sábado, 2 de junio de 2012

Petróleo verde


Por Roberto García
Se ha vuelto un lugar común: cada vez que el Gobierno ejercita una decisión, al mismo tiempo descalifica o agravia a quien no comparte ese criterio. Sea por principios presuntos o razones de dinero, relatores oficiales –al estilo Fernández, Randazzo o Abal Medina– intimidan con declaraciones poco elaboradas como la “falta de cultura” del pueblo argentino con relación al dólar. Y se proponen extirpar con la guardia física de los policías e internet ese atávico hábito de “pensar en el dólar”.

Como si a los ciudadanos no les sobrara cultura e información –por inflaciones nefastas y únicas en el mundo, más devaluaciones gigantescas– para relacionarse con la moneda extranjera, aun siendo ésta una inversión lesiva durante varios años en un ciclo de décadas. Un precio alto para dormir tranquilo por culpa de gobiernos que malgastaron fondos y oportunidades. Para demostrar el patriotismo que debe imperar en sus habitantes, los funcionarios de turno –cada vez con más desgano, como si les disgustara el rol que les asignaron– aluden como ejemplo a la conducta de los brasileños con el dólar (instrumento poco utilizado en ese país), ese hermano modélico del Mercosur cuando la situación conviene.

Pero, en la mención, olvidan otra nacionalidad cercana, revolucionaria y telúrica, como la ecuatoriana de Correa, que navega exageradamente con un solo medio de pago, salvo los centavos: el dólar. Viven con ese instrumento, no sólo lo piensan. Y nadie podrá imputarle al mandatario andino falta de coraje o de autonomía política, menos un amor frenético por el verde y las barras de los norteamericanos. Tampoco puede considerarse un complot que los BRICs ahorren en dólares, igual que China, por no aludir a otras naciones. Y en esos territorios no se ignora que una inflación implícita anida en los activos externos que imprime hoy EE.UU. Aun así, hombres de Estado, como algún gobernador del pasado argentino, preferían enterrar los recursos de su provincia en el exterior en moneda ajena a la de su país: durante mucho tiempo, se les pudo haber reprochado no haber gozado de las mejores ganancias o de excesiva precaución, pero fueron quienes cantaron victoria cuando estalló la crisis.

Desde que se instalaron las restricciones y controles, casi con el advenimiento de Cristina en su segundo mandato, han proliferado cambios en la dirección de la economía. Incluyendo, en el manual básico, aquella afirmación de que “si por mí fuera no importaría ni un solo clavo”. Una manifestación omnipotente, de pretencioso aislamiento, casi un estadio superior a las reglas estatistas de Guillermo Moreno, negadoras de un mundo de intercambio, de sumas y restas, justamente la matriz que ha hecho crecer sociedades y países. Si uno no compra, difícilmente podrá vender, a menos que disponga de un poder supremo para imponer sus productos o disponer de uno que sea más vital y exclusivo que la penicilina durante la guerra. No es el caso de la Argentina.

Por esa falta de excepcionalidad, interesa –el próximo lunes– la asamblea de YPF para confirmar las nuevas autoridades y sus propósitos de gestión petrolera. Se anticipan tumultos verbales de accionistas, cuestiones jurídicas y pleitos que no se han zanjado con entrevistas previas. Falta resolver un dilema central entre quienes están a favor de la exploración y aquellos otros, como es la historia profesional del ingeniero Galuccio, que han basado su actividad en la producción. O sea, entre los que convierten recursos en reservas y los que agotan pozos al por mayor. Al margen de la desconfianza por los cambios y las nuevas autoridades, hay ciertas incógnitas que flotan en el Mar Negro, más allá de que eventuales inversores se regodean con obtener mejores garantías y precios que sus antecesores españoles:

1) Falta aclarar de qué modo, con un porcentaje parcial de la producción petrolera de todo el país, YPF alcanzará el autoabastecimiento establecido por ley como prioridad. O si, como temen algunas empresas ya instaladas, será necesario estatizar o nacionalizar otras compañías (finalmente, como se recordará, YPF no era la de peor comportamiento en materia de producción) para lograr ese objetivo.

2) La incorporación de “interés público” en la cabeza de la orden presidencial convertida en ley también genera controversias y opiniones distintas. Bajo ese manto protector, el Estado podría disponer de medidas que no sólo podrían afectar intereses empresarios, también sindicales (aunque esa no ha sido una práctica del Gobierno, hasta ahora, con los servicios públicos). Por ejemplo, el levantamiento obligado de paros y huelgas si el “interés público” así lo determinara. Importa este capítulo debido a que la hora de trabajo de los operarios está considerada, según algunos estudios, como idéntica o superior a la de sus colegas de los EE.UU. y que el último año registró percances en la producción que provocaron pérdidas por casi la mitad de lo que se reservaba para dividendos. Aparte de las desaveniencias, el incremento salarial de 2010 rondó el 40% mientras que para este año, las organizaciones gremiales demandan 35%. Otro mundo, claro, en relación con el resto de las actividades laborales.

3) Queda también otra inquietud: si finalmente avanza algún entendimiento para explorar y explotar el shale oil, el requerimiento de importaciones será caudaloso (de bienes de capital a maquinaria para reventar la roca madre) y ese gasto no previsto por Moreno todavía implica el riesgo de pagar y quizá no cobrar, ya que tanto gas como petróleo son promesas en general.


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