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| El fiscal pidió juicio público a Ricardo Jaime (izq.) y Juan P.Schiavi. |
El fiscal federal Federico Delgado presentó este miércoles
el pedido de juicio oral y público para los exsecretarios de Transporte Ricardo
Jaime y Juan Pablo Schiavi, a quienes -como al resto de los exfuncionarios
procesados- los acusó de ser "cómplices" de la tragedia ferroviaria
de Once, que dejó 51 muertos.
"Es evidente la
complicidad de los funcionarios. Es que el Estado para inyectar fondos
(subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los
funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a
llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así
permitir los desembolsos, ¿el tren?, el tren siguió siempre abrazado a los
vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección",
expresó el fiscal en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.
La presentación del fiscal también es contra los ex
titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y
Antonio Sícaro; y Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte ferroviario.
A todos los acusó por los delitos de estrago culposo y
administración fraudulenta, este último en virtud del mal manejo que tuvieron
los subsidios que recibió TBA por parte del Estado Nacional, los cuales- según
detalló- entre 2003 a 2010 fueron de 1.924.625.755,67 pesos.
Para el fiscal, los funcionarios fueron cómplices
"necesarios" de la "administración fraudulenta de los fondos
públicos y esa misma inactividad formó parte de los actos concatenados que
culminaron con el estrago agravado del 22 de febrero" de 2012.
El pedido de juicio oral también incluye a los hermanos
Claudio Sergio y Mario Cirigliano, quienes estaban al frente de TBA, como a
todo el Directorio de la empresa. Delgado expuso algunos accidentes previos al
de Once y por ello graficó: "los trenes perdían sus prendas y nadie los
arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿Por qué? Por la
connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su
contenido que miraban para otra parte".
"Por ello la
tragedia permaneció en estado de latencia hasta el 22 de febrero, podría haber
ocurrido antes o después", agregó. En su escrito, Delgado explicó respecto
a los dueños de TBA
que "al
apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio,
dejaron a un lado el contrato. Al dejar de lado el contrato se olvidaron del
servicio. Al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron la
situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello
ocurrió el 22 de febrero de 2012".
"Recordemos que TBA era el concesionario del tren y que
la CNRT debía controlarlo, pero había alguien por encima de ellos: la
Secretaría de Transporte que debía aplicar e interpretar el contrato de
concesión", concluyó.
Por último, al pedir juicio oral también para el motorman
Antonio Córdoba sostuvo que éste además de reconocer que el tren frenaba mal, a
la par confesó que "no lo paró".
"Esto quiere decir que admitió la materialidad del
hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía
como conductor", agregó, al tiempo que recordó que una pericia determinó
que manejó la formación a una velocidad excesiva.
"Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la
instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la
aspiración del preámbulo de la Constitución Nacional resumido en la formula
´afianzar la justicia´", concluyó.
Ahora, resta que esta semana las cuatro querellas también
formulen sus respectivos requerimientos, y luego el juez Claudio Bonadío
correrá vista a las defensas, para después evaluar si remite la causa a un
Tribunal Oral o bien resuelve previamente realizar alguna otra medida.
El martes se cumplieron 11 meses del hecho que provocó la
muerte de 51 personas, a la par que una de las querellas reclamó la indagatoria
del ministro de Planificación, Julio De Vido, por el episodio.
Informe: NA
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