Santiago Castro Videla, procurador del Tesoro Nacional
Nacionales - En el marco del juicio en Estados Unidos por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro,
el organismo que nuclea a los abogados del Estado, anunció una fuerte reestructuración que incluye el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas.
Es luego de que el Gobierno descubriera filtraciones y dejara trascender sospechas de venta de información de empleados del Estado en la causa por YPF.
"La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva", destacó en un comunicado el organismo que preside Santiago Castro Videla.
Si bien en su comunicado no hizo referencia a las supuestas filtraciones, que trascendieron durante la tarde del miércoles, la PTN es la encargada de gestionar la causa por YPF y otras en estrados internacionales, destacó que realiza un "recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas" que pretende "fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".
La Procuración que detalla que ya redujo su personal en más de un 20% desde la llegada de esta gestión en febrero del 2025 y que pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. "Para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración", señaló.
"Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales", agregó la PTN.
Desde la Procuración sostuvieron que estas medidas "reflejan una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos".
"El procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones sobre YPF. La Procuración maneja temas de muchos millones de dólares", había sostenido por la tarde un importante funcionario de la gestión de Javier Milei.
Filtración de información confidencial
En la Casa Rosada aseguran que tiene pruebas para impulsar una ola de despidos en el sector por venta de información confidencial a los demandantes y no descartan denunciar a los trabajadores apuntados ante la Justicia por daños al Estado.
Santiago Castro Videla, actual Procurador del Tesoro, fue incorporado al gobierno libertario por recomendación del entorno de Santiago Caputo. Aunque dentro del oficialismo dan por hecho que hubo una filtración de información, prefieren no confirmarlo públicamente para evitar escalar la controversia. Tampoco trasciende con claridad qué tipo de archivos o datos sensibles habrían sido comprometidos.
Hasta antes de que estallara el escándalo, la Procuración del Tesoro contaba con una dotación de 242 empleados y administra un presupuesto de $8.662 millones, destinado al funcionamiento de seis direcciones nacionales: Asuntos Judiciales, Dictámenes, Sumarios e Investigaciones Administrativas, Auditoría, Asuntos y Controversias Internacionales, y la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado.
Los subprocuradores son Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija, este último a cargo de la estrategia jurídica en el litigio internacional por la expropiación de YPF. Ambos supervisan también la Dirección de Coordinación Técnica Administrativa, que se divide en cuatro áreas clave: Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, y Gestión Informática.
Además de representar legalmente a la Nación en los tribunales, el organismo tiene bajo su órbita el Registro Único de Integrantes del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (RUICAE) y el Registro de Colaboradores y Consultores Técnicos del mismo cuerpo (RECCOT).
Informe: iProfesional
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