Buenos Aires, Córdoba
y Salta encabezan
la trágica estadística por crímenes contra las mujeres
Por Clori Yelicic
En los últimos siete años se registraron en el país 1.808
asesinatos de mujeres a causa de la violencia de género, así lo indica el
informe presentado por La Casa del Encuentro. De las mujeres asesinadas en
2014, 39 tenían denuncias previas y cuatro poseían órdenes de exclusión del
violento, siendo las provincias de
Buenos Aires (91 casos), Córdoba (21) y Salta (21) las que encabezan la
estadística trágica.
En estos registros no están contemplados los siguientes
casos:
Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de
violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura
muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia
que generó el cuadro traumático.
Mujeres que mueren por abortos inseguros producto de la
clandestinidad que son Femicidios que comete el Estado porque, justamente la
ilegalidad del aborto pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Por no
brindar políticas públicas para prevenir los embarazos no deseados, por la
falta de atención en los hospitales y por silenciar el demorado debate sobre el
aborto legal, seguro y gratuito.
En 2013, según cifras oficiales, 50 mujeres dejaron la vida
por aborto inseguro. Sabemos que hay subregistro pero la cifra, más pequeña o
más grande, nos interpela de la dimensión del drama vergonzante de estas
muertes evitables y de la tremenda injusticia social, ya que las mujeres que
mueren son pobres y jóvenes.
La Ley 26.485 de Protección integral contra la violencia
incorpora a la legislación interna argentina los conceptos de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belem do Pará) y de los tratados de derechos humanos; e implicó un
cambio de paradigma en el abordaje de la violencia por la incorporación del
concepto de protección integral. Exige a los tres Poderes del Estado la
adopción de las medidas necesarias para el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre mujeres y varones; y para “la asistencia
integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia,
asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios
creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes
ejercen violencia”
Pero a siete años de la sanción de la Ley, la respuesta
desde el Estado es prácticamente nula. El Consejo de la Mujer que es el
organismo encargado del diseño de las políticas públicas es inexistente; no
tiene presupuesto y por supuesto ningún Plan de Acción. Cuando las mujeres
acuden a denunciar encuentran numerosos obstáculos para que su demanda
progrese; las medidas de protección llegan tarde o se incumplen y los agresores
quedan impunes la mayoría de las veces. El patrocinio jurídico gratuito es casi
inexistente.
Es irrisorio que hoy muchos funcionarios exhiban el cartel
“#Ni Una Menos”. Lo responsable es que cada uno se comprometa a poner en
práctica YA el contenido del reclamo del 3 de junio, es decir: la
implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción
para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia hacia las
mujeres, tal como lo establece la Ley 26485; la garantía de acceso a la
justicia de las víctimas a través del patrocinio jurídico gratuito, de la
unificación de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación del
personal que recibe las denuncias en comisarías y fiscalías; el Registro
Oficial Único de Víctimas de la violencia contra las mujeres; la profundización
de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; la protección
de las víctimas de violencia a través del monitoreo electrónico de los
victimarios y la efectiva implementación de las restricciones de acercamiento
impuestas judicialmente.
No habrá cambios mientras el Estado nacional y los estados
provinciales decidan que este tema no es prioridad en la política pública,
sabiendo que por estas horas otra mujer no estará, y otra intentará que le
crean y le tomen la denuncia. El respeto irrestricto a los derechos humanos de
las mujeres es el supuesto imprescindible para la construcción de una sociedad
en paz que todas y todos anhelamos.
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