[O la Democracia sin control]
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| Por Martín Risso Patrón |
«... existe una suerte de precariedad administrativa...»
[Declaración pública
de la Concejala isista Frida Fonseca, al referirse a la falta de control de
gatos de la Presidencia del CD capitalino]
Los dineros del Pueblo son del Pueblo
El Concejo Deliberante dela ciudad de Salta se inhibe de actuar ante la
falta de rendición de cuentas del edil Tomás Salvador Rodríguez durante
su pasada gestión como presidente del Cuerpo de representantes del Pueblo.
Oposición y oficialismo, en una actuación verdaderamente corporativa para
defender privilegios, rechazó un pedido de juicio político al mencionado
concejal oficialista, debido a la inexistencia de normas reglamentarias que
exijan el control de sus facultades de administración del dinero del Pueblo.
Además argumentan que un viandante vecino de la ciudad no está
habilitado para presentar su pedido de enjuiciar o lo que sea a uno de la
corpo. Eso sí está en la norma y se cumple: No al control popular.
El caso es que al parecer Rodríguez gastó una millonada sin decir ni mu
a sus pares sabiendo que decía que gastaba en algo, pero que eso no era tan
así, y por supuesto que tampoco dijo nada a su legítimo mandante que es el
Pueblo. Ahora resulta que, como no hay normas de control, todo vale. E
la nave va.
Pero la cosa había sido peor, mire vea
Según la concejala oficialista del isismo más isista, la abogada Amanda
Frida Fonseca Lardiés, en declaraciones públicas del miércoles 2 de julio
en el programa televisivo "Mónica y la Gente", afirmó que existe una
situación de "precariedad administrativa" que omite el control
de gastos, lo que, según su arbitrario razonamiento, inhabilitaría al Cuerpo
a determinar sobre la cuestión. No sé si se entiende: Defensa corporativa a
un par señalado de irregularidades, frente a la ignorancia impuesta al
Pueblo sobre lo que se hace con su dinero.
¿Y por qué peor, entonces? Por algunas cosas que comento:
Porque un Cuerpo institucional de la democracia no
puede funcionar sin control. Entonces, enfrentaríamos la tragedia política de
que todas sus resoluciones, en las que se compromete el dinero del Pueblo, debieran
ser nulas, de nulidad absoluta.
Porque, hechos como el que promueve este análisis, se convierten de
inmediato en Notitia criminis, y debieran ser investigados ipso
facto por algún magistrado de la Justicia dada su mera presencia en la
información pública, más ante la inexistencia de normas de control,
ya de por sí un hecho grave que lesiona a la misma Democracia republicana.
Porque los mismos Ediles no debieran ampararse en una laguna legal para
omitir sus propios deberes de control. En este caso, debiérase haber votado y
aprobado una Ordenanza por unanimidad, exigiendo al Concejal Tomás Rodríguez,
rinda sus cuentas, reservando las vías Administrativa y Judicial en
sus fueros Penal, Civil y Federal.
Por si hubiera, como dicen que hay, una demanda para investigar a
Rodríguez y sus manejos, aparentemente ésta ha caído en una Fiscalía, cuanto
menos sospechada de encubridora de cuanta irregularidad exista en el Poder
Ejecutivo provincial, lo que complica más a este oscuro entramado.
No es argumento ni político ni legal afirmar que no hay que juzgar
institucionalmente a un ex-presidente del CD porque no exista una norma al
respecto por el solo hecho [de por sí absolutamente ilegal] que prime "precariedad
administrativa"; al haber descontrol, de hecho, reitero, se potencia el
poder ciudadano de control, como el de la denuncia de un vecino para investigar
a Rodríguez. Si el presente caso toma consistencia institucional, quedará nula
cualquier resolución del Cuerpo legislativo municipal en el que se maneje la
plata del Pueblo, desde el horno se lo digo, Doña.
Señores Fiscales de la República: La mesa está servida.
Digital: www.agensur.info
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