miércoles, 28 de agosto de 2013

Piden a funcionarios públicos mayor responsabilidad para erradicar la trata de personas

Tania Kiriaco, una de las firmantes
del documento contra la trata.
Salta – En un comunicado del Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, se pidió que quienes “tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social” que significan la trata de personas y la prostitución. Además, se reclamó para que se redoblen “los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para “la prevención y erradicación” de estos flagelos.

Desde el Instituto de Género del Colegio de Abogados de Salta, se pidió “a quienes tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social” como la que tiene relación con la prostitución y la trata de personas, “y no ser parte de estas organizaciones delictivas ya sea como explotador o cliente”.

En un comunicado que lleva las firmas de Gabriela Gaspar y Tania Nieves Kiriaco, coordinadoras de ese instituto, se destacó que “la trata de personas, es un flagelo que tiene como base ideológica, política y cultural al sistema patriarcal imperante y neoliberal, que priva a los sujetos de los derechos humanos elementales, como son la vida y la libertad”.

Además, se exigió que se redoblen “los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para detectar, concientizar  y sensibilizar a fin de su  prevención y erradicación”.

El comunicado del Instituto de Género del Colegio de Abogados, expresa textualmente:

La trata de personas, es un flagelo que tiene como base ideológica, política y cultural al sistema patriarcal imperante y neoliberal, que priva a los sujetos de los derechos humanos elementales, como son la vida y la libertad, consagrados, tanto en el ordenamiento jurídico interno como internacional.

Estas prácticas aberrantes y repudiables para quienes las ejercen, cosificando los cuerpos de las personas víctimas de estas redes de comercialización y explotación laboral, sexual y de extracción de órganos, tienen que ser erradicadas y sancionadas.

Constituyendo la eliminación de toda forma de explotación Política de Estado, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, APELAMOS a quienes tienen mayor grado de responsabilidad institucional -como ser los funcionarios públicos- a que sean los promotores para resolver esta grave problemática social, y no ser parte de estas organizaciones delictivas ya sea como explotador o cliente (prostituyente).

Se deben redoblar los esfuerzos, brindando a la comunidad herramientas eficaces que sirvan para detectar, concientizar  y sensibilizar a fin de su  prevención y erradicación, para que los responsables de este  tipo de conductas delictivas  sean sancionados.

Recordemos que toda forma de explotación y esclavitud ya fue abolida desde el siglo XIX, en nuestro país, por lo que debemos trabajar para que sea también desterrada de nuestras prácticas sociales y de nuestra cultura.

Informe: Agensur.info

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