miércoles, 28 de agosto de 2013

Piden a funcionarios públicos mayor responsabilidad para erradicar la trata de personas

Tania Kiriaco, una de las firmantes
del documento contra la trata.
SaltaEn un comunicado del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, se pidió que quienes “tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social” que significan la trata de personas y la prostitución. Además, se reclamó para que se redoblen “los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para “la prevención y erradicación” de estos flagelos.

Desde el Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, se pidió “a quienes tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social” como la que tiene relación con la prostitución y la trata de personas, “y no ser parte de estas organizaciones delictivas ya sea como explotador o cliente”.

En un comunicado que lleva las firmas de Gabriela Gaspar y Tania Nieves Kiriaco, coordinadoras de ese instituto, se destacó que “la trata de personas, es un flagelo que tiene como base ideológica, política y cultural al sistema patriarcal imperante y neoliberal, que priva a los sujetos de los derechos humanos elementales, como son la vida y la libertad”.

Además, se exigió que se redoblen “los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para detectar, concientizar  y sensibilizar a fin de su  prevención y erradicación”.

El comunicado del Instituto de Género del Colegio de Abogados, expresa textualmente:

La trata de personas, es un flagelo que tiene como base ideológica, política y cultural al sistema patriarcal imperante y neoliberal, que priva a los sujetos de los derechos humanos elementales, como son la vida y la libertad, consagrados, tanto en el ordenamiento jurídico interno como internacional.

Estas prácticas aberrantes y repudiables para quienes las ejercen, cosificando los cuerpos de las personas víctimas de estas redes de comercialización y explotación laboral, sexual y de extracción de órganos, tienen que ser erradicadas y sancionadas.

Constituyendo la eliminación de toda forma de explotación Política de Estado, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, APELAMOS a quienes tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social, y no ser parte de estas organizaciones delictivas ya sea como explotador o cliente (prostituyente).

Se deben redoblar los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para detectar, concientizar  y sensibilizar a fin de su  prevención y erradicación, para que los responsables de este  tipo de conductas delictivas  sean sancionados.

Recordemos que toda forma de explotación y esclavitud ya fue abolida desde el siglo XIX, en nuestro país, por lo que debemos trabajar para que sea también desterrada de nuestras prácticas sociales y de nuestra cultura.

Informe: Agensur.info

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