Por Sergio Farella
El 2013 será recordado en los Tribunales como el año en que
se puso fin al derrotero de la Ley de Medios, finalmente declarada
constitucional por la Corte Suprema de Justicia; y, como contrapartida, por la
decisión del máximo tribunal de echar por tierra otra herramienta política del
kirchnerismo, como lo fue la tan pregonada "democratización" de la
Justicia.
Todos los años, por uno u otro motivo, es de disputa entre los
poderes del Estado y 2013 no fue una excepción, teniendo en cuenta los varios
cruces entre la Corte Suprema y el Ejecutivo Nacional.
Sin dudas, la definición sobre la Ley de Medios fue el caso
judicial del año, no por los efectos que provocó, pues en la práctica aún resta
su aplicación plena, sino por todo lo que pasó en medio: fueron cuatro años
donde la norma se mantuvo suspendida en sus principales artículos a raíz de una
medida cautelar pedida por el Grupo Clarín.
Pero también fue el año en que el kirchnerismo intentó sin
éxito reformas importantes en la Justicia, como lo fue la elección popular de
los integrantes del Consejo de la Magistratura, así como la ampliación de la
cantidad de integrantes de dicho organismo, encargado de la promoción y restitución
de los jueces.
Se trató de un paquete de leyes aprobadas en el Congreso
Nacional que provocó que, en forma masiva, abogados y entidades recurrieran a
la Justicia para pedir su suspensión: finalmente fue la Corte la que selló la
suerte en contrario para los intereses del Ejecutivo.
El intento democratizador nació de la mano la agrupación
"Justicia legítima", que se manifiesta en sintonía con los intereses
del kirchnerismo, y motivó divisiones marcadas en los Tribunales entre quienes
pertenecen o apoyan a esta corriente -y fueron identificados como
"oficialistas"- y aquellos que se mantienen en la vereda opuesta
emparentados con la "oposición", aunque también hubo pocos
funcionarios que se mantuvieron al margen como pudieron.
También fue un año de investigaciones por presuntos hechos
de corrupción, como la causa por presunto lavado de dinero que tiene en la mira
al empresario Lázaro Báez o bien el impulso que tomó -sobre todo a fines de
este 2013- el caso Ciccone, que involucra la vicepresidente Amado Boudou: ambos
expedientes sin dudas conllevarán efectos de índole política y el tiempo dirá
la cuantía.
Pero si de consecuencias se trata, este año será recordado
también como aquel en que el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno
(uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición) fue procesado y
quedó a un paso del juicio, acusado de abusar de su autoridad para imponer una
multa a una consultora privada que midió la inflación en paralelo al Indec.
Este año también, a la par que se condenó al expresidente
Carlos Menem a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y
Ecuador durante su Gobierno, se absolvió al otro exmandatario, Fernando De la
Rúa, por los supuestos sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma
laboral.
Lo penoso de ambos casos es que cristalizan la demora que
llevan las investigaciones por corrupción: sólo en casos excepcionales se actúa
con rapidez, como en 2013 fue que llegue a juicio oral y público la causa por
la tragedia ferroviaria de Once.
La feria judicial comienza en días y la calma se apiada de
los Tribunales por un mes, luego todo retoma su curso y sólo hay que esperar
para ver cómo termina.
© NA
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