En el marco de una multitudinaria movilización, Diputados logró rechazar los vetos
de Milei al financiamiento del Garrahan y de las universidades. (Foto/La Nación)
Nacionales - En medio de una jornada intensa en las calles, con una multitudinaria y variada movilización en las
puertas del Congreso, la Cámara de Diputados logró la insistencia de la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el financiamiento para el Hospital Garrahan.
La norma, que había obtenido los dos tercios la primera vez que se votó el pasado 6 de agosto, fue ratificada este miércoles con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Ahora, tendrá que volver a votarse en el Senado, donde el oficialismo tiene casi nulas chances de frenar un nuevo rechazo a un veto del presidente Javier Milei.
Tanto Garrahan como la Ley de Financiamiento Universitario se debatieron en conjunto durante la tarde de este miércoles, como primeros temas de una sesión que arrancó casi puntual, y en la aportaron al quórum los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal y UCR.
Aunque hubo un intento de votar los vetos rápidamente, finalmente hubo discursos, pero en tiempo acotado. Antes de eso, la habilitación de tratamiento del tema, que también requería dos tercios, obtuvo 173 votos a favor y 69 en contra.
La ley se originó a partir del reclamo salarial de los trabajadores que se inició con fuerza en 2024. Justamente hace un año atrás, en el prestigioso nosocomio de referencia nacional e internacional se realizaba el primer paro desde el comienzo del gobierno libertario. En lo que va del conflicto, los representantes del Garrahan afirman que ya se fueron más de 200 profesionales.
La norma aprobada por amplísima mayoría declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un año, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".
Además, declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como "hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad" y establece que debe garantizarse "su funcionamiento pleno y sostenido".
Financiamiento universitario
Con una masiva marcha en las afueras del Congreso de la Nación, puertas adentro en el recinto de la Cámara de Diputados la oposición se encestó la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario con los dos tercios de los votos para blindarla y rechazó así el veto presidencial en la sesión de este miércoles. Pasa al Senado.
La norma fue aprobada por 174 votos afirmativos, 67 votos negativos y una abstención. A diferencia de lo que ocurrió en agosto pasado cuando le faltó tan solo un voto para los dos tercios. Además de los bloques opositores, hubo acompañamiento de un sector del Pro, Innovación Federal y los ex oficialistas de Coherencia y el MID.
Cabe recordar que es la segunda vez que el Congreso de la Nación trata el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, ya que en el 2024 el presidente Javier Milei también había vetado la norma y, en esa oportunidad, el oficialismo había logrado blindarlo.
¿Qué establece la ley?
La norma sancionada obliga al Gobierno nacional a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas. Según el texto, dicha actualización deberá realizarse conforme a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, correspondiente al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La medida alcanzaría las partidas presupuestarias vinculadas a la asistencia financiera para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, y actividades de extensión, todas enmarcadas en el programa de Desarrollo de la Educación Superior.
Además, se deja fijada una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas durante todo 2025. La medida, que regirá desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre, se aplicará de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
También, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2023 y la sanción de la ley, en un porcentaje no inferior al IPC del mismo lapso.
Este incremento deberá hacerse efectivo al mes siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remunerativo y bonificable. Asimismo, se establece la incorporación total de las sumas no remunerativas al salario básico durante el año en curso.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo deberá recomponer los montos de las becas Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustándolos por la variación del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Además, se establece un incremento progresivo en la cantidad de becas, en función del crecimiento de la matrícula en instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Del mismo, establece que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas de gestión estatal, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 bis de la ley 24.521. Los informes elaborados por la AGN deberán ser remitidos de manera inmediata al Congreso de la Nación, junto con las observaciones que pudieran surgir y el correspondiente plan de seguimiento y control con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario, en un contexto de creciente demanda por eficiencia institucional.
Por último, intima al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios universitarios, tal como lo establece la ley 24.156. En ese marco, se prevé la adecuación de partidas para actualizar, al 1º de enero de 2025, el presupuesto destinado a las universidades públicas. La norma sostiene que esta actualización no deberá impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos ni sobre los aportes del Tesoro nacional, preservando así los recursos provinciales y el equilibrio fiscal.
Informe: Parlamentario.com
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