También quedó
imputado su socio, Atilio Alberto Mezza,
por blanqueo de activos en orden a los
$ 20.000.000.
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| Fernando Niembro quedó imputado por lavado de dinero junto a su socio Atilio Mezza. |
Judiciales - El
titular de la fiscalía criminal y correccional federal N° 7, Ramiro González,
imputó a Fernando Niembro y Atilio Alberto Mezza por lavado de activos de
origen ilícito por una suma que gira en torno a los 20 millones de pesos.
Para
esto, mencionó que en la denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) se puso en conocimiento que a través
de la contratación irregular de La Usina Producciones SRL, “se habría
beneficiado económicamente e ilegalmente a Fernando Niembro y a Atilio Alberto
Meza”, durante el periodo comprendido entre el 2012 y 2015. Y con cita al
escrito del fiscal general Carlos Gonella, agregó: “necesariamente ese gran caudal
de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de
punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto
nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que
adquiera la apariencia de un origen lícito”.
La causa quedó radicada en el juzgado federal N° 7, a cargo
de Sebastián Casanello, bajo los autos “Rodríguez Larreta y otros s/ abuso de
autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
La investigación preliminar que dio origen a la denuncia se
inició el 2 de septiembre luego de la publicación de diversos artículos
periodísticos que daban cuenta del “posible hecho de corrupción con
trascendencia institucional”. Cinco días después, la legisladora de la Ciudad
de Buenos Aires Gabriela Alegre entregó en la Procelac un escrito y
documentación relacionada con el caso.
De esta manera, González detalló que la Procuraduría
consideró la posibilidad del lavado de activos a partir de una serie de
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos por el Banco de la Ciudad
de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo con el
que la Procelac coordina el trabajo e intercambia documentación de manera
habitual. También, habían señalado que tanto Meza como Niembro “incorporaron a
sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama”, marca Mercedes
Benz y Audi.
El representante del MPF también destacó que “las
contrataciones sospechosas involucrarían la prestación de servicios de
publicidad para distintas reparticiones del Poder Ejecutivo Porteño”. En este
sentido, señaló que “La Usina Producciones S.R.L” compraría “espacios de
publicidad en los medios y luego se los vendería a un precio mayor a diversas
dependencias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Finalmente,
“apuntó que para perfeccionar esta operatoria se habrían invocado forzosamente
razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la
contratación directa”.
De acuerdo a la denuncia original, el principal contratante
de dicha empresa fue la Secretaría de Comunicación Social porteña, a cargo de
Pablo Gaytan, desde diciembre de 2011, indicando que la mayoría de los
contratos directos habrían sido otorgados por “servicios de publicidad”, para
“publicidad institucional hospitalaria” y “educación, vivienda o dirección
ejecutiva”, entre otros. Allí también se consignó que “La Usina Producciones
S.R.L.” habría recibido dinero del Ministerio de Desarrollo Social, de la
cartera de Salud y de la Jefatura de Gabinete, todos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Adicionalmente, se señaló que desde 2014 se habrían sumado
como contratantes otros organismos públicos del Gobierno porteño como por
ejemplo: la Agencia de Turismo, el Ministerio de Modernización, el de Ambiente
y Espacio Público; y a pedido de la Dirección General de Limpieza se la habría
contratado para brindar “servicios de encuestas”, “servicios de higiene
urbana”, “contratos de basura” y “servicios de auditoría”.
A continuación, el fiscal federal indicó que la PROCELAC
había señalado cuáles eran las irregularidades más notorias advertidas en la
adjudicación de contratos a favor de “La Usina Producciones SRL”. Entre estas
estaba, justamente, las 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de “La Usina Producciones S.R.L.” por
un monto total de $ 19.473.878,80. En todos los casos se hizo uso de ciertos
mecanismos excepcionales tales como la contratación directa y/o el régimen
establecido por el Decreto 556/2010. “Es decir, transformó la excepción en la
regla”, concluyó González.
Medidas
El representante del MPF solicitó varias medidas de pruebas
para profundizar la investigación, como información a la AFIP y al Banco
Central, así como también a otros organismos públicos nacionales. A la vez,
requirió al ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, ARBA, información
sobre la deuda que “La Usina Producciones” registraría ante esa agencia, y a
los Hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, que informen si los imputados
son titulares registrales de Stud o Boxes.
Informe:
www.fiscales.gob.ar
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