarse. Estas reformas o las hace un concurso constructivo de voluntades o no las hace nadie porque, si prevaleciese el temperamento excluyente, típico de estos años, seguiremos empantanados en una suerte de incompetencia colectiva.

En un admirable artículo escrito recientemente por Eduardo Frei y Ricardo Lagos, publicado en el diario El País, en defensa de los derechos conculcados en la persona de Leopoldo López y sus cuatro compañeros por la dictadura fáctica que hoy domina en Venezuela (esto último según definición de Felipe González), los ex presidentes de Chile recuerdan estos valores básicos: "Nunca debemos olvidar que la convivencia democrática es esencial para construir futuro. Ninguna nación se hace grande sofocando al que piensa distinto. Porque cuando se aniquila el diálogo y se excluye la voz de los otros, al final no hay patria para nadie".

Este es un necesario elogio del diálogo, recomendable para una situación de autoritarismo político mucho más grave que la que hoy afrontamos en la Argentina. Pero el hecho de que no hayamos tocado fondo como Venezuela no invalida el análisis de un proceso que, lejos de ser ascendente, muestra evidentes signos de declinación.

¿Cómo es posible que, a 32 años de inaugurada la democracia, estemos discutiendo sobre las bases electorales de la emisión del voto? Estas cosas prueban cómo en el decurso de las democracias se entremezclan el progreso y la decadencia. Por supuesto no hay que desesperar, pero me pregunto si, más allá de una retórica armada en torno de voces grandilocuentes, la dirigencia está dispuesta a producir una sincera transformación en las conductas.

El diálogo constructivo se impone pues para rehacer instituciones. Por ejemplo, debido a la renuncia de Carlos Fayt, a partir del 11 de diciembre, a quien despedimos con el afecto cívico y personal que merece su ejemplar trayectoria, la Corte Suprema debe incorporar dos jueces para completar su elenco. ¿Se cree que semejante operación será posible por la imposición de mayorías obcecadas? Otro dato que prueba que, más allá de la contienda electoral, debemos preparar el terreno para asentar un nuevo estilo y un apego compartido a la calidad ética de la democracia. En todo caso, bienvenido el aire fresco: una Cámara de Apelaciones anuló las elecciones en Tucumán y Fernando Niembro renunció a su candidatura.

© La Nación

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