Por Sergio Farella
Lo que resta del año será clave en materia judicial: entre
la cargada agenda de temas que tiene para definir la Justicia tras la feria de
invierno se destaca el futuro del vicepresidente Amado Boudou y si el fiscal
José María Campagnoli retendrá su cargo o bien será destituido por mal
desempeño.
El juez federal Ariel Lijo procesó al Vicepresidente y otras
personas por el caso Ciccone, entre ellas su amigo, el empresario José María
Nuñez Carmona; así como al antiguo dueño de la firma, Nicolás Ciccone; y su
yerno Guillermo Reinwick.
Todos apelaron y en esta segunda mitad del año la Sala I de
la Cámara Federal deberá resolver si confirma la acusación: de hacerlo, Boudou
y el resto quedarán más cerca del juicio oral y público, más allá de que tienen
por delante otras instancias de apelación a las cuales recurrir, incluso hasta
la Corte Suprema de Justicia.
De confirmarse el procesamiento, es indudable que el juez
irá perfilando una eventual elevación a juicio, a pesar de que aún tiene
pendiente profundizar la investigación sobre lo que se conoce como "la
ruta del dinero: esto es el dinero que recibió The Old Fund para levantar la
quiebra de la ex Ciccone Calcográfica y financiar su compra.
Es que, pese al avance en la causa, aún se desconoce quién
desembolsó esos fondos, más allá de que el empresario y exbanquero Raúl Moneta
se autoproclamó como responsable, algo no acreditado aún.
En caso que la Cámara Federal dé marcha atrás con los
procesamientos, Boudou seguirá comprometido en la Justicia: avanza otra causa
por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra así como de su entorno
familiar, aunque por el momento en esta investigación no fue citado a
indagatoria.
También se definirá otro expediente que tiene como imputado
al Vicepresidente luego de ser indagado por el juez federal Claudio Bonadío:
aquella en que se lo acusa de comprar un vehículo marca Honda modelo 1992 que
tendría documentación irregular.
Con el arranque de las actividades en los tribunales,
también se definirá en esta etapa del año si el jefe de Gobierno porteño,
Mauricio Macri, finalmente va a juicio por la causa de las escuchas telefónicas
ilegales, luego de que tanto el juez Sebastián Casanello como la Cámara Federal
coincidieran en que no había pruebas suficientes para que afrontara tal
proceso.
Macri sigue procesado y Casanello impulsó nuevas medidas, a
partir de las cuales determinará si el líder de PRO fue parte de la maniobra
por la cual se realizaron escuchas ilegales, que involucra además a varios
exfuncionarios de su gestión.
También serán meses de definiciones para el fiscal
Campagnoli: el funcionario había sido suspendido y llevado a juicio político
por presunto "mal desempeño", pero luego de idas y vueltas fue
repuesto en su cargo por el Jury de Enjuiciamiento.
Lo cierto es que aún se desconoce cómo seguirá el proceso y
el próximo martes el tribunal de enjuiciamiento se reunirá para determinar los
pasos a seguir, que podrían incluir la realización de un nuevo proceso en
contra del fiscal, a quien se acusa por investigar al empresario Lázaro Báez
por lavado de dinero cuando no tenía competencia para hacerlo.
También habrá novedades para el juez Norberto Oyarbide, pues
a principio de año fue protagonista de un escándalo: un empresario denunció que
policías que actuaban en su nombre le habían pedido un soborno millonario a
cambio de frenar un allanamiento en su financiera.
El empresario Guillermo Greppi plasmó la denuncia, que está
en poder del juez Luis Rodríguez: al poco tiempo de iniciada fue el propio
Oyarbide quien aseguró que había frenado el allanamiento en la financiera tras
recibir un llamado del subsecretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos
Liuzzi.
Fueron sus dichos los que motivaron la apertura de otra
causa contra el juez y Liuzzi, a la par de que a éste último se lo investiga
también por presunto enriquecimiento ilícito.
En el ámbito del Consejo de la Magistratura, que mostró muy
poca actividad durante el primer semestre, también se aguardan definiciones
claves que impactarán sobre tres jueces federales.
Uno de ellos es Oyarbide, a raíz del llamado de Liuzzi; el
otro es Daniel Rafecas, denunciado por mal desempeño en la causa por supuestos
sobornos en el Senado (en cuyo juicio fue sobreseído el expresidente Fernando
De la Rúa) y también por su intervención en el caso Ciccone; y también Claudio
Bonadio, por supuestas demoras injustificadas en dos causas.
Otra investigación que podría arrojar novedades es aquella
en que Casanello investiga al empresario Lázaro Báez y su entorno, y por la
cual ya procesó al mediático Leonardo Fariña (preso en otra causa por evasión
millonaria) y al financista Federico Elaskar.
En cuanto a juicios, no se prevé que concluyan pero sí se
avance en aquel que se sigue contra 28 acusados por la tragedia ferroviaria de
Once; y en el que se juzga a exfuncionarios y personal policial por la
represión brutal de diciembre de 2001.
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